El fiscal pide el interrogatorio y análisis grafológico de uno de los espías de Aguirre
La juez llama a como testigo de Manuel Cobo para cotejar su agenda con las distintas pruebas
El fiscal del caso del supuesto espionaje político a miembros del Partido Popular afines a Mariano Rajoy por parte de subordinados del Gobierno de Esperanza Aguirre (también del PP) ya ha solicitado a la juez que instruye el caso que llame a declarar en calidad de imputado a José Manuel Pinto, el agente identificado por una doble prueba pericial de las notas que figuraban en los partes de espionaje contratada por EL PAÍS y que destapó el caso hace ahora un año. Además, ha pedido la comparecencia como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para que detalle su agenda de abril de 2008.
El ministerio público, tal y como informaba el pasado día 18 este diario, quiere que Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se someta a una nueva pericial grafológica para comprobar si es su letra la que aparece en algunos de los partes de seguimiento.
La juez sólo ha pedido de momento informes de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón. Sin embargo, no fueron ellos quienes escribieron sobre los partes, por lo que dichos análisis han dado negativo.
No sólo la doble pericial encargada por este diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos por EL PAÍS. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no correspondía al agente Pinto.
Cobo, testigo
Además, el fiscal quiere que la juez llame como testigo al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, una de las personas que presuntamente fue espiada por los empleados de Aguirre.
El ministerio público quiere que Cobo presente su agenda de 2008 con la finalidad de cotejar sus actividades con los partes de seguimiento y con los posicionamientos de los móviles de los espías que ha proporcionado Telefónica tras solicitarlo la juez.
Dichos posicionamientos sitúan a los acusados en las cercanías del propio Cobo y del ex consejero de Aguirre Alfredo Prada, otra de las personas que ha denunciado el espionaje.
El fiscal del caso del supuesto espionaje político a miembros del Partido Popular afines a Mariano Rajoy por parte de subordinados del Gobierno de Esperanza Aguirre (también del PP) ya ha solicitado a la juez que instruye el caso que llame a declarar en calidad de imputado a José Manuel Pinto, uno de los agentes identificados por una doble prueba pericial de las notas que figuraban en los partes de espionaje contratada por EL PAÍS y que destapó el caso hace ahora un año. Además, ha pedido la comparecencia como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para que detalle su agenda de abril de 2008.
El ministerio público, tal y como informaba el pasado día 18 este diario, quiere que Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se someta a una nueva pericial grafológica para comprobar si es su letra la que aparece en algunos de los partes de seguimiento.
La juez sólo ha pedido de momento informes de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón. Sin embargo, no fueron ellos quienes escribieron sobre los partes, por lo que dichos análisis han dado negativo.
No sólo la doble pericial encargada por este diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos por EL PAÍS. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no correspondía al agente Pinto.
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