El Tribunal de Derechos Humanos ratifica la ilegalización de Batasuna
La Gran Sala rechaza el recurso de los proetarras y declara firme la sentencia
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ratificó ayer la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna por la justicia española en 2003, cerrando así definitivamente la puerta al regreso de la izquierda abertzale a las instituciones mientras siga vinculada a ETA. El colegio de cinco jueces de la Gran Sala del tribunal rechazó el pasado viernes por unanimidad el recurso de Batasuna contra la sentencia del pasado 30 de junio, que avaló la ilegalización acordada por los tribunales Supremo y Constitucional del Estado español. La Gran Sala se limita a rechazar el recurso sin hacer ningún otro de apreciación. El Tribunal de Estrasburgo comunicó ayer a las partes su decisión, contra la que no cabe ningún tipo de recurso.
La sentencia ya es firme al no caber ningún otro tipo de recurso
Estrasburgo estimó "instrumentos" de ETA a los partidos disueltos
La decisión fue celebrada por el Ministerio del Interior, que reiteró que el proceso de ilegalización de Batasuna se realizó estrictamente en el marco de un Estado de derecho avanzado y respetando escrupulosamente los derechos fundamentales.
Los socialistas vascos, a través de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, consideraron que el fallo "echa por tierra la estrategia de algunos dirigentes del PNV que insisten en la falta de legitimidad del Gobierno vasco amparándose en que la ley de Partidos es una ley antidemocrática". La Cámara de Vitoria aborda hoy este debate. Y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, destacó que los argumentos utilizados por el tribunal en su sentencia de junio "deberían estudiarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades" de la comunidad autónoma. Las formaciones nacionalistas recibieron con críticas en distinto grado una decisión que EA tildó de "mala noticia para la democracia".
De esta forma, la sentencia de junio del tribunal ya es firme con fecha del pasado 6 de junio. Ese fallo avaló la ley de Partidos y aseguró que las formaciones ilegalizadas, Batasuna, HB y EH incurrieron en comportamientos que concluyeron "en un compromiso con el terror" y contra la coexistencia en un Estado democrático.
La sentencia estableció que la ilegalización de Batasuna correspondía a una "necesidad social imperiosa" y "proporcional al fin buscado". Es decir, su disolución como partido puede ser considerada como una necesidad en una sociedad democrática, sobre todo, para el mantenimiento de la seguridad pública.
A pesar de las críticas nacionalistas a la ley de Partidos, ésta, según Estrasburgo, no está destinada "a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional, sino a cuestionar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia".
Además, el tribunal concluyó que los partidos disueltos "eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA". Su objetivo era "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".
El PNV se siente "el verdadero objetivo"
El PNV reaccionó ayer a la ratificación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la ilegalización de Batasuna mostrando su "disconformidad con la disolución de partidos políticos", que acarrea "consecuencias socialmente distorsionadoras" y "de gravedad inusitada", como "la privación de derechos de sufragio y la alteración del mapa de representación política". El PNV se considera, además, como "el verdadero objetivo de la ley de Partidos", de la que reprochó que se hace "una aplicación arbitraria y caprichosa", según los intereses del partido socialista. Para justificar esta interpretación recurrió al "despropósito" de que la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, dedicara ayer "más tiempo, más rabia y más resentimiento a criticar al PNV que a valorar" la decisión del Tribunal de Estrasburgo.
Igual que en su valoración de la sentencia que en junio dio por buena la ilegalización de Batasuna, el PNV resaltó que el tribunal "no se pronuncia sobre la ley de Partidos", con la que, afirmó, "siempre estaremos radicalmente en desacuerdo".
Después mostrar su "respeto" el criterio del tribunal, al igual que en junio llamó a la izquierda abertzale a que, "por su propia supervivencia, dé los pasos necesaios" para zafarse de la tutela política de la organización terrorista.
La coincidencia del rechazo de Estrasburgo al recurso de Batasuna con el debate, hoy, en el Parlamento de la moción que busca respaldar la decisión judicial es un valioso añadido para sus promotores. Pero, a tenor de su reacción primera, y de la enmienda que ayer suscribió el PNV con Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, está descartado que el partido de Iñigo Urkullu altere su postura. No sólo estaría corrigiendo todo su discurso en la materia desde 2003, sino privándose para el resto del mandato del argumento recurrente en su desautorización del anclaje democrático del cambio impulsado por el PSE y los populares.
La enmienda declara ilegítima la violencia de ETA y señala que la ley de Partidos "limita y anula derechos fundamentales y libertades básicas como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación política y afecta directa y negativamente a la convivencia". En todo caso, el previsible acuerdo entre los textos de PSE y PP, y posiblemente de UPyD, garantizarían en principio la aprobación de la iniciativa.
El portavoz del grupo del PNV en el debate será su jefe de filas, Joseba Egibar, el defensor más tenaz de la afirmación de que el Parlamento y el Gobierno actuales no representan a lo que los nacionalistas consideran "la mayoría social y política" del país, porque provienen de una "amputación" del cuerpo electoral que el Estado ha buscado para instalar al constitucionalismo en el poder.
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