La Fiscalía aprecia una relación directa entre la entrevista a ETA y el asesinato del edil de UPN

El fiscal de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño presentará un escrito ampliando la querella, ya que según él, "puede establecerse una relación de antecedente y consecuencia entre la publicación de la entrevista (con el anuncio de que puede hacerse víctimas de atentados a los concejales de UPN) y el asesinato del concejal Múgica, precisamente concejal por la UPN", por lo que estima que los etarras y sus entrevistadores "son responsables" de un delito de inducción al asesinato terrorista.

La querella fue presentada el 10 de junio contra los dos encapuchados que concedieron la entrevista y contra los directores de los diarios Gara y Euskaldunon Egunkaria, Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, respectivamente, por los delitos de amenazas y justificación de actos terroristas.

Posteriormente, el juez Baltasar Garzón resolvió admitir la querella respecto de los terroristas, pero la desestimó en relación con los dos periodistas, al estimar que no habían "realizado una acción diferente a la que autoriza el derecho a transmitir información veraz" y que las preguntas formuladas a los etarras eran "objetivas y asépticas", medida que fue recurrida por el fiscal.

Pregunta clave

En su resolución, sin embargo, el juez apreciaba que existía una pregunta, ("por ejemplo si un grupo de concejales de UPN hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traiga a Euskal Herría a los presos de Navarra ¿eso supondría que dejarían de ser objetivo de ETA?"), "en la que parece sugerir el entrevistador el sentido de la respuesta contra aquellos que no hagan lo que la pregunta sugiere" .

Los terroristas respondieron que "si la pregunta es si ETA haría una distinción entre un concejal o responsables de UPN que muestre una actitud clara y pública en defensa de una solución democrática al conflicto y entre un concejal o responsable de UPN que defienda mantener el conflicto en un estado actual, la respuesta es sí".

Para la Fiscalía, "todo ello nos lleva a establecer que las personas que concedieron la entrevista, encapuchadas y por ahora desconocidas, y los responsables de los medios periodísticos que la recogieron, son responsables (y ello cualquiera que sea el estado de admisión de la querella o tramitación de los recursos) de los delitos de inducción al asesinato terrorista".

El fiscal general del Estado basa la ampliación de la querella en que el reportaje podía ser una provocación, sobre todo porque había referencias específicas a los políticos de la UPN, recordando el asesinato, el pasado sábado, del edil de este partido José Javier Múgica. "Parece que los estaba señalando un poco por la mano y cuando a la provocación le sigue la ejecución, se produce la inducción", ha dicho.

Así, ha explicado que la ampliación de la querella será referente a la inducción a cometer un delito o dos delitos en este caso, porque no sólo se ha asesinado a un concejal sino también a un miembro de la Ertzaintza, en referencia al agente Mikel Uribe. "No recuerdo si la entrevista dice algo respecto de la Policía, pero en la medida que lo dijera, cabría exactamente igual que respecto del concejal", ha concluido.