El Parlamento balear considera a Matas responsable político del 'caso Formentera'

El pleno del Parlamento Balear ha aprobado hoy, con el voto en contra del PP, las conclusiones de la comisión de investigación sobre el caso Formentera, en las que se considera a Jaume Matas responsable político en este escándalo político. El Parlamento ha pedido a Aznar que destituya al ministro de Medio Ambiente.

El Parlamento Balear estima que el Govern balear del PP de la pasada legislatura, presidido por Jaume Matas, "proyectó, organizó y financió con recursos públicos una operación" destinada a captar de manera ilegal votos de emigrantes para que los populares ganaran las pasadas elecciones autonómicas.

Ésta es la principal tesis de las conclusiones aprobadas hoy en el pleno del Parlament balear a las que ha llegado la comisión que se creó hace casi dos años para investigar las posibles irregularidades en el empadronamiento en Baleares de ciudadanos no residentes, de modo especial en la inscripción en la isla de Formentera de 74 argentinos.

Las conclusiones contaron con el voto favorable de los partidos del Pacto de Progreso y la negativa del único partido de la oposición, el PP, que ha lamentado el proceso "inquisitorial y sectario contra este partido y sus dirigentes significados, con la petición incluida de dimisiones antes de que la propia comisión y los tribunales hayan terminado sus trabajos".

La destitución del ministro

Según las conclusiones aprobadas, "la responsabilidad política" de inscribir de modo ilegal emigrantes en el censo de Formentera corresponde al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por lo que la presidenta del Consell de Ibiza y Formentera, Pilar Costa, ha exigido al presidente del PP, José María Aznar, que "asuma las responsabilidades políticas" correspondientes y destituya al ministro mallorquín.

Con la aprobación de las conclusiones, el Parlament "condena de la manera más enérgica esta operación porque representa un ataque al al sistema democrático al tratar de suplantar la voluntad de los ciudadanos", así como la "utilización perversa de recursos públicos, que se desvían de su objetivo legal para favorecer los intereses electorales de un partido".

El Parlament remitirá sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), donde se investiga el caso Formentera, para que se "depuren las responsabilidades penales en las que puedan haber incurrido las personas que participaron en esta operación de captación de votos".

Otros responsables de este asunto, según este informe, son la ex consellera de Presidencia y diputada en el Congreso Rosa Estarás, el ex conseller de Industria Josep Juan Cardona, y el ex responsable de Juventud Antoni Pastor.

El PP acusa al Gobierno balear de "sectario"

El PP balear lamenta en sus propias conclusiones, que han sido rechazadas por la Cámara, el "sectarismo y la persecución política" del Govern del Pacto de Progreso hacia el anterior Ejecutivo y contra el ministro de Medio Ambiente.

"Ni el PP ni el Govern al que daba sustento parlamentario (en la pasada legislatura) han participado nunca en operaciones políticas para la captación fraudulenta del voto de los españoles residentes ausentes", aseguran las conclusiones de los populares.

La obligación de retirar personalmente la documentación electoral "impide el fraude electoral generalizado en el voto por correo", sostiene el PP, que defiende el ejercicio del derecho al voto en las elecciones autonómicas de los españoles ausentes y de sus descendientes.

El diputado popular Manuel Jaén Palacios ha intervenido en el debate con "el convencimiento de que defiendo la verdad" y ha señalado que espera que la "Justicia ponga claridad" sobre este asunto porque durante dos años los dirigentes del PP de las islas "han sufrido una persecución sin precedentes al imputarles en un juicio paralelo delitos, sin respetar sus derechos fundamentales, caso de la presunción de inocencia".

Desde el PSOE, Antoni Diéguez ha reiterado que Matas fue la persona que "organizó" esta operación y diseñó su "organigrama con su puño y letra", y se ha mostrado confiado en que los tribunales "depuren responsabilidades".

Pilar Costa, presidenta del Consell de las Pitiusas, ha pedido la dimisión de las personas implicadas y ha mantenido que el caso del Túnel de Sóller "no llega ni a la altura de los zapatos" al caso Formentera, el asunto político "más grave de la democracia en las Islas Baleares al intentar variar la voluntad popular".