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Cae una red albanesa que compraba mujeres para prostituirlas

Los Mossos detienen a los dueños de tres clubes de alterne de Tarragona

Una joven rumana de 21 años estuvo casi dos años encerrada en un piso del Raval de Barcelona. La red mafiosa que la trajo (engañada) a España, cuando aún era menor, la obligó a prostituirse. La chica fue liberada y, en un acto de valentía, dio nombres. Los Mossos d'Esquadra se aferraron a esa pista. Tras varios meses de investigación, han detenido ahora a 15 miembros de una violenta banda de origen albanés dedicada a la trata de blancas. Entre los arrestados están los propietarios de tres concurridos prostíbulos de Tarragona.

La policía autonómica ha cosechado indicios sólidos contra todos los miembros de la red de tráfico de mujeres, que están en prisión provisional e incomunicados por orden judicial. Los presuntos proxenetas están acusados de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y los extranjeros, falsificación de documentos, agresiones y lesiones.

Cuando los Mossos registraron los clubes de alterne de Bellvei, Cunit y Segur de Calafell, acreditaron que las mujeres trabajaban bajo un férreo control de la red mafiosa, que no dudaba en ejercer la violencia si era necesario. Las mujeres trabajaban en los clubes, pero también en diversas carreteras de Tarragona.

La banda desarticulada tenía contactos un poco en todas partes. Por ejemplo, en Brasil. Allí es donde compraban (literalmente) las mujeres para obligarlas a prostituirse en Cataluña y Valencia. Más tarde, las revendían a otras bandas que operan en las capitales europeas. También destinaban parte de sus recursos a buscar, por toda Europa, a mujeres que se habían escapado. Si no daban con ellas, amenazaban a las familias en sus países de origen. De ahí que el acto de la joven rumana del Raval sea aún más valioso.

La operación se produce unos días después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran, también por orden judicial, en los dos macroprostíbulos más polémicos de Cataluña: Riviera y Saratoga. Ambos permanecerán cerrados, al menos, los próximos seis meses. Se sospecha que diversos mandos policiales, alguno de ellos en activo, cobraron sobornos a los propietarios de esos locales a cambio de avisarles cada vez que iban a ser objeto de una redada policial.