Leves condenas para los culpables de 364 muertes en Asunción

Un tribunal declaró ayer culpables de la tipificación más leve del delito de homicidio a los dueños y a un guardia de un supermercado de Asunción arrasado por un incendio el 1 de agosto de 2004, con el resultado de 364 muertos y cientos de heridos.

Con el voto en discrepancia de uno de sus miembros, el tribunal consideró culpables a Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco de homicidio culposo, castigado con una pena de hasta cinco años de cárcel, en lugar de homicidio doloso, con penas de hasta 25 años de prisión, solicitado por la fiscalía.

La decisión provocó la airada reacción de las víctimas y familiares presentes, quienes arrojaron muebles, extintores y todo tipo de objetos contra los policías que vigilaban el polideportivo de una unidad militar de Asunción donde se celebró el juicio.

La fiscalía había solicitado una condena por homicidio doloso, la máxima de la legislación paraguaya, al argumentar que las puertas del local fueron cerradas cuando comenzó el fuego para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.

La presidenta del tribunal, María Doddy Báez, votó en minoría por una condena contra los tres principales acusados por homicidio doloso en grado de eventualidad, pero los otros dos magistrados tipificaron el delito de homicidio culposo.

Antes de terminar su exposición el juez Miguel Aguirre, quien junto al voto de Elio Ovelar determinó la condena más leve, decenas de víctimas y familiares rompieron el cordón de seguridad y obligaron a los miembros del tribunal a refugiarse en un sector del local.

Otros cuatro socios comerciales del supermercado Ycuá Bolaños también están procesados por el delito de exposición de personas a lugar de trabajo peligroso, pero los incidentes impidieron que el tribunal anunciara el fallo sobre estos acusados.

A los gritos de “asesinos”, las víctimas de la peor tragedia civil de la historia de Paraguay amenazaron con “hacer justicia por manos propias” y acusaron a los miembros del tribunal de haber sido sobornados por los acusados.

“Nos advirtieron siempre de que íbamos a perder por dos a uno”, afirmó+ el médico Roberto Almirón, miembro de una organización de víctimas y familiares, quien perdió a un hijo adolescente en el incendio.

Los acusados fueron retirados del lugar en medio de una fuerte custodia policial, mientras que la presidenta del tribunal anunció que la audiencia proseguirá, probablemente a puerta cerrada, en los próximos días.

Grupos de víctimas y familiares prosiguieron sus protestas en los alrededores del polideportivo del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, donde se celebraron las audiencias del juicio durante poco más de cuatro meses y que sufrió amplios daños en sus instalaciones.