Los vocales afines al PP imponen su mayoría para evitar que el Poder Judicial ampare a Garzón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy no realizar una declaración en apoyo del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante los ataques sufridos por parte del Partido Popular y sus medios afines en los últimos días. La decisión ha sido adoptada por tres votos —los de los vocales conservadores afines al PP— frente a dos.

Ayer un vocal del organismo denunció al juez ante el Servicio de Inspección del organismo por su interrogatorio a los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M. Hoy, dos de éstos han presentado un escrito quejándose ante el CGPJ por la actuación de Garzón. Sin embargo, la Cadena Ser ha tenido acceso a los informes realizados por los dos fiscales que estuvieron presentes durante el interrogatorio, y que afirman que la actuación del juez fue legal y adecuada.

Los fiscales Pedro Rubira y Olga Sánchez han informado de forma oficial al CGPJ de que todo lo que ocurrió esos dos días fue normal y transcurrió dentro de los cauces de la legalidad. Su informa dice que "el trato [a los peritos] fue correcto", la declaración discurrió "por cauces adecuados", de una forma "normal" y "considerada" hacia los policías, y con "respecto a la legislación procesal".

No lo cree así conservador José Luis Requero, elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP, que ayer presentó un escrito en el Servicio de Inspección de este organismo pidiendo que se investigue al juez por este interrogatorio. La denuncia de Requero sirvió para bloquear la moción que los progresistas habían negociado con los conservadores dentro del organismo para respaldar al juez frente a los ataques del Partido Popular y sus medios de comunicación afines. Hoy, la Comisión Permanente del CGPJ ha decidido por mayoría de tres votos frente a dos no sacar adelante esta declaración de apoyo.

En contra han votado el presidente del organismo, Francisco José Hernando; su portavoz, Enrique López; y el también vocal de la mayoría conservadora, Carlos Ríos. El vocal de la minoría progresista Juan Carlos Campo ha interpretado que, con esta decisión, el CGPJ se ha negado a defender la independencia judicial. El Poder Judicial sí ha querido en cualquier caso emitir una declaración en la que pide "prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales".

El origen de este enfrentamiento es el interrogatorio que Garzón hizo a los peritos que elaboraron un borrador de informe policial donde se relacionaba a un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con la organización terrorista ETA, basándose en que en la cocina del primero se encontró un matacucarachas (ácido bórico) similar al hallado en un piso franco de los etarras.

El PP y todo su entorno se lanzó este fin de semana contra Garzón al conocer que había imputado a los tres peritos por falsedad tras un interrogatorio de varias horas en el que los policías admitieron que habían vinculado a ETA con el 11-M tomando como base una sustancia que nunca se había utilizado en España para un atentado terrorista ni para nada que tuviera relación con los explosivos.

Los peritos también admitieron que ese borrador de informe, que nunca llegó a ser oficial, lo volvieron a firmar 14 meses después de redactarlo para hacerlo pasar como oficial cuando su jefe preguntó por informes donde se relacionara a ETA y el 11-M. El PP y sus medios afines mantienen sin evidencia alguna que lo respalde la teoría de que ETA pudo participar en el atentado más grave de la historia de España.