Rajoy subraya que el Tribunal de Cuentas no ha aprobado ningún informe sobre Zaplana

El presidente del PP, Mariano Rajoy, esta mañana en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de su partido celebrada en Santiago de Compostela, ha respondido a la información que hoy publica EL PAÍS sobre la gestión de Eduardo Zaplana al frente de Trabajo y Asuntos Sociales. A preguntas de los periodistas, Rajoy se ha remitido a la nota de aclaración emitida hoy por el Tribunal de Cuentas y ha asegurado que ese tribunal "dice que no hay ningún informe aprobado en relación a ese asunto". "Lo único que hay es un anteproyecto de informe realizado por una persona concreta y determinada que no se ha aprobado", ha añadido.

En la nota del tribunal, según Rajoy, no se habla "para nada ni de uso partidista" ni de que haya una campaña de publicidad subcontratada a una empresa ocultamente, ni que haya habido una adjudicación a dedo. "En fin, cada uno publica lo que estima oportuno y conveniente, como es natural", ha indicado Rajoy. En la reunión de la Ejecutiva del PP también estaba el propio Zaplana, que no ha querido pronunciarse. El líder del PP se refería a una nota aclaratoria emitida hoy por el Tribunal de Cuentas sobre la noticia que publica este periódico respecto a las campañas de publicidad de las pensiones realizadas por el ministerio de Trabajo del anterior Gobierno.

La noticia, que se titula "El Tribunal de Cuentas denuncia el uso partidista de la publicidad de Trabajo en la etapa de Zaplana", recoge el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, que ve indicios de "desviación de poder" y de "malversación". El borrador analiza las campañas publicitarias de los principales organismos del Ministerio de Trabajo entre 2002 y 2004 -que costaron 42,8 millones de euros- y ve irregularidades en "gran número de ellas", pero dice que las más graves hacen referencia a la revalorización de las pensiones. Establece que, al amparo de un pretendido interés informativo dirigido a los pensionistas, la campaña del 2003, "dirigida a todos los españoles, estaba destinada a mejorar la imagen gubernamental coincidiendo con el periodo inmediatamente anterior a la celebración de las elecciones generales".

El PSOE no dará "ni un euro para propaganda"

A pesar de que el texto comienza precisamente aclarando que se trata de un "anteproyecto del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones", este organismo precisa en su nota de prensa que "el borrador está en fase de alegaciones por parte de los fiscalizados, para lo que se ha remitido a los actuales responsables del Ministerio de Trabajo y sus organismos afectados y a los anteriores responsables del Departamento". Según la nota, tras las alegaciones, el texto deberá seguir otros seis trámites que pueden dar lugar a sucesivas revisiones y modificaciones del anteproyecto y del proyecto, antes de ser aprobado y votado por el Pleno del Tribunal. Añade el organismo que el texto a que hace referencia este diario "no puede ser atribuido al Tribunal de Cuentas", que sólo asume los informes de fiscalización aprobados por su pleno.

El actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha señalado hoy sobre este asunto, en un acto con pensionistas, que "no es aceptable desde el punto de vista ético" que su predecesor en el cargo destinase dinero público para hacer propaganda sobre la revalorización de las pensiones. Según el ministro, "al margen de que fuera o no legal", no se puede aceptar que un ministro de Trabajo haga "propaganda con los derechos de los pensionistas". Caldera ha subrayado que su departamento no destinará "ni un euro" a propaganda. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha afirmado que "es una prueba más de cómo el PP ha utilizado fondos públicos para hacer propaganda partidaria".

Blanco ha añadido que su partido espera que "el Tribunal de Cuentas siga su trabajo y se puedan depurar responsabilidades", aunque ha avanzado que el PSOE no pedirá a la Fiscalía Anticorrupción ni a la Fiscalía General que abran diligencias sobre este asunto, porque su partido respeta la independencia de estos órganos. El líder de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado que la Fiscalía Anticorrupción debería "depurar responsabilidades de carácter incluso penal" por la "utilización fraudulenta de dinero público para campañas publicitarias asignadas a dedo por parte del PP". Para Llamazares, cuyo partido denunció en su día la campaña publicitaria ante esta Fiscalía, el caso "es una nueva muestra de cuál era el modelo de gobierno del PP: el país utilizado como un cortijo a beneficio del PP y de los amigos de la derecha".