Discurso de Mariano Rajoy en el debate parlamentario de aprobación del Estatut

Sr. Presidente; señoras y señores Diputados,

Hoy, como siempre que esta Cámara se ocupa del desarrollo de la Constitución, de la articulación del Estado, de la mejora del régimen de libertades... Escribimos, sin darnos cuenta, una página muy importante de nuestra historia contemporánea.

Importante por el contenido. Se trata de un estatuto de autonomía, en concreto del Estatuto de Cataluña, cuyos debates tanto el de 1932 como el de 1979 continúan vivos en nuestra memoria y regresamos a ellos con frecuencia.

Importante también por lo que pueda contener de precedente que muchos, sin duda, consultarán para constatar nuestra manera de entender el desarrollo constitucional.

No es presuntuoso suponer que el propio Tribunal Constitucional ha de repasar las actas de esta sesión para conocer cuál era la intención del Legislador a la hora de aprobar este Estatuto.

Todo pues parece sugerir que atravesamos un momento solemne que es preciso abordar con la mayor seriedad y un gran sentido de la responsabilidad.

Esto, al menos, sería lo deseable, Señorías. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Desde 1978, en que esta Cámara aprobó la Constitución Española, hasta hoy se han tramitado aquí un sinfín de iniciativas legislativas. Pues bien, nunca habíamos asistido a un espectáculo tan lamentable como el que se ha producido con ocasión del debate del texto que hoy nos ocupa.

Hace dos años y medio se iniciaron los trabajos para reformar el Estatuto. Nadie explicó entonces a los ciudadanos qué se pretendía, cuál era el objetivo, por qué había que reformar el Estatuto, para qué era preciso hacerlo... No existía demanda social. Tuvo un nacimiento absolutamente gratuito. Un antojo de gobernantes que no entienden cuál es su papel.

A partir de ese momento, los españoles —primero los catalanes, luego el resto— asistimos entre incrédulos y asombrados —y muchos indignados— a un lío interminable en el que nadie lideraba nada, nadie ponía orden, nadie ofrecía un solo mensaje puesto en razón.

Por descontado, si alguno se atrevía a criticar aquel desbarajuste, se le acusaba de anticatalán, una respuesta que estaba perfectamente a la altura de la racionalidad de aquellos debates. Siempre me he preguntado cuál será el coeficiente intelectual de quienes usan tan elaboradísimos y brillantes argumentos.

El Estatuto comenzó siendo una criatura de dos señores, Maragall y Carod Rovira. Lo apadrinó el señor Rodríguez Zapatero y lo concibió el Tripartito. Ya eran tres más el padrino. Como al señor Rodríguez Zapatero le parecían pocos citó al señor Mas en la Moncloa y así fueron cuatro más el padrino.

Los debates en el Parlamento Catalán se redujeron a una constante puja al alza para ver quién llegaba más lejos. Como dijo el señor Duran: El Estatuto aprobado por el Parlamento Catalán es fruto de puro tacticismo. Maragall quiso presentarse más nacionalista que CiU. Y CiU más nacionalista que Esquerra.

El espectáculo de frivolidad, de indolencia y de oportunismo pedestre que nos han mostrado algunos protagonistas será muy difícil que nadie lo supere. El propio Conseller de Gobernación del Tripartito reconocía que Todo el mundo votó el Estatuto en Barcelona sabiendo que iba en broma. Por lo visto se trataba simplemente de alborotar un poco y tirar para adelante. Todo muy honorable y muy edificante.

Una vez que el Estatuto llegó a esta Cámara, volvieron a reunirse los señores Zapatero y Mas. ¿Qué acordaron? Dejar a un lado al Tripartito. El señor Mas se alzó con el santo y la limosna mientras el Tripartito mascullaba por los rincones que lo de Mas era un acuerdo dudoso y precipitado.

Y así hasta hoy que ya no se sabe ni de quién es la criatura, ni qué futuro le aguarda ni a qué intereses sirve. Lo único claro en toda esta triste historia es que el principal responsable ha sido el señor Rodríguez Zapatero.

El mismo que afirmó que aprobaría cualquier reforma que viniera del Parlamento de Cataluña. El mismo que dijo en el Senado que Nación era un concepto discutido y discutible. El mismo que abrió el melón del que otros se apresuraron a sacar tajada. El mismo que ofreció a CiU un modelo de financiación a sabiendas de que no podía concederlo.

