La comisión del 11-M examina a puerta cerrada los últimos documentos solicitados al Gobierno

La comisión de parlamentaria que investiga el 11-M se reúne hoy a puerta cerrada para la última documentación remitida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta reunión se produce tan sólo tres días antes de que acabe el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de conclusiones.

El Ejecutivo acordó el pasado 21 de enero poner a disposición del órgano investigador la última remesa de documentación solicitada, en la que figuraban dos documentos cuya clasificación como secreto se mantuvo, por lo que han de examinarse en sesión a puerta cerrada.

En concreto, los diputados podrán examinar, respecto a la Operación Serpiente, el Libro de Registro de correspondencia de entrada y salida del Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón del año 2001 y el de la Comandancia de Asturias de ese mismo año. Según el Gobierno, ambos contienen "datos sensibles que afectan a cientos de personas" y por eso deben examinarse en sesión secreta. El interés para los comisionados se debe a que en ese año se detuvo a los implicados en la trama asturiana de explosivos.

Un informe que descarta la autoría de ETA

La otra petición atendida para sesión secreta se refiere a un informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía elaborado en noviembre de 2004, en el que se señala que "las investigaciones desarrolladas de forma exhaustiva y meticulosa han dejado clara la inexistencia de cualquier tipo de conexión o contacto, no sólo entre los terroristas de ambas furgonetas, sino también entre los responsables de los mismos a distintos niveles".

Asimismo, la comisión analizará los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para no remitir al Congreso el resto de los documentos clasificados o bajo secreto sumarial que fueron solicitados en su día por el PP.

Polémica en las conclusiones

Los comisionados también debatirán si todos los grupos están de acuerdo en consensuar un documento con recomendaciones en materia de seguridad y de apoyo a las víctimas con vistas al primer aniversario de los atentados. Todos los grupos, salvo el PP, abogan por sacar adelante antes del próximo 11 de marzo un catálogo de propuestas desligado de las conclusiones políticas.

El PSOE ha redactado, junto con IU-ICV, un documento base que recoge, en apartados diferentes, medidas de atención a los afectados y de mejora de la lucha antiterrorista. El PP es contrario a presentar por separado las recomendaciones y las conclusiones, al no existir ningún precedente, y se inclina por una declaración institucional.