Anticorrupción entrega a Garzón los documentos de la comisión que estudió el presunto fraude del lino

La Fiscalía Anticorrupción ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, la documentación de la comisión de investigación del Congreso que estudió el presunto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.

Según han informado fuentes jurídicas, Anticorrupción ha remitido esta documentación al juez después de haberla recibido de la Fiscalía General del Estado, a la que llegó ayer procedente del Congreso de los Diputados en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara baja el pasado día 19.

En esa fecha, la Mesa del Congreso acordó, con los votos del PP y del representante de CiU, remitir al Fiscal General del Estado y no a Garzón toda la documentación relativa a la citada comisión de investigación parlamentaria, con el argumento de que el Reglamento establece que las conclusiones de este tipo de comisiones deben hacerse llegar a la Fiscalía en caso de que haya indicios de delito.

El juez Garzón, por su parte, había solicitado el pasado 6 de junio al Congreso copia "de cuanta documentación obre en el expediente de la Comisión de Investigación" que estudió este asunto.

Garzón lo acordó así en respuesta a una solicitud en este sentido del representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en una providencia en la que elevó un suplicatorio al presidente del Tribunal Supremo, para que, "en igualdad de poderes", reclamara la citada documentación a la presidenta del Congreso, quien debería remitirla al Juzgado "por el mismo conducto".

Conclusiones de la investigación

La comisión de investigación parlamentaria aprobó en agosto de 1999, con los votos de PP, CiU y CC, unas conclusiones que exculpaban de responsabilidad a la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio y afirmaban que no hubo una trama organizada ni uso de información privilegiada por parte de altos cargos de su Ministerio.

En el documento de conclusiones, que se aprobó con la oposición del resto de los grupos de la Cámara, se aseguraba que De Palacio propició en la UE reformas legales para evitar la especulación con las ayudas al lino y se afirmaba que la actividad de los cultivadores de lino familiares de altos cargos del Ministerio era "absolutamente legítima".