El mismo al que no le importó desautorizar al Presidente de la Generalitat que es de su propio partido. El mismo que cambia de aliados cuantas veces le convenga. El mismo que se toma los acuerdos tan en serio como la Nación que prometió defender.

Es evidente que no estamos ante una página gloriosa en la historia de la democracia. Más bien se trata de una de las páginas menos edificantes. Un triste rosario de artimañas, intrigas, nocturnidad y deslealtades.

Señorías, si el espectáculo que se ha ofrecido a los españoles ha sido malo, el resultado no ha podido ser peor.

¿Saben como llama el diccionario a una cosa mal hecha y desordenada? Lo llama embrollo. Eso es lo que han hecho ustedes: un embrollo, una de los peores textos que han salido de esta casa; una ley mal hecha, indigente, defectuosa a los ojos de cualquier profesional del Derecho; un enredo que no resuelve nada con eficacia y crea incontables problemas nuevos. Estamos ante un semillero de conflictos jurídicos porque todo él está impregnado de una enorme incertidumbre.

Han pactado ustedes unas enmiendas que lo mismo autorizan para entender una cosa que su contraria.

A los nacionalistas les permiten presumir de haber clavado una pica en el corazón del Estado. A los señores del PSOE les permiten decir que han dejado el texto limpio como una patena. Por lo visto es un Estatuto con alma samaritana que permite a cada uno leer lo que le guste e interpretarlo según le convenga.

Abundan los artículos que son sencillamente incomprensibles. Defienden el derecho a morir con dignidad pero no aclaran si aprueban la eutanasia.

A la Generalidad se le otorga competencia exclusiva en Cajas de Ahorro de acuerdo con la Constitución pero independientemente de lo que diga la Constitución.

Organizan un galimatías con la intervención en las instituciones del Estado que no se sabe si reclaman participaciones o designaciones o vaya usted a saber qué...

Ni ustedes mismos saben qué es lo que van a aprobar, porque no lo entienden. No se lo reprocho: no hay quien lo entienda.

¿Cómo se puede entender si se han limitado a pegar retazos de cualquier color? Lo que les reprocho es que no les importe. Les reprocho que estén más preocupados por quitárselo de encima cuanto antes que por las consecuencias.

Han hecho las cosas muy mal, con muchas prisas, cerrando acuerdos de cualquier manera... Lo han hecho todo al estilo del señor Rodríguez Zapatero: como sea. Y así ha salido. Cuando las cosas se hacen como sea resultan de cualquier manera.

Pero dejemos esto, porque si algún reproche se puede hacer a este proyecto, Señorías, es el que se refiere a su inconstitucionalidad.

Yo no sé si ha cambiado la definición de las cosas, pero si todavía llamamos inconstitucional a la norma que se opone a los preceptos de la Constitución, el Estatuto que hoy nos ocupa es objetivamente inconstitucional: contradice objetivamente la Constitución. Quiebra la letra y el espíritu de la Constitución.

Comienza por mencionar en el Preámbulo una nación que la Constitución rechaza. Sabido es que el artículo 2 de nuestra ley suprema no reconoce en España más que una nación que incluye a todos los españoles. Tanto si gusta como si no gusta, eso es lo que dice la Constitución.

Según este Estatuto, Cataluña pertenecería a dos naciones, cosa difícil de digerir para cualquiera por muchos circunloquios poéticos, sentimentales o culturales que se quieran intercalar.

No es que yo mire al Estatuto con malos ojos. El señor Mas, por ejemplo, ha visto lo mismo que yo veo. Por eso dice que se acaba de establecer por primera vez en la historia de España que Cataluña es una nación. Es verdad. Eso es lo que dice el Estatuto.

Se alega, sin razón, que el Preámbulo carece de operatividad jurídica. No es verdad. La tiene y mucha. Informa sobre el espíritu de la ley, sobre la intención del legislador, sobre la interpretación de la norma.

Cualquier juez se sentirá autorizado para proclamar que en la intención de los que hoy nos reunimos aquí estaba el dejar constancia de que Cataluña debe ser contemplada a todos los efectos como una nación.

Los jueces no se enredan con la semántica. Si ven la palabra nación en un texto jurídico la interpretan en términos jurídicos. Esto lo saben los nacionalistas muy bien. Por eso insisten.

