El Pleno del Parlamento vasco rechaza las enmiendas de PP y PSE a los presupuestos
El grupo parlamentario de Batasuna se retira de la votación
Los presupuestos del Gobierno vasco para el 2003 siguen adelante, tras rechazar hoy el pleno del Parlamento Vasco las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y PSE, basadas según estos dos partidos en que las cuentas sirven al plan de libre asociación al Estado del lehendakari Ibarretxe.
El tercer grupo de la oposición, Socialistas Abertzales (anterior Batasuna), ha retirado su enmienda de totalidad, por lo que no fue votada. Además, los parlamentarios de este grupo se han ausentado de las votaciones. Así, se han votado, por separado, las dos enmiendas de PP y PSE, rechazadas con los votos de PNV, EA e IU. Populares y socialistas se han apoyado entre sí en sus respectivas enmiendas.
De esta manera los presupuestos, que alcanzan los 6.185 millones de euros, siguen adelante su tramitación, hasta el debate de las enmiendas parciales el próximo día 27 de diciembre.
"Apuesta independentista"
Desde el PP y el PSE se han rechazado los presupuestos porque, según el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, introducen la "apuesta independentista" del Gobierno autonómico y están "al servicio del estatus de libre asociación".
"El Gobierno Vasco dedica todo su tiempo a instalar a la CAV en la precariedad política y ha dedicado el 2002 de lleno a poner en cuestión el marco político. Cuando han tenido que elaborar un presupuesto han querido que sea expresión de un proyecto político que atenta directamente contra los intereses y la convivencia de la sociedad vasca", ha agregado Barreda. En la misma línea, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha advertido de que los socialistas no ayudarán a financiar un proyecto "absolutamente contaminado por el plan del lehendakari".
Los portavoces de PNV, EA e IU/EB, integrantes del Gobierno vasco han coincidido en rechazar que el proyecto de presupuestos para el próximo año sea el de la "ruptura" y en denunciar que si hay una ruptura del marco jurídico-político hay que achacársela al Gobierno español por el "incumplimiento" del Estatuto.
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