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LA BATALLA POR EL AGUA

Aragón da el primer paso para recurrir el Plan Hidrológico ante el Constitucional

El presidente aragonés pedirá la creación de una comisión "que prolongaría durante nueve meses el periodo de alegaciones y obligaría a profundizar más sobre el PHN"

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, lo ha anunciado tras presidir la inauguración de la Conferencia Internacional sobre "El Plan Hidrológico Nacional y la Gestión Sostenible del Agua", a la que ha asistido el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y en la que participan una treintena de expertos internacionales en materia hidráulica.

Iglesias ha señalado que entre las acciones que tiene previstas su Gobierno, tras la aprobación definitiva del PHN, está la de solicitar la convocatoria de dicha comisión, con lo que se "paralizaría o prolongaría durante nueve meses el periodo de alegaciones y obligaría a profundizar más sobre el PHN".

El presidente de Aragón ha reconocido que se trata de "un mecanismo hasta ahora no empleado" y que se incluye en la reforma de la ley del Tribunal Constitucional para buscar soluciones en relación a los conflictos entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.

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Gráfico:: El Plan Hidrológico Nacional

Se trata, ha explicado, de un paso previo antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad, con el fin de que las partes lleguen a acuerdos.

En el caso de que no se plasmen acuerdos, ha precisado Iglesias, se elabora un informe sobre los debates habidos en la comisión bilateral que serán remitidos al TC para que disponga de toda la información para luego estudiar el posible recurso.

Según esta ley, la convocatoria de esta comisión la puede solicitar tanto la Administración General del Estado como la Comunidad Autónoma.

Ante la aprobación del PHN en las Cortes Generales, Iglesias ha insistido en que la comunidad aragonesa "empleará todas las palancas de que se disponen en el Estado de Derecho" para intentar que se retire o que no se lleve a cabo.

En este sentido, ha recordado que el Plan Hidrológico tiene "muchos adversarios, no sólo en España sino en Europa", al entrar en "contradicción" con la normativa europea.

"Vías de diálogo"

Por su parte, el ministro Matas ha abogado por abrir "vías de diálogo" con el Gobierno de Aragón para abordar los principales problemas que tiene la comunidad en materia hidráulica y qué obras del Pacto del Agua deben priorizarse a través de la colaboración institucional.

Matas, que ha acudido en Zaragoza a la inauguración de la Conferencia Internacional, promovida por el Ejecutivo regional, ha señalado a los medios que, aunque el presidente aragonés actualmente "no quiere abrir" ese diálogo, sigue "tendiendo la mano". .

En este sentido, ha mostrado su confianza en que se "reconduzca" la situación y "podamos seguir no sólo intercambiando opiniones, sino acotando los campos en los que podamos estar de acuerdo y centrarnos en lo que podemos colaborar".

Por este motivo, "espera" sentarse a dialogar y si la solución a los problemas hidráulicos en Aragón es el Pacto del Agua, "un compromiso de este Gobierno" que quedará reflejado en una Ley, es necesario "hablar sobre qué obras priorizar y en qué es necesario darse más prisa", a la vez que destacó que "todo es negociable con tal de llevar adelante estas inversiones que resuelven los problemas de los ciudadanos de Aragón".

Sobre la intención del Gobierno aragonés de recurrir al Tribunal Constitucional y a las instancias pertinentes de la Comisión Europea para que apliquen las directivas sobre el agua tras la aprobación del PHN, el ministro ha señalado que "respeta" las posturas del presidente de Aragón.

En este sentido, "garantizó" que el proyecto de PHN presentado cumple "absolutamente" las directivas establecidas por al Unión y ha recordado que el Gobierno de España tiene competencias en este tipo de actuaciones.

Además, ha insistido en que las únicas trabas administrativas dentro del proyecto PHN, "si se pudieran poner", serían a la tramitación de los embalses y por tanto a las obras del Pacto del Agua en Aragón, aunque quiso dar "tranquilidad absoluta" a todos los ciudadanos, ya que "todo el proyecto y todas las obras cumplen la legalidad".

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