Los preámbulos de las leyes siempre han sido muy importantes, señorías. Las primeras palabras del preámbulo de la Constitución del 78 son: La Nación española... ¿Por qué? Para dejar bien claro quién está hablando y quién redacta el texto constitucional.

No son adornos retóricos ni introducciones corteses ni lugar para los desahogos líricos. Todo lo que aparece en un preámbulo tiene validez. Si el preámbulo de este Estatuto sigue en pie, tendrá efectos demoledores porque, como muy bien ha señalado el señor Mas, no solo tiene fuerza jurídica; tiene más: fuerza política. Es verdad: Determina el futuro constitucional no solo de Cataluña sino de España entera.

Fíjense, Sres. Diputados, hasta qué punto es esto cierto que ya CIU ha planteado en el Parlamento de Cataluña que los organismos estatales no usen el término "nacional" en Cataluña. Pretende que sólo los de la Generalitat pueda utilizar esta denominación en la Comunidad.

En fin, Señorías, consecuencia de lo anterior y corroboración de ello es que en el Estatuto afirman ustedes que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña.

El sentido de este logro lo ha explicado muy bien el Sr. Más: Estamos ante un acto de soberanía del Parlamento de Cataluña, reconocido por las Cortes. En efecto, estamos reconociendo de facto la existencia de un poder soberano en Cataluña.

La Constitución (articulo 1.2) dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. No señala excepciones, señorías: se refiere a todos los poderes del Estado, incluida la Generalidad de Cataluña.

¿Alguien cree que este artículo admite interpretaciones? ¿Alguien cree que nuestra Constitución podría reconocer que en España existe más de una fuente para la soberanía o que cabe parcelar la soberanía? Yo no lo creo.

No quiero extenderme, señorías, pero las consecuencias de estos planteamientos se esparcen por todos los rincones del Estatuto e inspiran la mayoría de sus disposiciones. En una palabra, están defendiendo ustedes un texto empapado de inconstitucionalidad.

Por ejemplo, el articulado pretende fijar unilateralmente las competencias de la Generalidad, que además blinda y de paso, también las del Estado.

Antes, estas cosas las definía la Constitución, y los desacuerdos eran resueltos por el Tribunal Constitucional. Ahora, es un estatuto de autonomía el que pretende decirnos cuál es la legislación básica del Estado (precisamente aquella legislación que garantiza un tratamiento igual y homogéneo para todos los españoles).

¿Conocen ustedes algún país del mundo en el que las competencias de un Estado las fije una parte del territorio? ¿Se les ha ocurrido pensar qué puede ocurrir si generalizamos esta norma a todas las comunidades autónomas?

¿Y esa bilateralidad? Cualquier intento de establecer una relación de bilateralidad entre la Generalidad de Cataluña y el Estado español, una relación de igual a igual, de tú a tú como dijo el Sr. Más, parte de un mal entendido fundamental.

Pretende ignorar que las autonomías, por ser autonomías, no son equiparables con el Estado. No cabe paridad entre la parte y el todo, entre quien autoriza y quien es autorizado. Si hay paridad, entonces no hay autonomía sino otra cosa que el Estatuto no deja clara.

A mayor abundamiento, es esta una relación bilateral que no es recíproca. Porque ni el Gobierno ni estas Cortes Generales podrán intervenir en las competencias blindadas de la Generalidad, mientras que la Generalidad participará en las decisiones de lo que queda del Estado español.

No quiero extenderme más en este asunto. Pero por la misma razón que se establece un modelo de relación bilateral o se liquidan las competencias del Estado, se crea un Poder Judicial propio, una Política Exterior propia y una Política Europea.

Y además, se impone el deber de conocer una lengua, deber que se rechazó expresamente en los debates constitucionales en esta Cámara. Pero lo más grave es que la lengua no se pone al servicio de las personas como un factor de entendimiento, sino al servicio de una construcción nacional.

En toda la regulación prima esa construcción nacional por encima de la libertad de las personas. Nada nuevo, los supuestos derechos colectivos por encima de los individuales.

Señorías, la Constitución dice (artículo 14) que todos los españoles son iguales ante la Ley. ¿Este Estatuto afirma lo contrario? Sí. Establece una ciudadanía diferenciada con distintos derechos y deberes fundamentales. ¿Va pues en contra de la normativa constitucional? Sí.

