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El Defensor del Pueblo denuncia a los centros de menores por vulnerar los derechos de los niños

El organismo revela castigos corporales y maltratos psicológicos como prohibirles asistir a la escuela o dejarles sin comer

Los centros de protección de menores con trastornos de la conducta y en situación de dificultad social, una suerte de "internados" para chicos con problemas psíquicos, vulneran los derechos fundamentales de los niños a su cargo. Castigos corporales no justificados, maltratos psicológicos, dejarles sin comer, prohibirles asistir a la escuela, humillarles y ridiculizarles son algunas de las cosas que un extenso informe del Defensor del Pueblo, que ha recibido hoy al Congreso, achaca a estos lugares, dependientes de las administraciones públicas pero gestionados por fundaciones privadas.

Uno de los lugares donde se ejemplifican los problemas hallados por el defensor es el centro de Picón de Jarama, en Madrid. Allí se suicidó a principios del pasado diciembre un chico marroquí de 12 años. Poco después, un adolescente intentó hacer lo mismo, aunque en este caso, sin éxito. El centro acumula más de una docena de denuncias aceptadas a trámite en los juzgados. Principalmente, por excesos a la hora de "retener corporalmente" a sus internos.

Este es uno de los muchos "eufemismos pedagógicos" que denuncia el defensor, cuyo informe asegura que estos centros son mucho más duros "que los de reforma". Las "contenciones físicas" según se denuncia no las realizan en todos los casos personas especializadas ni sólo en situaciones muy excepcionales, sino como método de reprender y llegando a causar lesiones físicas a los niños.

Unos eufemismos, "medidas educativas creativas", que encubren prácticas como atar por las muñecas a dos muchachos o castigar en salas de aislamiento "mucho más tiempo del aconsejado" a los menores. Además, según subraya el informe, con una intención no educativa, sino de castigo. También se alude al uso de fármacos sin que quede clara su utilidad y sin un protocolo establecido.

Una larga lista de "problemas" que el informe achaca, entre otras cosas, a la "insuficiente regulación autonómica en la materia" lo que hace que "las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede ser aún más duro que en los de reforma".