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El Gobierno cuestiona que Cataluña pueda eludir por ley la tercera hora de castellano

Las dos partes tienen seis meses para ponerse de acuerdo antes de un eventual recurso al Tribunal Constitucional

El Gobierno central se ha dirigido al catalán cuestionando que la Generalitat pueda fijar los programas y los horarios de las enseñanzas no universitarias y crear un cuerpo propio de catedráticos de secundaria como prevé la ley de educación catalana. Los Ejecutivos central y catalán iniciarán conversaciones sobre ambos temas, ha anunciado en el Parlamento catalán el consejero de Educación, Ernest Maragall, que ha remarcado que la ley es "plenamente constitucional y seguirá desplegándose".

En la práctica, esto supone que el Gobierno central cuestiona que la Generalitat pueda eludir por ley, entre otras cuestiones, la tercera hora semanal de castellano en las escuelas como prevé un decreto estatal. A partir de ahora se abre un periodo de seis meses para que Gobierno central y catalán pongan sobre la mesa sus criterios sobre ambos puntos en discusión. No se paraliza la aplicación de la ley catalana de educación ni se producen cambios en el proyecto de ley, ha explicado el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Francesc Colomé. Sólo si finalmente no hubiera acuerdo y el Gobierno central llevara estos preceptos al Constitucional, la norma catalana quedaría paralizada.

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La norma estatal fija que Cataluña, al ser una comunidad con dos lenguas oficiales, decide el 45% de los programas y horarios escolares y el Estado el 55% restante. Una parte de las escuelas catalanas imparte dos horas por semana de castellano, aunque otras dan tres en función de su propio proyecto educativo. Un decreto estatal fijó hace dos años un mínimo de tres horas por semana de castellano, pero la Generalitat ha eludido este precepto al aprobar su primera ley de educación.

CiU, principal partido de la oposición,ha criticadoduramente que el Gobierno catalán no hubiera informado hace dias de las dudas que le plantea al Gobierno a la ley catalana de educacion. "Nos han ocultado esta información y es reprobable", ha reprochado la diputada de este grupo, Irene Rigau.

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