Con esta ley, los españoles se dividen en dos grupos que ni tienen los mismos derechos fundamentales ni tienen las mismas obligaciones ni se rigen por las mismas leyes ni está claro que compartan el mismo proyecto de vida en común.

Sorprendentemente, este desvarío discriminatorio está apadrinado por los socialistas. ¡Les cabe el honor de haber sembrado la desigualdad entre los españoles!

El título I del Estatuto, que regula lo que llaman "derechos y deberes", es grotesco. Y ha provocado justa indignación en amplísimos sectores de la sociedad catalana, que no quieren que se les imponga un modelo de sociedad, ni que se intervenga en sus vidas.

En fin, señorías, se nos presenta hoy un texto que es inconstitucional en todos sus renglones. El Sr. Rodríguez Zapatero nos habló de una patena. La verdad es que no se ha preocupado de que el resultado no fuera inconstitucional, sino de que se notara lo menos posible.

Pero no lo ha conseguido. Es inconstitucional y, además, se nota.

Este Estatuto no dice lo mismo que la Constitución: Dice lo contrario. No es que interprete la Constitución en lo que ésta tenga de interpretable, no: es que la contradice. Mal se puede interpretar una ley afirmando lo contrario. Eso no es interpretar, es olvidarse de la Constitución. Es equiparar la Constitución con el Estatuto. Es negar la vigencia de la Constitución allí donde se aplique el Estatuto.

Señorías, no podemos admitir que a la chita callando, con mucho golpe de pecho constitucional y patriótico, con mucho decir que no pasa nada, nos encontremos, a efectos prácticos, con dos Estados.

Como ha escrito recientemente don Antonio Elorza —a quien el señor Rodríguez Zapatero no considerará sospechoso de nada— están ustedes creando un Estado Dual, una Confederación. El señor Elorza es Catedrático de Ciencia Política; debe saber de qué habla.

Eso sí, añado yo, una confederación mal hecha porque se improvisa, se construye con disimulos, de espaldas a los ciudadanos y ocultando la realidad.

Pero la verdad es ésta: estamos en el principio del fin del Estado tal y como los españoles lo diseñaron en 1978. ¿Por qué les da miedo confesar la verdad? Temen a la verdad porque saben que en cuanto los ciudadanos descubran el pastel lo impedirán.

Como dije el 2 de noviembre durante el Debate de Totalidad de este mismo proyecto, todos sabemos que ustedes solamente podían ponerse de acuerdo en un texto que diga sin decir, que haga sin hacer y que no parezca ni claramente constitucional ni claramente inconstitucional.

Un producto elástico, flexible, impreciso, ambiguo, que permita soslayar la Constitución de manera elástica, flexible, imprecisa y ambigua. Algo que permita aplicar o dejar de aplicar la ley según convenga a los propósitos de transformación del Estado, y crear situaciones que, una vez instaladas, resulten incorregibles.

En esto consiste la reforma encubierta de la Constitución que pretenden ustedes realizar. Como no se atreven a plantearlo francamente porque saben que los españoles no lo aceptarán jamás, recurren a estas marrullerías en la confianza de que si se camina despacio y sin alborotar a la opinión pública, no será difícil crear situaciones de hecho que, cuando se descubran, no tengan remedio.

Es la misma técnica que emplea la carcoma, ese minúsculo insecto que parece inofensivo pero echa las casas abajo.

¿Y todo esto para qué, señores del PSOE? ¿Cuál es el beneficio?

Para España todo son perjuicios. ¿No eran ustedes los que defendían un Estado fuerte que protegiera a los débiles, o ya se les ha olvidado?

Este Estatuto debilita al Estado hasta extremos de consunción y le impide velar por los intereses del conjunto; divide a los españoles; exalta la insolidaridad; nos hará más ineficaces dentro de las fronteras y más irrelevantes fuera de ellas... ¿Cuál es el beneficio?

No lo ve nadie. Para colmo, nos dice el señor Rodríguez Zapatero que este galimatías jurídico contribuirá a la estabilidad política y a la unidad de España.

¿Es esto lo que entiende el señor Rodríguez Zapatero por unidad? Que estemos más separados, más distantes, más divididos, más incomunicados, ¿es ésta su unidad?

La verdad es la contraria, señorías. Este Estatuto no resuelve nada. Ni tranquiliza a los nacionalistas que ya están calculando los próximos pasos, ni une a los españoles. No resuelve nada de nada de nada.

