Atutxa se ampara en un informe de la Fiscalía para justificar su negativa a disolver SA

El ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV) y los miembros de la Mesa de la Cámara vasca, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, se han amparado en un informe del ex fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para justificar su negativa a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA), tal y como les había instado el Tribunal Supremo en 2003 por considerarla sucesora de Batasuna.

Este argumento ha sido el principal empleado por los tres acusados en el inicio del juicio contra ellos en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En dicho informe, con fecha de 28 de noviembre de 2002, antes de la ilegalización efectiva de Batasuna, Cardenal reconocía que la disolución del grupo abertzale no implicaba automáticamente la de los grupos parlamentarios y que la suspensión de éstos era competencia exclusiva de la Cámaras legislativas.

Ninguno de los tres acuasados hoy ha querido responder a las preguntas de la asociación Manos Limpias -que ejerce la acusación particular y pide dos años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros para cada uno de ellos-. Atutxa, que ha sido el primero en declarar, ha asegurado que el Parlamento de Vitoria "no tenía ninguna vía para dar cumplimiento" a la orden del Supremo, a pesar de haber realizado "todos los esfuerzos posibles" para materializarla. En todo caso, ha querido puntualizar que el auto suponía, a su juicio, "una invasión de la soberanía del Parlamento" y que el Supremo "había ido demasiado lejos al dar la orden".

Así, ha asegurado que los miembros de la Mesa del Parlamento se encontraron "en un callejón sin salida" porque, si cumplían con la resolución judicial, incumplían "otra Ley", en referencia al Reglamento de la Cámara que, según ha recordado, no contempla la posibilidad de disolver a los grupos parlamentarios. En este contexto, Atutxa ha recordado las tesis defendida por el propio Cardenal, que en su informe reconocía que para suspender a los grupos parlamentarios, sería necesaria "una modificación" del Reglamento. Por ello, ha subrayado que, en la reunión de 5 de junio de 2003 de la Mesa, se promovió la Resolución General del Presidencia -a propuesta del parlamentario del PSE-EE Manuel Huertas- para facilitar la reforma del Reglamento que llevara a la disolución de Sozialista Abertzaleak, "sin prever" que, al día siguiente, la Junta de Portavoces, la iba a rechazar.

De esta forma, ha negado "rotundamente" que, detrás de su actuación, hubiera "ningún artilugio" para negarse a cumplir la resolución judicial y ha añadido que siempre han actuado "con transparencia". Asimismo, ha rechazado que llegaran a "ningún acuerdo ni planteamiento previo" con los miembros de la Junta de Portavoces para que la resolución de Presidencia no prosperara.

Estos mismos argumentos han sido esgrimidos por Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Mientras el ex parlamentario de EA ha recordado que su postura está justificada en el informe de Cardenal, "que no es una persona cualquiera", la representante de EB ha defendido que siempre "hubo voluntad de cumplir" el auto, pese a que la suspensión de SA "no era dañina" para el grupo abertzale y sí para su partido. En este sentido, ha recordado que, con la orden del Supremo, Sozialista Abertzaleak pasaría a formar parte del Grupo Mixto, perdiendo "muy pocas" prerrogativas parlamentarias.

"Pensamiento único"

Los acusados han llegado esta mañana al Palacio de Justicia arropados por destacados miembros de sus respectivos partidos, familiares y decenas de simpatizantes, que les han aplaudido tanto a la entrada como a la salida del juicio tres horas y media más tarde.

El lehendakari Juan José Ibarretxe, ha afirmado que la celebración del llamado caso Atutxa es "la cola del cometa del pensamiento único que lideró el PP" en su época de Gobierno. En el mismo sentido se ha pronunciado la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, que ha declarado que hoy es el día de un juicio que "nunca debía haber existido" y ha afirmado que se está juzgando a "tres representantes de un pueblo que siempre ha defendido sus instituciones y autogobierno".