Los secretarios judiciales llaman a un paro protestando las sanciones del 'caso Mari Luz'

Los secretarios judiciales han convocado un paro de tres horas para el próximo día 21 a fin de protestar por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a Juana Gálvez, su compañera del Juzgado de Sevilla por su actuación en el caso Mari Luz y exigir una reforma en la Administración de Justicia, según los portavoces del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).

Rafael Lara, del CNSJ y Margarita Martínez (UPSJ), han leído un texto a los medios de comunicación en la que se han solidarizado con Gálvez al considerar que el ministerio de Justicia ha optado "por hacer sangre en la parte más débil" y "a modo de chivo expiatorio". La secretaria judicial del Juzgado de Sevilla, del que es titular Rafael Tirado, ha sido sancionada por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones. Esto se tradujo en la no ejecución de la sentencia que condenaba a Santiago del Calle por abusos anteriores al presunto asesinato de Mari Luz Cortés.

"[Con el castigo] se intenta ocultar la inoperancia para la solución de las graves carencias de la administración de Justicia tanto organizativas como de personal y de medios materiales", ha señalado el texto leído esta mañana. Los secertarios creen que los errores cometidos en el Juzgado de Sevilla pueden ocurrir "en cualquier momento y en cualquier lugar".

Cese de Bermejo

Ambos colectivos solicitan el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Le consideran responsable de que no se hayan producido las reformas e inversiones necesarias y ahora "pretende encubrir el tema" con la sanción de Gálvez.

Además de la jornada de paro de tres horas, con la que quieren exigir una reforma de las leyes procesales para una adecuada asignación y redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales, van a apoyar a su compañera en las acciones que acuerde plantear frente a la resolución del Ministerio.

Los portavoces han eludido pronunciarse sobre en quién debe recaer la responsabilidad de este asunto, y, en concreto, Martínez ha manifestado que la solución al problema "no se agota con unas determinadas sanciones" al juez y a la secretaria judicial.