Ni siquiera es bueno para los catalanes. Ya lo he explicado muchas veces y no me voy a extender ahora. Los catalanes ni son todos nacionalistas, ni les gustan las legislaciones metomentodo, ni disfrutan cuando se constriñe su libertad, ni van a percibir ningún beneficio directo de este Estatuto, ni siquiera en el terreno económico.

Está claro que es una ley muy buena para fortalecer al nacionalismo y a sus representantes. Lo que no ha demostrado nadie todavía es que vaya a ser buena para quienes tengan que soportar esa administración nacionalista fortalecida.

No puede ser bueno para los ciudadanos porque lo prioritario para sus autores no es ni la libertad de la gente ni su bienestar sino imponerle el rígido ideario nacionalista y el corsé de su construcción nacional. Eso es lo principal, aunque tengan que pagar un precio en bienestar, aunque tengan que renunciar a una parte de su libertad. Lo primero es lo primero. Lo primero es la nación. El individuo es siempre secundario.

No envidio a nadie de los que tengan que soportarlo y como no lo quisiera para mí, tampoco se lo deseo a los demás.

En resumen, señorías. Mi grupo no puede aprobar el proyecto de Estatuto que hoy se debate porque es un mal texto jurídico, divide a los españoles, es inconstitucional, encierra una reforma subrepticia de la Constitución y nos instala en una incertidumbre jurídica y constitucional permanente.

A eso debemos añadir que es injusto, discriminatorio e intervencionista. Que perjudica tanto los intereses generales de los españoles como los particulares de los catalanes y, en fin, que no resuelve nada porque ha nacido para dar satisfacción a los nacionalistas sin lograrlo.

Los insatisfechos de oficio seguirán insatisfechos. El destino principal de este Estatuto es convertirse en antesala de nuevas reivindicaciones nacionalistas, de nuevas osadías.

En nuestro criterio, lo mejor sería retirar este proyecto y comenzar a elaborarlo de nuevo. Este sería un gran servicio a los españoles, un gesto de grandeza que los ciudadanos agradecerían. Les devolverían ustedes algo de ilusión y un mucho de tranquilidad, porque la mayoría de los españoles está en contra de este proyecto.

Lo proclaman a voces los sondeos de opinión. Si alguien lo duda, se convencerá en cuanto acepte la celebración del referéndum que nosotros reclamamos con el aval de más de tres millones de firmas.

A los españoles no les gusta este Estatuto. Tampoco les gusta que lo apoye un presidente del Gobierno de España. Por eso tienen ustedes tanta prisa. Pero la solución no consiste en sacudirse el problema sin considerar las consecuencias, sino en hacer las cosas bien.

Si no quieren retirarlo, tienen ustedes la obligación moral de esperar a que el Tribunal Constitucional entre en el fondo del asunto y aceptar el recurso previo de inconstitucionalidad, tal y como lo hemos planteado en la reforma de la LOTC.

Sería una grave irresponsabilidad no esperar. Estamos ante un asunto suficientemente grave y no pasará nada porque su tramitación se retrase un tiempo. Por el contrario, pueden pasar muchas cosas y ninguna buena, si se elude el dictamen.

Saber qué opina del fondo el Tribunal Constitucional sería también muy útil para los ciudadanos de Cataluña que tendrían así un mejor conocimiento de causa.

Aquí no vale todo, señorías, ni el poder otorga la razón ni los votos no autorizan para hacer lo que a uno se le antoje sin encomendarse a nadie.

Pero el mayor error de este Estatuto es, al mismo tiempo, el mayor error del señor Rodríguez Zapatero. Me refiero a la rotura del consenso.

Señorías, como todo el mundo sabe, el señor Rodríguez Zapatero decidió romper la línea de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular que han caracterizado la Transición Española y el desarrollo de todo el bloque constitucional. En una palabra: Hasta llegar el señor Rodríguez Zapatero al poder, no se modificaba ni una baldosa de la estructura constitucional del Estado sin que mediara un acuerdo, como mínimo, entre los dos partidos que representan juntos a casi todos los españoles.

Pues bien, como es sabido, el Sr. Rodríguez Zapatero, en su afán por arrasar todo lo que se le puso por delante, decidió quebrar esta sólida y constructiva línea de conducta, nunca escrita pero siempre respetada, y excluir al PP.

