AI considera que la Ley de Extranjería restringe "gravemente" los derechos de los inmigrantes

La inmigración y los problemas de carácter xenófobo acaparan la mayor parte del apartado dedicado a España en el informe de Amnistia Internacional, que hace referencia a la nueva Ley de Extranjeria que entró en vigor en enero de este año.

Considera AI que dicha ley "restringía gravemente los derechos de los inmigrantes indocumentados, imponía sanciones a los transportistas que trasladen a extranjeros hasta el territorio español y establecía un procedimiento acelerado de expulsión".

Indica también que "el enorme incremento del número de extranjeros indocumentados que llegaban a las costas del sur del país" dio lugar a denuncias sobre la falta de "asistencia humanitaria" que señalaban como "inhumanas y degradantes" las condiciones de los centros de acogida.

AI señala también que siguen "recibiéndose frecuentes informes de brutalidad policial y se produjo un aumento de las denuncias de malos tratos a inmigrantes u otras personas de origen étnico no europeo", y recuerda los incidentes racistas de la localidad sureña del Ejido, en febrero de 2000, en los que "hubo críticas de pasividad policial".

Durante la presentación del informe en España, el ex presidente de AI-España, Andrés Krakenberger ha explicado que "sin hacer ningún tipo de ránking, nos sigue preocupando una situación de impunidad de facto en materia de tortura, porque se aprecian cada vez más denuncias de tortura, y no sólo en casos en casos relacionados con el problema de ETA, sino también en casos de malos tratos y torturas con motivación racista a inmigrantes".

La campaña de ETA

También el informe de AI hace referencia a su "preocupación" por "todo lo relativo a los crímenes que comete ETA" y por "la escalada de violencia callejera destinada a crear un ambiente de intimidación y miedo". El informe recuerda que en el año 2000, ETA "se embarcó en una nueva campaña de violencia en la que dio muerte a 23 personas, la mayoría civiles, que murieron abatidos a tiros o como consecuencia de la explosión de coches bomba, y muchas otras, incluidas niños, resultaron heridas".

Señala también que en el País Vasco hubo un incremento de "actos de violencia callejera por parte de grupos, según los informes, cercanos a ETA" y precisa que estos incluyeron "incendios provocados, ataques con explosivos y amenazas de muerte".

AI recuerda en su informe que en junio "instó a ETA a poner fin de inmediato a su campaña de homicidios civiles" y en octubre desarrolló una campaña "para llamar la atención de ETA hacia las normas fundamentales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

El informe también recuerda que, ante la pretensión del Gobierno de "aumentar el período de reclusión de los menores declarados culpables de delitos de terrorismo", AI reiteró "una vez más su oposición a las leyes españolas relativas a la reclusión en régimen de incomunicación, leyes que seguían en vigor y que, en opinión de AI, facilitaban la tortura".

Sobre este régimen de incomunicación, Krakengerber ha explicado que en las reuniones mantenidas con las autoridades españolas, éstas "entendían que era una herramienta absolutamente necesaria para ellos contra el terrorismo, y afirmaban que se habían puesto todas las medias necesarias de garantías judiciales para que no se produjera ningún tipo de casos de malos tratos o tortura en ese período de incomunicación".