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Marlaska imputa a cuatro independentistas gallegos por quemar una foto del Rey

El magistrado les acusa de injurias graves a la Corona por los hechos ocurridos en diciembre durante una manifestación en Vigo

El juez Fernando Grande-Marlaska ha acusado a cuatro jóvenes independentistas gallegos de un delito de injurias graves al Rey por quemar una figura del monarca durante una manifestación celebrada en Vigo el pasado 6 de diciembre. La quema de la foto se produjo al término de la manifestación convocada por el grupo independentista Causa Galiza a favor de la autodeterminación y contra la Constitución española.

La última vez que la Audiencia Nacional dictó una sentencia por unos hechos similares fue el pasado 20 de noviembre cuando condenó a dos jóvenes, acusados de quemar una foto de los Reyes durante una visita del monarca a Girona, a una multa de 2.730 euros cada uno.

El delito de injurias graves al Rey está castigado con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de cárcel. Los cuatro acusados- -Alejandro Bolívar, Santiago Méndez, Christopher Machado y José Carlos Peña han comparecido hoy ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en un interrogatorio en el que Bolívar se ha autoinculpado de los hechos y ha eximido de toda responsabilidad a sus otros tres compañeros. De acuerdo con el auto de procesamiento, fue éste quien, con la cara tapada, quemó una imagen de Don Juan Carlos a tamaño real, mientras que los otros tres transportaron la imagen en un carrito y ocultaron las prendas con las que se había ocultado el rostro el autor de la quema.

El juez considera que las referencias a la sangre del Rey han sobrepasado "el núcleo intangible de la dignidad de la persona", de forma que las expresiones sobre "la preferencia de transmitir el SIDA a los propios hijos", no sólo suponen una manifestación de "menosprecio", sino un deseo de "destrucción" de la persona. Para el magistrado, estas declaraciones han rebasado "el límite de lo tolerable como necesario en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

Por ser el delito que les imputa -penado con un máximo de dos años de cárcel- inferior a los nueve años de prisión, Grande-Malaska tramitará la causa por el procedimiento abreviado y da un plazo al fiscal de diez días para que formule la acusación o pida el archivo de la causa.