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Cataluña facilita el pacto de financiación al aceptar que se dilate su aplicación

Cinco autonomías suben el porcentaje y el resto lucha por ser compensadas

Cataluña se prepara para un acuerdo sobre financiación autonómica. El Gobierno catalán está dispuesto a que la aplicación progresiva del modelo se alargue más allá de los tres años que estipula el Estatuto catalán. "Lo importante es que lleguemos a un buen acuerdo y éste se puede conseguir con una cierta gradualidad", ha admitido hoy el consejero catalán de Economía y Hacienda, el socialista Antoni Castells. "Si el modelo es bueno, no haremos de esto un casus belli añadieron fuentes del Departamento de Economía.

Los socios minoritarios del PSC en el tripartito lo dan prácticamente por hecho. ICV-EUiA está dispuesta a aceptar hasta cinco años si el modelo pactado es satisfactorio. "La situación económica no es la misma que cuando se hizo el Estatut y si el modelo es bueno, seguro que en el futuro, cuando la economía se recupere, nos dará más recursos", ha argumentado un destacado dirigente de la formación ecosocialista.

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Fuentes de Esquerra Republicana consultadas también apuntaron la posibilidad de aceptar una prórroga, pero sólo de un año más, para llegar al pleno rendimiento del nuevo sistema.

Para Cataluña, un buen acuerdo pasa por un buen modelo, antes que una cifra. "El Estatuto nos da un modelo, no una cifra; es del modelo que se desprende una buena cifra", ha insistido Castells, que, por primera vez, ha reconocido que "estamos en condiciones de llegar a un acuerdo, que hace una semanas nos hubiera parecido inalcanzable". El tripartito ha logrado consolidar más de 3.000 millones de euros a partir del tercer año.

Con todo, ha advertido de que los avances "todavía no son suficientes", que "hay aspectos lo suficientemente relevantes que todavía nos separan como para decir que el acuerdo está cerrado" y que si no se avanza en estas cuestiones, que no quiso revelar, "podría no haber acuerdo".

Uno de los escollos es la parte que se llevará de los recursos adicionales que el Gobierno ponga encima de la mesa. Cataluña quiere entre el 20% y el 25% para poder estar, en el primer año de aplicación del nuevo sistema, cuatro o cinco puntos por encima de la media en recursos por habitante (hoy está casi seis puntos por debajo).

Castells también ve con buenos ojos, a parte de la cifra que se desprenda del modelo, la financiación de competencias específicas (Mossos d'Esquadra, prisiones y justicia), "que en el momento de su traspaso se valoraron mal, siempre que este dinero se consolide a los recursos de la Generalitat".

Lo cierto es que el Gobierno central no tiene la menor duda de que Cataluña, en estricta justicia, tiene que subir su porcentaje en relación a la última liquidación. Desde luego Baleares, cuya pésima financiación la ha situado casi en la cola de recursos de las autonomías, con déficits en todos los terrenos, subirá notablemente. Pero también su presidente, el socialista, Francesc Antich salió decepcionado de la reunión que ha mantenido con Salgado porque le insinuó la imposibilidad de que subiese tanto como cree que le corresponde. Madrid, Valencia y Murcia, son las otras regiones que subirán, por el criterio de aumento de población.

Criterio poblacional

En el bloque de las que no han aumentado su población es donde más resquemor existe, sin distinción de color ideológico. Ese criterio poblacional previsiblemente las hará bajar de porcentaje y ninguna lo acepta. Galicia no quiere apearse de su 7,1% que es lo que recibió en el último ejercicio, ni tampoco Castilla y León se conforma con menos del 6,8% que tiene ahora, tal como advierten sus respectivos presidentes, Alberto Núñez Feijoó y Juan Vicente Herrera, ambos del PP. Con éste último, ha hecho frente común el presidente de La Rioja, Pedro Sanz.

Pero la preocupación no es menor en los presidentes socialistas de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara y Vicente Álvarez Areces de Asturias con 2,8% y 2,7% del reparto. Éstos no se conforman con el compromiso del gobierno de que aunque bajen en porcentaje no verán mermados sus recursos porque se complementarán con los fondos adicionales previstos para garantizar la solidaridad y la igualdad entre españoles. Pero ya no sólo es un asunto de cifras, Fernández-Vara se fijará especialmente en el modelo, es decir, en los criterios que se siguen para el reparto.

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