La Eurocámara pide una moratoria en la construcción de nuevas viviendas en Valencia

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy un dictamen, no vinculante, que pide una moratoria urbanística en el litoral valenciano. El texto contempla la suspensión, hasta la aprobación de una nueva ley, de los proyectos urbanísticos que impliquen la reclasificación de suelo rústico o no urbanizable en urbanizable lo que supondría la paralización, según fuentes oficiosas, de 150.000 nuevas viviendas. Las cuatro enmiendas presentadas contra él por el PPE han sido rechazadas.

Pese a que el dictamen no es vinculante supone una clara llamada de atención a la urbanización desenfrenada del litoral español. El llamado Informe Fortou responde a las quejas de cerca de 15.000 ciudadanos de varios países de la UE, en su mayoría propietarios de fincas y chales, que alegan que se han visto obligados a pagar excesivas cuotas de urbanización y, en ocasiones a la expropiación de sus fincas a favor de las empresas urbanizadoras.

El texto ha sido aprobado por 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones. El informe insiste "con urgencia" en la necesidad de aplicar ese parón a las recalificaciones para evitar desviaciones e intentar frenar el impacto de algunas actuaciones urbanísticas, que afectan principalmente a la costa. Los eurodiputados advierten además de que "parece que se está produciendo una cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de una nueva ley, que sin duda parecerá más restrictiva.

En el texto se sugiere la creación de una oficina de reclamaciones -bajo autoridad de responsables locales y del Gobierno valenciano- que asista a las personas afectadas por la aplicación de la laegislación urbanística en vigor. Además, se pide a las autoridades estatales y autonómicas que garanticen que los planes generales de desarrollo y urbanización que puedan tener un impacto ambiental significativo "estén sujetas a una evaluación estratégica de impacto ambiental en cumplimiento con la legislación comunitaria.

Según la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, si España aplica finalmente la moratoria esta afectaría a 96 actuaciones urbanísticas y superficie reclasificada que quedaría en suspenso ascendería a 55 millones de metros cuadrados de suelo de 64 ayuntamientos distintos.