La Audiencia de Madrid condena al 'asesino del naipe' a 142 años de prisión

El ex militar Alfredo Galán Sotillo, de 27 años, más conocido como el asesino del naipe, ha sido condenado a 142 años y tres meses de prisión como autor de seis asesinatos consumados y otros tres en grado de tentativa cometidos en la Comunidad de Madrid entre el 24 de enero y el 18 de marzo de 2003. El fallo ha sido dado a conocer esta mañana por la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha sido juzgado. La abogada de Alfredo Galán, Helena Echevarri, ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Galán deberá indemnizar a los familiares de los fallecidos y a los supervivientes con casi 16 millones de euros en concepto de daños morales y lesiones, respectivamente. La decisión del tribunal no reconoce por la vía penal la responsabilidad civil subsidiara del Estado solicitada por algunas de las partes ya que, según señala, el acusado no cometió ninguno de estos crímenes "en establecimiento del que el Estado sea titular". Sin embargo, deja la puerta abierta al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo en el que dilucidar cuestiones relativas a la introducción del arma en España o al estado mental del acusado.

Salir a matar

Alfredo Galán es el último asesino en serie de la Comunidad de Madrid. Su primer crimen lo cometió el 24 de enero de 2003 en el número 89 de la calle de Alonso Cano (Chamberí), cuando mató de un tiro en la cabeza al portero de la finca, Juan Francisco Ledesma, de 50 años. Sólo le vio el hijo de la víctima, que a sus dos años sólo acertaba a decir que a su papá le habían hecho daño.

El homicida no reapareció hasta el 5 de febrero, cuando cometió tres crímenes. El primero lo perpetró de madrugada en la plaza del Mar, en el barrio de la Alameda de Osuna (Barajas), cuando asesinó de un tiro en la cabeza al empleado de limpieza del aeropuerto Juan Carlos Martín Estacio, de 28 años. Esa misma tarde se dirigió al bar Rojas, en la calle del Río Alberche, de Alcalá de Henares, y mató a dos personas: el hijo de la dueña del local, Mikel Jiménez Sánchez, de 18 años, y una mujer que llamaba por teléfono, Juana Uclés López, de 57. La dueña del bar, Teresa Sánchez, de 38 años, resultó herida grave.

El asesino no volvió a actuar hasta un mes después. Exactamente el 7 de marzo de ese mismo año tirotea a un inmigrante ecuatoriano, Eduardo S. S., de 27 años, en la avenida de Viñuelas, en Tres Cantos. La víctima recibió un disparo en la cara. El proyectil le entró por el carrillo derecho junto a la nariz y le salió por la parte trasera del cuello. El criminal lo intentó después con su novia, Alcidez C., pero se le encasquilló el arma.

El último crimen ocurrió el martes 18 de marzo en un camino de Arganda del Rey. El matrimonio formado por George y Doina Magda, ambos de 40 años, fue tiroteado en la oscuridad desde unos olivos. Nadie vio al criminal, ya que aprovechó las sombras de la noche en un paraje desierto. Huyó en su propio vehículo.

El silencio como respuesta

Galán siempre utilizó la misma arma: una pistola Tokarev del calibre 7,62, que se trajo oculta en un televisor de color cuando regresó de Bosnia. Galán fue cabo primero del Ejército hasta que una discusión con un superior y supuestos problemas mentales le hicieron abandonarlo. Alfredo Galán se entregó la tarde del 3 de julio de 2003 en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Puertollano (Ciudad Real), su localidad natal. Da un detalle fundamental para que se desplacen allí los investigadores de homicidios: las cartas que arrojaba a sus víctimas tras ser tiroteadas estaban pintadas en el reverso con un punto azul hecho con un rotulador.

El ahora condenado se negó a responder a las preguntas que se le formulaban a partir de septiembre de 2003. Fue entonces cuando cambió su declaración y acusó a dos rapados, que les atemorizaban a él y a su familia, de cometer los crímenes. Durante el juicio que se inició el pasado 7 de febrero en la Sala Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, Galán no dijo ni una palabra. El fiscal del caso solicitó para él 151 años de cárcel.

Respecto al hecho de que Galán no declarase en el juicio, la sentencia expone que el silencio del acusado se entiende como "corroboración de lo que ya está probado", y añade que "es de sentido común considerar que la ausencia de palabra equivale a que no hay explicación posible" a las declaraciones anteriores realizadas por Galán, por lo que éste "es culpable".

La resolución jurídica, contra la que cabe interponer recurso de casación, explica que "atendiendo al desprecio a la vida humana que la conducta del acusado ha demostrado y la alarma social y desasosiego que los hechos produjeron en su momento" el tribunal acuerda que los beneficios penitenciarios y el conjunto del tiempo para acceder a la libertad condicional se refieran "a la totalidad de las penas impuestas en esta resolución y por los hechos enjuiciados, sin perjuicio de que el límite máximo de cumplimiento efectivo sea de 25 años".