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Huete declara que la funeraria fue otorgada a Funespaña porque era lo "menos malo"

"No fue una decisión arbitraria, sino una solución técnicamente aceptable", subraya el ex diputado popular, imputado en el caso

El ex diputado popular Luis María Huete, imputado en el 'caso Funeraria' por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid hace 15 años, ha manifestado hoy que la funeraria municipal se vendió a Funespaña porque era la empresa "menos mala" de las que concurrieron al concurso. "No fue una decisión arbitraria, sino una solución técnicamente aceptable", ha señalado Huete, para añadir que "nadie, nadie, nadie", les "recomendó que optaran por Funespaña.

"Funespaña compró la compañía por cien pesetas de forma simbólica, pero asumía la deuda y realizaba una ampliación de capital", ha alegado Huete, primer teniente alcalde de Madrid en el momento de los hechos. En tribunal de este caso tendrá que decidir si hubo delito en la privatización aprobada el 22 de diciembre de 1992 con la adjudicación del 49% de las acciones de la funeraria municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas (0,60 euros). El fiscal acusa a Huete, a los dos ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno, al presidente de Funespaña y otras cinco personas más por prevaricación, malversación de fondos, alterar precios, tráfico de influencias y falsedad documental, por lo que pide 82 años de prisión para los nueve encausados.

Así, Huete, que a muchas preguntas de las partes ha contestado que no se acuerda "con tanto detalle", ha explicado que hubo cerca de 40 empresas que solicitaron información cuando se abrió el concurso de adjudicación de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, y que al final del proceso sólo quedaron, además de Funespaña, otras dos. "Una empresa pedía que se le garantizase oficialmente que iba a mantener el monopolio en los servicios funerarios, y la otra exigía la reducción de plantilla, así que la opción menos mala era Funespaña. (...) Más que analizar la oferta de Funespaña, rechazamos las otras dos", ha apostillado el ex teniente alcalde. Del mismo modo, Huete ha dicho que tenían que privatizar la Empresa Mixta de Servicios Funerarios porque corrían el riego de que a finales de ese año (1992) "fuera declarada en quiebra o suspendiera pagos".

Reconoce que se le condonó parte de la deuda

Sin dejarlo muy claro, Huete ha reconocido que después de vender la Empresa Mixta a Funespaña el Ayuntamiento les condonó parte de la deuda. El escrito del fiscal señala que los concejales con el Gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano, Bravo, Viñals y Huete "concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, (para lo cual) aceptaron cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse de las arcas del Ayuntamiento". El representante del Ministerio Público pide seis años de prisión para los tres concejales y 10 años de inhabilitación en cargo público, así como 19 años de cárcel y 22 de inhabilitación para José Ignacio Rodrigo, presidente de la empresa Funespaña y abogado. Asimismo, el fiscal pide que se reintegren al Ayuntamiento de Madrid las acciones vendidas.

La Fiscalía dictamina que uno de los acusados, el abogado José Ignacio Rodrigo, tuvo acceso directo a la información de la situación jurídica, económica y de posibilidades comerciales de la funeraria municipal y "sobre todo acerca de la posición favorable de sus responsables políticos a la privatización". Rodrigo, según el texto, se formó el propósito de "obtener personalmente una importantísima ventaja económica" con el apoyo de los concejales acusados. El texto del fiscal añade que el gerente de la Funeraria municipal en ese entonces, Francisco Yánez, "desatendió" los intereses de la empresa para que "se adoptaran soluciones tendentes a mejorar o a simplemente no empeorar de modo innecesario la situación financiera".

"En particular Huete y Viñals (ex concejales acusados) omitieron deliberadamente cualquier tipo de actuación en este sentido", prosigue. Las conclusiones provisionales del Fiscal indican que el procesado Moreno dictó un decreto, "eligiendo de manera caprichosa y parcial" una de las propuestas, y ordenaba dar entrada en dicha empresa a la iniciativa privada en porcentaje máximo del 49% en concurso público. Mientras tanto, el texto explica que el abogado Rodrigo se puso en contacto con otro de los acusados, Valdivia Gerada, representante legal de Funespaña, "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización". El fiscal señala que Funespaña en ese momento era una empresa "carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres de una localidad a otra".

El juez considera provisionalmente que en el entramado de Rodrigo y Valdivia, el primero aportaba los fondos necesarios, de los que carecía Funespaña, para hacerse con el control de la Empresa Mixta y el servicio funerario de Madrid. A cambio, Rodrigo "se aseguraba una importante participación en el capital social que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las operaciones".

Luis María Huete y Simón Viñals salen de la Audiencia Provincial de Madrid.
Luis María Huete y Simón Viñals salen de la Audiencia Provincial de Madrid.LUIS MAGÁN

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