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Fertiberia tendrá que detener los vertidos de fosfoyesos en 2010

La Audiencia Nacional exige a la empresa un aval de 22 millones de euros para garantizar la restauración de las balsas

La Audiencia Nacional ha reducido dos años el plazo para el cese definitivo de fosfoyesos a la ría de Huelva por parte de Fertiberia, fijándolo finalmente en el 31 de diciembre de 2010 y no de 2012 y exige a la empresa un aval de 21,9 millones de euros que garantice la recuperación de la zona.

El auto de la Audiencia con fecha 18 de diciembre acuerda la ejecución de la sentencia de 27 de junio de 2007 de este mismo tribunal que consideraba caducada la concesión a Fertiberia para seguir depositando fosfoyesos en la marisma y la obligaba a cesar, y venía a ratificar la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de noviembre de 2003.

En el auto se indica que en ejecución de la sentencia procede acordar entre otras medidas, el cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010 y no de 2012 tal y como pretendían la empresa y las distintas administraciones, teniendo en cuenta que "el conjunto de intereses en conflicto de forma que se permita una transición ordenada y la protección medioambiental exigible".

Asimismo, se indica la necesidad de tener en cuenta, en relación con el adelanto de la fecha, que la orden de caducidad de la concesión es de 2003 y que la sentencia declarando la conformidad a derecho de ésta es de junio de 2007 por lo que la empresa "ha tenido un espacio de tiempo dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación".

Además, la Audiencia le exige a Fertiberia la prohibición de apertura de nuevas balsas y el inicio "inmediato" de la regeneración ambiental de los terrenos, que deberá de adecuarse a los estudios científicos que se están desarrollando por encargo de la administración y de los que "deberá de ir dando cuenta semestralmente para el conocimiento de las partes".

Por último reclama a la empresa la constitución de un aval que garantice la ejecución de las obras de regeneración ambiental por un importe de 21,9 millones de euros. Contra este auto cabe la interposición de recurso de súplica en un plazo de cinco días desde su notificación. Fue la Abogacía del Estado la que solicitó la ejecución provisional de la sentencia, recurrida en casación por Fertiberia, para lo que se propone un programa de desmantelamiento y recuperación de la zona afectada.