El Gobierno crea una comisión para congelar cuentas relacionadas con ETA

El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, por el que se crea una Comisión de Vigilancia especializada que podrá ordenar la congelación de cuentas de los terroristas y de los que los apoyan por un máximo de seis meses, prorrogable por un órgano judicial.

Además, el Gobierno ha aprobado un acuerdo que facilita la ejecución de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para identificar a las personas o entidades vinculadas con el terrorismo islámico con el objetivo primordial de congelar sus fondos.

Ambas decisiones han sido explicadas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros por el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Angel Acebes.

Los dos ministros han recordado que tras los atentados cometidos el pasado 11 de septiembre en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó a todos los países elaborar una legislación para congelar sin dilación los fondos y activos financieros de personas y entidades relacionadas con el terrorismo, en la misma línea que ha dispuesto el Consejo Europeo.

En este sentido, se dirigen las dos iniciativas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros. En concreto, el referido anteproyecto de Ley, que será remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, para que formulen su opinión, tiene como objeto el bloqueo y congelación de todos los fondos y saldos en cuentas de los terroristas o de personas y entidades vinculadas a ellos.

Se trata -ha dicho el ministro de Justicia- no sólo de reprimir el delito sino de prevenir la financiación del terrorismo mediante determinados instrumentos que establece la ley.

Comisión de vigilancia

Así, esta norma contempla la creación de una Comisión de Vigilancia de la Actividad de Financiación del Terrorismo, un organismo especializado que se encargará de dar las instrucciones precisas tras recabar toda la información necesaria a las entidades financieras para que procedan al bloqueo o congelación de las cuentas, además de recibir la información de éstas.

Esta comisión, que es similar a la de Blanqueo de Capitales, con la que mantendrá conexión, estará integrada por representantes del Ministerio Fiscal y de los Ministerios de Economía, Interior y Defensa.

Acebes ha indicado que se procederá al bloqueo de cuentas y saldos cuando exista una orden internacional, bien sea de Naciones Unidas, o las derivadas de las instituciones europeas, o cuando las propias entidades financieras informen de que han detectado operaciones que pueden ser destinadas a financiar el terrorismo, a lo que estarán

obligadas.

Asimismo, la propia Comisión, en función de las informaciones a las que tenga acceso, puede detectar que una cuenta sirve para financiar estas actividades.

La norma va dirigida a grupos terroristas y a todas las entidades que ayuden o favorezcan económicamente a una organización terrorista, ha destacado Acebes.

Las decisiones de la Comisión de Vigilancia tendrán que ser "fundadas y fundamentadas" y nunca discrecionales y el bloqueo y congelación de cuentas será temporal, es decir, se adoptarán por un plazo máximo de seis meses y cuya prórroga precisará una autorización judicial.

El anteproyecto prevé controles administrativos y judiciales sobre las decisiones de esta Comisión, que serán susceptibles de recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, por lo que también será necesario una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que así lo disponga, ha explicado Acebes.

En el caso de que coincidan las personas que figuran en una causa abierta por un juez y las que haya en la información obtenida por la Comisión, las actuaciones corresponderán seguirlas al primero, y si no existe tal coincidencia y se desprende la comisión de un posible delito, el mismo se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial.

Flujo de información

El anteproyecto establece además la obligación de la cesión de información con el objeto de que todas las Administraciones públicas -como Seguridad Social, Banco de España, Dirección General de Seguros y otras con competencias supervisoras- pongan a disposición toda la información que poseen para luchar contra el terrorismo.

Mandato de la ONU

Rajoy ha recordado por su parte que el terrorismo es la amenaza más grave que sufre la sociedad en la actualidad y por ello el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución 1373 ordena a los Estados que adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir este delito.

En particular, el Consejo de Seguridad insta a los Estados a que prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo congelando sin dilación los fondos de personas que cometan actos terroristas, de los que faciliten su comisión, de las entidades que estén controladas por éstos, y de las que actúen en su nombre y bajo sus órdenes, manifestó Rajoy, quien recalcó que en este sentido se ha pronunciado también el Consejo Europeo.

"No debemos contentarnos sólo con reprimir y castigar a los terroristas y a los que los apoyan, sino que debemos intentar reprimir la comisión de actos terroristas", ha dicho el vicepresidente primero del Gobierno.

Por otra parte, el ministro de Justicia ha comentado que "cuando haya elementos conforme a la Ley para ponerlos en conocimiento de un juez sin duda alguna el Gobierno lo hará", al ser preguntado si el Ejecutivo ha estudiado la posibilidad de ilegalizar Batasuna.