Castells suaviza los recortes del presupuesto tras el acuerdo

Mientras Convergència i Unió se enroca en el no al nuevo sistema de financiación y los socios del tripartito, sobre todo ERC, gesticulan para otorgarse notoriedad en el pacto, el Gobierno catalán tomó ayer la primera decisión derivada del acuerdo. El consejero de Economía, Antoni Castells, anunció que el recorte presupuestario de 900 millones de euros anunciado el mes pasado como consecuencia de la crisis económica no será finalmente tan drástico como se dijo.

Un total de 383 millones de los 900 recortados inicialmente volverán a figurar en los presupuestos. El Gobierno no concretó ayer qué partidas quedarán desbloqueadas, pero Castells aseguró que su prioridad con la nueva financiación es sufragar el déficit y dedicar más recursos a políticas sociales. El recorte anunciado por el Gobierno en junio motivó duras críticas de ONG y también de los constructores, que temían por las subvenciones los primeros y por la obra pública los segundos.

El Gobierno catalán consagró ayer su reunión semanal a debatir el acuerdo. Castells aseguró que el modelo pactado generará en el cuarto año recursos adicionales por valor de "entre 3.650 y 4.000 millones de euros". Convergència i Unió mantiene que el acuerdo es ilegal y su postura fue ayer duramente criticada no sólo por el Gobierno —Castells la calificó de "pataleta"—, sino también por los empresarios.

El presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rosell, lamentó que no se hayan sumado al pacto "todos los partidos". También presionó a Convergència i Unió la Asociación Catalana de la Empresa Familiar, que se felicitó por el acuerdo. ERC pidió a CiU que ayude desde el Congreso a que el Gobierno cumpla el pacto.