Fruto de esa actuación es este Estatuto partidista, el primer estatuto del disenso, de la división, del desacuerdo. Un estatuto que se ha fraguado con nocturnidad, disimulos y de espaldas a la voluntad general.

En consecuencia, un estatuto frágil que carece de apoyos suficientes para garantizar su estabilidad porque más de media España no lo aprueba y porque ni siquiera los socialistas querrán reconocerlo como propio en el futuro.

El señor Rodríguez Zapatero no ha entendido: Primero, que el consenso es indispensable. Segundo, que el consenso no consiste en pactar esta o aquella medida. Tercero, que el consenso no consiste tampoco en que la oposición aplauda todas las ocurrencias del Gobierno.

El consenso consiste en acordar los procedimientos que se consideran legítimos sea quien fuere el que gobierna. Lo diré en otras palabras: El consenso consiste en establecer de común acuerdo a qué llamamos juego limpio.

Pondré un ejemplo: El señor Rodríguez Zapatero está legitimado para aprovechar su triunfo electoral, aunque sea minoritario, e imponer su criterio en cualquier materia opinable: el Plan Hidrológico, la Ley de Educación o la Vivienda. Que prefiera dejar a los valencianos sin agua, a los estudiantes sin esperanza y a los jóvenes pateando la calle en zapatillas deportivas, es cosa suya. Ese era su programa y no ha engañado a nadie, salvo a los distraídos.

Otra cosa es el modelo de Estado. Aquí nadie puede actuar por cuenta propia. Hacerlo equivaldría a un golpe de mano ventajista, un abuso, una extralimitación. Nada que ver con el juego limpio.

No es una cuestión de poder ni de mandar. Es que no está bien. Podrá ser legal si existe un defecto en la legislación que exige sólo la mayoría absoluta para aprobar este texto. Pero está mal abusar de ese defecto. No discuto el derecho, discuto la moralidad.

Es inmoral abusar de una ley que se redactó de buena fe porque nadie imaginaba que una persona con intenciones frívolas pudiera estar en el Gobierno. ¿Alguien piensa que si los españoles hubieran sospechado que pudiera ocurrir lo que ha ocurrido con este Estatuto no se hubieran tomado medidas para evitarlo?

No tengo ninguna duda y ustedes, tampoco, porque esto es el abc de la urbanidad democrática. Me sorprende que personas que se proclaman demócratas y a las que considero demócratas se dejen deslumbrar por el señuelo de un botín fácil y olviden lo más elemental de la conducta cívica.

Tan convencido está el señor Rodríguez Zapatero de que no está bien lo que hace, que no se atreve a consultar a los ciudadanos. Quiere deshacerse ingenuamente de este incordio que tanto le perjudica a los ojos de los españoles. No tiene ya más empeño que aprobar el Estatuto como sea y soltar lastre.

Los contenidos le importan muy poco y las consecuencias me temo que aún menos. Pero es una ingenuidad porque este Estatuto está destinado a dar mucha guerra durante mucho tiempo. Cuando uno juega al aprendiz de brujo tiene que saber cargar con las consecuencias.

Yo, señorías, no acepto este juego frívolo, irregular e irresponsable. No es manera de hacer las cosas. No lo acepto y no lo apruebo. Ni el resultado ni el procedimiento.

No se preocupen sus señorías que, cuando me toque, no voy a seguirles por ese camino. No pienso imitarles. Seguiré defendiendo y reclamando el acuerdo para cualquier reforma en el bloque constitucional.

Si no lo hiciera, si aceptara que se puede actuar como ustedes hacen, si reaccionara con los mismos procedimientos, este país se desharía, en muy poco tiempo, como un azucarillo en el agua.

Yo no soy un político profesional señorías. No me da igual una cosa que otra. Yo estoy aquí para defender unos principios que es preciso defender.

Creo en la España constitucional. Creo en una Nación de ciudadanos libres e iguales que ostentan la soberanía nacional. Creo que las leyes están hechas para ser cumplidas. Creo en la necesidad y en la fuerza del consenso. Creo que los gobiernos están para atender las demandas de los ciudadanos y no al revés. Creo en pocas cosas, señorías, pero les aseguro que en esas pocas creo con enorme firmeza.

Por eso, además de por todo lo dicho, ni yo ni mi grupo estamos en condiciones de aprobar el Proyecto de Estatuto para Cataluña en su redacción actual.

Muchas gracias, señor Presidente.