Detenidos dos presuntos miembros de ETA tras sufrir un accidente de tráfico en Francia

Dos presuntos etarras, armados y con documentación falsa, han sido detenidos hoy en el sur de Francia después de que huyeran al verse involucrados en un accidente de tráfico, según fuentes policiales.

Se trata de Urtzi Goinza e Íñigo Ripoll, ambos procesados en España, huidos y presuntamente integrados en el aparato militar de ETA, según ha podido saber ELPAIS.es de fuentes de la investigación.

La fiscalía antiterrorista de París se ha hecho cargo del caso y ha confiado la investigación a la División Nacional Antiterrorista (DNAT) y a la policía judicial de Toulouse, han agregado las fuentes.

Los dos presuntos etarras, que viajaban en coche, colisionaron con un camión en la localidad de Saint-Paul Cap-de-Joux, en la carretera entre Castres y Lavaur. En el lugar del accidente, los dos hombres se apoderaron de un camión, bajo la amenaza de un arma, y se dieron a la fuga, pero luego se salieron de la carretera, nevada como todas las de la región. Finalmente, fueron alcanzados por los gendarmes en un bosque y trasladados al cuartel de la gendarmería de Lavaur.

El arresto fortuito de los dos presuntos etarras se produce tres días después de la detención en Saintes (oeste francés) de otros dos supuestos miembros de la banda, Gracia Morcillo y Asier Quintana. Morcillo y Quintana, de 39 y 37 años, fueron detenidos en el apartamento donde vivían con sus hijos, de seis y dos años, en Saintes, después de que la policía francesa les localizara gracias a una información de los servicios policiales de información (RG).

Fuentes de la lucha antiterrorista española sospechan que se dedicaban a la compra de armas para ETA y que estaban encuadrados en el aparato logístico de la banda. Eran reclamados en España, él como presunto ex miembro del comando Madrid, y ella como supuesta antigua colaboradora del comando Donosti. Ambos estaban huidos desde mediados de los años 90. Quintana y Morcillo fueron procesados anoche en París por asociación de malhechores con fines terroristas (delito punible con hasta 10 años de prisión) y uso de documentos administrativos falsos.