Un alto cargo municipal declara que algunos concejales "se interesaban" por expedientes

El director de Obras y Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Sánchez López de Luzuriaga, ha admitido hoy ante el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, que había concejales y gerentes de Juntas de distrito que "se interesaban" por la tramitación de determinados expedientes. Según han señalado fuentes jurídicas, Sánchez López de Luzuriaga, que ha comparecido en calidad de testigo, ha relatado al magistrado que tanto ediles como particulares le llamaban para preguntar por expedientes concretos, lo que él trasladaba a los técnicos.

En el caso Guateque, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de la agilización de concesiones de licencias municipales. Sánchez López de Luzuriaga ha apuntado que existía un retraso importante en su departamento y que por ese motivo daba órdenes de "agilizar todos" los expedientes, dando prioridad, según las mismas fuentes, a los de influencia social, como las licencias de las escuelas infantiles.

Ha explicado el trámite que seguían los expedientes y ha detallado que después de entrar en el departamento se hacía una revisión previa de los mismos para comprobar que la documentación que se adjuntaba estaba completa. El director de Obras y Vías Públicas del Ayuntamiento ha apuntado que a continuación, según las fuentes consultadas, el expediente se pasaba a los técnicos y luego la empresa Tragsatec -a la que contrató el consistorio madrileño para desahogar el atasco- elaboraba un informe sobre el mismo, tras lo que se devolvía a los técnicos para que dieran el visto bueno.

Más comparecencias

Era entonces, según el testigo, cuando el director general decidía sí seguía adelante la tramitación de esa licencia. También han comparecido hoy como testigos el director general de Control de Calidad y Evaluación Ambiental, Manuel Tuero, y la jefa del Servicio de Licencias del Area de Urbanismo, Myriam Peón González. Tuero, según han informado otras fuentes jurídicas, ha asegurado que cuando él llegó a su departamento (en junio de 2007) existía un gran atasco por lo que aumentó la plantilla y estableció determiadas funciones para cada uno, lo que hizo que la productividad mejorase. Por su parte, Peón González ha señalado a los periodistas que el interrogatorio ha versado sobre "cuestiones técnicas internas" del departamento.

El juez también interroga hoy a otras dos personas en calidad de testigos -Sergio Murillo Rodríguez y José Manuel Rivera Hidalgo- y como imputados al empresario Mariano Jordán Pérez y al arquitecto José Antonio Menéndez-Morán Reverte. También estaba previsto que acudiera al Juzgado el técnico del Area de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital Miguel Angel García Jódar, que ya estaba imputado en la causa, para ampliar su declaración, pero finalmente no lo ha hecho.

García Jódar, según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha enviado al juez Torres un informe médico que acredita que está ingresado en un centro hospitalario. Tras tomar declaración a todas estas personas, que han acudido a declarar a petición de la Guardia Civil, excepto Peón González, que lo ha hecho a instancias de la defensa de uno de los imputados, el magistrado tiene previsto terminar la audición de todas las escuchas practicadas por el instituto armado durante la investigación.