Los abogados del 'caso Malaya' fustigan el auto de procesamiento

Un verdadero ejército de abogados trata de echar por tierra desde las 10.00 de esta mañana el auto de procesamiento del caso Malaya, en el que el juez Miguel Ángel Torres encausó en julio de 2007 a 103 personas en la trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga) supuestamente encabezada por el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. La vista de los recursos presentados por la defensa de 63 de los 103 imputados ha arrancado en una sala especial de la Ciudad de la Justicia de Málaga y tiene algo de ensayo general del macrojuicio del caso, para el que todavía no hay una fecha fijada, pero que la Audiencia Provincial de Málaga pretende celebrar a lo largo de 2010.

La Audiencia ha dividido a los 63 imputados recurrentes en cuatro grupos. El primero, cuyos recursos se verán entre hoy lunes y el próximo miércoles, corresponde a las defensas de Roca y de 11 ex concejales marbellíes, entre ellos los ex regidores gilistas Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

La primera intervención, y la más esperada, ha sido la de José Aníbal Álvarez, abogado de Roca, que para no desvelar la línea de defensa para el juicio, casi se ha limitado a repetir los argumentos ya expuestos en la vista de otros recursos anteriores contra el encarcelamiento de su cliente. El letrado comenzó diciendo que Roca "ni diseñó ni ordenó el plan urbanístico de Marbella" y trató de derivar las responsabilidades en el fallecido alcalde Jesús Gil. "En Marbella no se movía nada sin órdenes de Gil". Álvarez también rechazó la participación del ex asesor urbanístico en la moción de censura que en agosto de 2003 desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. "Ni era político ni tenía cargo como funcionario, así que malamente podía dirigir el Ayuntamiento".

En la misma línea de negación, el abogado arguyó que "no existe ni un solo convenio urbanístico o licencia firmado por el señor Roca, ni éste apareció en los plenos o comisiones en los que se aprobaban".

Respecto a su patrimonio, obtenido supuestamente a través de mercadear con el patrimonio de suelo marbellí y tasado inicialmente por la policía en 120 millones de euros, Álvarez afirmó que "esta cifra corresponde al pasivo, no al activo" de su cliente. El entramado societario del que, según el juez instructor, Roca se sirvió para ocultar su riqueza también está libre de sospechas, afirma el letrado: "Todas las sociedades de Roca tiene sustantividad legal, no son fachadas. Presentaban cuentas y tributaban a Hacienda. Si fueran meras pantallas habría que imputar por blanqueo a los bancos que por otra parte, les concedían créditos importantes".

Gran parte del alegato del letrado de Roca ha consistido en denunciar la "indefensión" de su cliente al haber sido detenido y no citado a declarar, y por no saber "desde qué fechas y hasta qué fechas" se investiga el blanqueo de capitales. "Estamos en un limbo jurídico absoluto. Esas fechas son muy importantes a efectos de una posible prescripción", ha asegurado.

Frente a Álvarez, se sienta el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que tomaba notas en su ordenador para su intervención favorable a mantener el procesamiento y que está prevista el próximo 30 de octubre. Como acusaciones particulares están personadas el Ayuntamiento de Marbella y la Agencia Tributaria.

La segunda intervención ha sido la del letrado de Julián Muñoz, Ignacio Prieto. Este abogado ha asegurado que el ex alcalde "no tomaba decisiones urbanísticas y se limitaba a firmar lo que le pasaban". El letrado se ha limitado ha cargar la responsabilidad delictiva a Roca y a su entramado societario.

El resto de los abogados ha hecho más hincapié en quejarse de la falta de motivación y concreción del auto de procesamiento que en entrar en hechos concretos. Pablo Luna, defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, ha sido el más vehemente. Según él, en la instrucción se ha vulnerado el derecho de contradicción de los imputados mediante un secreto sumarial excesivamente largo. También ha sostenido que la causa debería juzgarse en la Audiencia Nacional y no en la Audiencia Provincial de Málaga y ha acusado al juez Torres de "falta de imparcialidad" por haber aceptado, en junio de 2007, la medalla de la Policía Local que le impuso el Ayuntamiento de Marbella.