La Fiscalía de Alicante, colapsada por los delitos urbanísticos

El aluvión de denuncias, la mayoría relacionadas con la delincuencia urbanística (tramas político-empresariales gestadas a la sombra del boom del ladrillo) ha acabado por desbordar el destacamento de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, puesto en marcha a finales de 2004. Desde esa fecha, y de manera ascendente, el departamento ha recibido una media de 100 denuncias anuales, lo que materialmente incapacita a su titular, Felipe Briones, para realizar una "supervisión con detenimiento" antes de enviarlas a los juzgados para iniciar la correspondiente investigación.

Esta "ingente" carga de trabajo de Anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, ha llevado al fiscal-jefe, Juan Carlos López Coig, a replantearse esa área. La primera iniciativa pasa por el aumento de fiscales en esta área, "uno como mínimo, aunque lo deseable serían dos dedicados exclusivamente a Anticorrupción", precisan fuentes del ministerio público. López Coig ya ha cursado esa demanda al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Y mientras llega la respuesta de la Fiscalía General del Estado, López Coig ya ha dado algunos pasos para conseguir "aligerar" de trabajo a Briones. Una de las primeras decisiones ha sido designar un fiscal de apoyo en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja (estos dos núcleos urbanos de La Vega Baja centraron la investigación de Anticorrupción en sus dos primeros años de andadura). Otra medida, en este caso para el resto de partidos judiciales de la provincia, es repartir las denuncias propias del destacamento entre los fiscales de la zona, estén o no especializados la materia.

La precariedad de medios del destacamento de Anticorrupción es tan severa, que incluso el despacho carece de rotulación identificativa.

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante se puso en marcha a finales de 2004 con el primitivo objetivo de luchar contra las redes mafiosas instaladas en la provincia, y en especial en la comarca de La Vega Baja. En esa zona anidaban grupos organizados criminales relacionados con el tráfico de drogas y la prostitución que blanqueaban sus ilícitos beneficios mediante el negocio inmobiliario.

Sin embargo, pronto el fondo de las denuncias presentadas ante el destacamento que dirige el fiscal Felipe Briones derivó hacia tramas político-empresariales vinculadas, básicamente, con programas urbanísticos municipales. En la actualidad, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción, el grueso de las denuncias que tramita incluye siempre presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el urbanismo.

La creación de este departamento de anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía, actuó como incentivo ante los ciudadanos y los partidos políticos para sacar a la luz supuestas tramas corruptas, ante la garantía de que sus denuncias iban a ser canalizadas por un fiscal con dedicación exclusiva.

Briones estima que anualmente su departamento recibe un centenar de denuncias. La cifra multiplica por diez las diligencias que tramitan los destacamentos homólogos que operan en el resto de España, donde las diligencias que incoan los correspondientes titulares apenas superan la decena.

El volumen de denuncias, según fuentes de la Fiscalía, frustra, primero, una investigación detallada de los casos antes de ser remitidos a los juzgados y, en segundo término, el seguimiento de la instrucción en primera persona del fiscal Briones.

De las cerca de 500 denuncias que han llegado al departamento desde su creación, Briones sólo está presente a título personal en la instrucción y en calidad de acusador público en 40 causas. Las demás están en manos de los fiscales de los distintos departamentos. Este dato, derivado la falta personal, "desvirtúa" la naturaleza de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del ministerio público.

Solo en dos de los 40 sumarios, la intervención de Briones ha obedecido a una orden expresa de la Fiscalía General del Estado. Se trata de las causas del supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante y de la denuncia por supuestos delitos urbanísticos y contables en el Ayuntamiento de Orihuela.

Al primer sumario, y por lo que respecta a uno de los primeros implicados, el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de echarle el cierre definitivo. El alto tribunal ha rechazado el último recurso, presentado por el PSPV, contra la exculpación del ex regidor alicantino.

Mientras, el segundo sumario, desglosado en 16 causas (la principal contra el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, por el uso de bienes de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales) prosigue una cansina instrucción en las distintas oficinas judiciales del palacio de justicia oriolano. La causa que afecta al ex alcalde ha sido archivada inicialmente por el juez y está pendiente del recurso de apelación ante la Audiencia.

Al caso Orihuela, en La Vega Baja se suma el sumario abierto al actual alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por supuesto tráfico de influencia en la compraventa de una finca, el falso soborno de San Fulgencio y el cohecho y cuatro delitos urbanísticos del ex alcalde socialista de Bigastro.