El Gobierno salva en el último momento la ley de las 'multas express'

La negociación de la Reforma de la Ley de Seguridad Vial fue agónica hasta el último segundo. Incluso retrasó media hora el pleno del Senado en el que ayer se le dio el visto bueno. Después, tras la votación de decenas y decenas de enmiendas, arrancó la ceremonia de la confusión, en la que ni los portavoces acertaban a explicar qué se había aprobado; ni los grupos ni el propio director de Tráfico, Pere Navarro, que dejó la Cámara alta con la cabeza baja y un regusto amargo. "A estas horas ni el Ministerio sabe lo que se ha votado", señalaba el portavoz popular, Luis Peral, tras salir del hemiciclo y mientras reclamaba el apoyo de los asesores jurídicos. Tampoco el portavoz socialista, Francisco Jiménez, se atrevía a aventurar qué había pasado con tal o cual punto.

Todo ello venía precedido de una traumática sesión, el pasado lunes en la Comisión de Interior, en la que la oposición se unió para aprobar enmiendas (que en algunos casos no había apoyado en el Congreso) y que eliminaban lo que Tráfico considera la columna vertebral de la norma -agilizar pagos y acortar plazos-. Muchas de ellas se quedaron en la cuneta, salvando así el Gobierno buena parte del núcleo duro del proyecto.

El texto legal, que la próxima semana volverá al Congreso, para su visto bueno definitivo (aunque no entrará en vigor hasta seis meses después), establece un descuento del 50% por pronto pago, es decir, si se abona la sanción en 20 días naturales tras la notificación de la sanción. Este punto ha sufrido varias modificaciones desde que comenzó la tramitación de la ley. En un primer momento sólo se contemplaba el 40% de descuento y el plazo estipulado para el pronto pago era de 15 días naturales; posteriormente se subió al 50%; y ayer se mantuvo el porcentaje de descuento en la mitad del monto de la sanción y se aumentó el plazo para poder pagar o presentar alegaciones a 20 días naturales. El proyecto que sale ahora del Senado establece que el presunto infractor deberá recibir en dos ocasiones la notificación, y no una como establecía hasta ayer el texto.

Otra cuestión hizo que ayer el Gobierno respirara aliviado. La intención del PP de "compatibilizar la seguridad vial y la seguridad jurídica" y así permitir a los infractores beneficiarse de ese pronto pago pero también pudiesen alegar se quedó en la cuneta. El pago express implicará que el expediente se da por concluido y que se renuncia a presentar alegaciones. Aunque en este punto habrá que ver qué ocurre tras la aprobación de la norma, ya que puede suceder lo mismo que hace sólo unos meses cuando el Tribunal Supremo le recordó a Tráfico que los conductores tenían derecho a aprovechar el descuento sin perder por ello el derecho a presentar alegaciones y a recurrir el descuento de puntos.

La DGT está totalmente en contra de esta opción, ya que entiende el procedimiento abreviado o pronto pago como un acuerdo entre el infractor y la Administración, algo así como: yo te hago un descuento, pero tú a cambio me ahorras la tramitación.

La identificación del conductor

Uno de los asuntos que más ha preocupado en las frenéticas negociaciones que se han vivido en los últimos días en el Senado ha sido la aprobación, el pasado lunes, de una enmienda que dejaba en jaque a los radares. El titular del vehículo sólo estaba obligado, con la redacción aprobada entonces a identificar al conductor sólo cuando supiera quién conducía en el momento de cometer la infracción. La enmienda abría la puerta a la amnesia y a miles de conductores sin conocimiento de quién hace uso de su vehículo. Finalmente, fue retirada por el Grupo Popular.

La nueva ley va enfocada fundamentalmente a modificar el sistema sancionador, pero también se ha actualizado la tabla de sanciones que restan puntos. La sanción que más se endurece es la de usar sistemas para intentar interceptar la señal de los radares. Es decir no está permitido nada que vaya más allá de las tradicionales bases de datos de los GPS. Las sanciones que dejan de restar puntos, como por ejemplo el aparcar o estacionar en el carril bus, lo harán desde el mismo día de la aprobación de la norma. También se archivarán los expedientes abiertos desde que comenzó a tramitarse la reforma, en diciembre de 2008, por sanciones que dejan ahora de quitar puntos.

El dinero de las multas, para las víctimas

Otro aspecto importante es que durante la tramitación parlamentaria se ha logrado que aquello que se recauda con las multas vaya destinado a la mejora de la seguridad vial y las víctimas de accidentes de tráfico. Según el portavoz de los populares, Luis Peral, "éste es un mensaje importante porque no es lo mismo que el importe de las multas se destine a las víctimas que a que Carod Rovira abra embajadas por el mundo". Y aun un asunto que no es menor: el texto exige al Gobierno que en el plazo de un año revise las condiciones de la señalización vertical.

Muchos puntos de lo que será la nueva Ley de Seguridad Vial tienen una historia sorprendente. Es el caso del precepto que permite a la grúa retirar los vehículos de las zonas de estacionamiento regulado (las conocidas zonas azules), que fue eliminado por un grupo parlamentario al realizar una enmienda de sustitución en vez de adición. Cuando los socialistas se percatan de que este punto ha desaparecido del texto, intentan incluir una enmienda en la votación de junio en el Congreso, pero no lo logran por falta de apoyos. Los ayuntamientos se ponen de uñas. El PSOE logró ayer su aprobación, pero haciendo una concesión. La grúa podrá actuar en caso de que el automovilista no haya abonado ni un euro o en caso de que (y esta es la novedad) se exceda el triple del tiempo abonado.

Los márgenes de error de los radares

Entre las novedades que contempla el texto que pasará la próxima semana a votarse en el Congreso se encuentra la aclaración de que Tráfico no multará a partir del primer kilómetro de exceso de velocidad, sino que respetará los márgenes de error de los radares, que están entre el 3% y el 10%.

Para intentar que los infractores morosos sigan quedando impunes, la nueva norma establece que cuando un automovilista tenga sin pagar cuatro sanciones firmes por infracciones graves o muy graves se impedirá que pueda realizar gestiones en Tráfico con los vehículos de los que es titular.

El lobby cazador también tuvo su papel en el proyecto. El Grupo Popular y CiU unieron sus fuerzas para que no se descolgara del texto una enmienda que exime de responsabilidad a los dueños de cotos de caza en caso de que uno de los animales de estos espacios provoque un accidente.

Para dar cuenta de la aspereza y desconfianza que se ha vivido en las Cámaras en la tramitación de la reforma de la ley, el portavoz del Grupo Socialista, espetaba ayer a sus colegas: "Hombre blanco habla con lengua de serpiente".