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El Gobierno da por concluida la recuperación de fuel del 'Prestige'

El Ejecutivo socialista endurecerá las multas para que "quien contamine pague más caro"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado hoy por finalizadas las labores de extracción del crudo que aún permanecía en las bodegas del petrolero Prestige, hundido a 3.600 metros de profundidad frente a las costas gallegas después de causar en 2002 el peor desastre ecológico en España.

Las cerca de 13.000 toneladas de chapapote se han depositado transitoriamente en el barco Odin. El ministerio de Medio Ambiente en coordinación con Repsol -empresa que ha extraído el fuel- decidirán su destino final en las próximas fechas, según De la Vega.

La vicepresidenta también ha anunciado la más que probable desaparición de la Oficina del Comisionado del Gobierno para el Prestige, creada el 3 de enero de 2003 por el anterior Ejecutivo del PP, dado que sus trabajos "están terminados". Dicho organismo será reemplazado por un centro de coordinación permanente, "que tenga un menor coste económico", ha apuntado De la Vega. Su labor consistirá en mantener una vigilancia permanente sobre posibles focos de contaminación y asumir la coordinación de las distintas Administraciones en caso de catástrofe. En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado un real decreto que reforzará la responsabilidad de los propietarios de buques en casos de contaminación por hidrocarburos. Según De la Vega, esta norma "ampliará el ámbito de responsabilidad, para que no solo quien contamina paga, sino que quien contamina, desde ahora, pagará más caro". Asi, se ha elevado la exigencia de garantías a los propietarios de buques, y se elevan las multas cuando se infrinjan las normas.

Indemnizaciones pagadas

El informe sobre la catástrofe que ha estudiado el Gobierno indica también que prácticamente han sido completadas las indemnizaciones dirigidas a las cofradías de pescadores, resultado de un decreto convalidado en junio por el Parlamento, y que está "bastante avanzado" el pago a comunidades autónomas por la catástrofe, concretamente a las de Galicia, Cantabria y País Vasco. En este sentido, De la Vega ha recordado que el Gobierno socialista consignó para este fin una partida presupuestaria que inicialmente no existía.

Respecto a las actuaciones medioambientales, el informe revela que se han llevado a cabo ya todos los proyectos de restauración ambiental programados, pero se mantendrán aún retenes de vigilancia en la costa, y nuevos estudios sobre posibles efectos a más largo plazo en fondos marinos, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Español de Oceanografía.

Procesos en busca de responsabilidades

El Gobierno también seguirá con atención el desarrollo de los procesos judiciales abiertos en España y Estados Unidos sobre la responsabilidad en la catástrofe. El procedimiento penal ante el Juzgado de Corcubión continúa su tramitación y la aseguradora del buque ha consignado 22,7 millones de euros como garantía, mientras que el de responsabilidad civil en Estados Unidos contra la sociedad que certificó las condiciones de navegabilidad del buque, la clasificadora ABS, se encuentra en la fase de cruce de documentación.

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