De la Vega afirma que la política de inmigración del Gobierno consiste en "ordenar lo desordenado"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido la política de inmigración del Ejecutivo como "responsable, legal y ordenada" y avalada por la UE, por lo que ha pedido prudencia al PP por sus críticas al proceso de regularización que se ha iniciado esta semana, anunciando que "la demagogia de hoy es caldo de cultivo de la intolerancia de mañana". De la Vega, en respuesta a Zaplana, ha comparado la política de inmigración de este Gobierno con la del anterior diciendo que ahora se está "ordenando lo desordenado, aplicando rigor donde había fraude".

Fernández de la Vega ha respondido con estas palabras a una pregunta formulada en la sesión de control al Gobierno por el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, quien ha exigido al Ejecutivo que rectifique su política porque la situación creada "es muy grave y de su exclusiva responsabilidad". Zaplana ha acusado al Gobierno de actuar con una "irresponsabilidad temeraria" y de aprobar iniciativas que "chocan frontalmente" con las de los socios europeos.

La vicepresidenta le ha respondido que España no sólo coordina su política con la UE, sino que lidera el proceso en colaboración con la Comisión Europea. Para Fernández de la Vega, el Gobierno socialista está abordando la inmigración de forma "muy distinta" a como lo hizo el PP: "regularizando lo irregular, ordenando lo desordenado, aplicando rigor donde había fraude y demagogia, transparencia donde había opacidad. En suma: legalidad frente a ilegalidad, sinceridad frente a hipocresía".

Tras asegurar que no iba a aportar datos de la gestión del PP "por respeto y responsabilidad", ha recordado que el proceso de regularización cuenta con el apoyo de fuerzas políticas y agentes sociales para asegurar que los inmigrantes que trabajan tengan derechos y obligaciones, paguen sus impuestos, coticen y ayuden a sufragar la sanidad y la educación como el resto de los españoles. Además, la vicepresidenta ha insistido en que, como el Gobierno, la UE asocia trabajo e inmigración y "establece políticas que son las que está llevando a cabo España". Así, ha recomendado a Zaplana que leyera las últimas declaraciones del comisario europeo de Trabajo, quien ha dicho que "hay que regularizar porque el trabajo no declarado provocaría una serie de tensiones internas, sociales, que podrían crear desigualdades".

Lo que se nos viene encima

Zaplana, que ha advertido al Gobierno que no diga "que no le avisamos de lo que se nos iba a venir encima", ha asegurado que países como Francia han calificado el proceso de "disparate" y ha contrastado la política de los socios europeos en favor de una inmigración "legal, ordenada y controlada" con la apuesta española por "la inmigración ilegal a través de un proceso de regularización masiva".

A su juicio, nadie puede negar el "efecto llamada" de este proceso a la vista de las cifras del padrón de los Ayuntamientos, las "aglomeraciones" en los Consulados pidiendo visados de turista para venir a España o las "pateras terrestres que están trayendo a decenas de miles de ilegales por los Pirineos sin que ustedes hagan absolutamente nada". "A los ilegales que hay se suman los nuevos ilegales del efecto llamada, y además las enormes deficiencias del proceso están favoreciendo la actuación de las mafias", ha dicho Zaplana tras apuntar que la propia Administración y los sindicatos han denunciado a través de la prensa que se venden contratos de trabajo falsos por 1.000 euros y certificados de empadronamiento por 500 euros.