Las renovables en la generación eléctrica, la gran baza ibérica

La curva de industrialización en Europa continúa hacia abajo, las cifras lo evidencian: acumula un decrecimiento del 17% entre 1995 y 2023, según datos de Eurostat. La competitividad del Viejo Continente respecto a China y Estados Unidos está comprometida, incluso en peligro, debido sobre todo al amplio margen que las separa en cuanto a costes energéticos: la factura europea continúa siendo demasiado alta. Si el informe Draghi evidenció hace poco más de un año la urgencia de un potente plan de inversiones que permita revertir este contexto —concretamente, un mínimo adicional de 750.000 a 800.000 millones de euros, equivalente al 4,4%-4,7% del PIB continental—, la Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI, por sus siglas en inglés), un esfuerzo intersectorial que McKinsey & Company presentó durante el pasado Foro Económico Mundial (WEF) celebrado en Davos, vislumbra una gran oportunidad para ello: la transición energética. Una vía estratégica para que la UE reduzca la brecha de crecimiento respecto a las regiones más pujantes del globo. Y España ocupa una posición primordial para liderar dicho resurgimiento.

“La resiliencia industrial y energética conforman la base de la competitividad de futuro”, asegura David González, socio sénior de McKinsey & Company, y “España cuenta inicialmente con tres fortalezas estratégicas que posibilitan un eventual y posible liderazgo en reindustrialización a nivel europeo”, avanza. Capacidad para producir energía descarbonizada, segura y de bajo coste; una base industrial sólida en determinados sectores, y una infraestructura robusta. El país ya cuenta con avances importantes en el camino hacia una economía más sostenible, pero sigue enfrentando también grandes obstáculos en sus aspiraciones reindustrializadoras. Fortalezas y desafíos que analiza el Índice de Transición Energética e Industrialización realizado por McKinsey & Company —a partir de 25 indicadores cuantitativos y los conocimientos cualitativos de expertos de la firma, cuyas conclusiones se actualizan semestralmente—, de cara a ofrecer transparencia respecto a esta doble conversión verde de España que le lleve a liderar la transición energética en Europa.

Peso en el mix energético

La gran baza ibérica, pues también incluye a Portugal, es el prominente peso de las fuentes de generación limpia en su mix energético —representaron el 22% del total en 2023 —, gracias especialmente al crecimiento de la solar y la eólica. De hecho, España también va por delante en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que ha mitigado en un 4% respecto a los niveles de 1990, en su camino al objetivo del 32% para 2030. “La competitividad de España en términos de costes energéticos ha aumentado significativamente. Esta mejora ha sido impulsada por la reducción de los precios del gas y la creciente contribución de las energías renovables”, refrenda Maria João Ribeirinho, senior partner de McKinsey. Advierte, eso sí, que “para que esta ventaja en costes de producción se traslade a la competitividad de la industria, es necesario no añadir costes externos ni sobrecargas impositivas al de la energía.”

Y es que el nubarrón de la dependencia energética española —que se sitúa en el 70%, siete puntos por encima de la media UE, del 63% — sigue acechando en el horizonte. La caída en la generación renovable de 2022 (debido a la baja producción hidroeléctrica) supuso récords en cuanto a consumo de petróleo y gas durante la última década, y aunque se recortó en cuatro puntos durante 2023, la trayectoria hasta el objetivo de autosuficiencia del 50% en 2030 se perfila ardua. El retraso en la producción de hidrógeno verde, biogás y biometano, así como en biocombustibles acrecienta la complejidad. “Si España quiere alcanzar los objetivos del PNIEC para 2030 y los diseños generales de Net Zero, debemos seguir el buen progreso y acelerar la adopción de algunas tecnologías críticas”, reconoce Maria João Ribeirinho, quien apunta a una regulación estable, la concesión más rápida de permisos de operación, incentivos adecuados y una mayor inversión en la red eléctrica como elementos fundamentales para aspirar a dichas metas.

El buen avance en transición energética no oculta que “España está rezagada en industrialización, según nuestro análisis de los seis indicadores que miden ese progreso”, lamenta David González. Pese a la solidez de algunos de sus sectores, el retraso en la adopción de tecnologías limpias críticas, como vehículos eléctricos (VEs), lastra y languidece la tendencia industrial española: los 2,45 millones de automóviles —de todas las modalidades— producidos anualmente arrojan un déficit actual de 250.000 unidades respecto a los registros prepandemia. Si España aporta el 16% de la manufactura total de vehículos en Europa, apenas alcanza el 6% en el segmento eléctrico, y vislumbra una lenta transición en esta crucial tecnología de descarbonización para la que es clave la electrificación. Y el ritmo en su desarrollo no es deseado.

Atraso en electromovilidad

Pese a que la infraestructura de recarga pública española creció un 8,8% durante el tercer trimestre de 2025, hasta llegar a los 52.107 puntos totales según datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el objetivo fijado para finales de año (91.000 enchufes de acceso público) está muy lejano; hasta septiembre apenas se ha logrado conectar un 25,6% de los planificados para este curso, recoge dicho informe. Este buen dato en cuanto a crecimiento —en lo que va de año se han activado ya los mismos puntos de recarga que en todo 2024—, no oculta que la electrificación sigue arrastrando lastres que aminoran su desarrollo.

Para empezar, la demora en la conexión de puestos de recarga ya instalados: hasta 14.643 están pendientes de conexión a la red, lo que permitiría disponer ya de una red total de 66.750 puntos, pero la realidad es que el 22% están instalados, pero fuera de servicio. La segunda sombra apunta al desarrollo de la carga rápida —a partir de 150 kilovatios (kW)—, fundamental para reducir tiempos en viajes de media y larga distancia, así como para el transporte de mercancías, ya que permite recargas similares al repostaje de vehículos de combustión. Aunque es cierto que esta red de carga rápida sigue extendiéndose (hasta un 17% en el último trimestre, con 740 nuevos puntos), apenas representa el 10% del total de la infraestructura actualmente. Con estas cifras, los 5,5 millones de coche enchufables que deberían circular por nuestras carreteras en 2030, según el último PNIEC, precisan de una mejora sustancial en esta área.

Que el actual impacto de la industria manufacturera española —11,9% del valor agregado bruto (VAB) — retorne al registrado en décadas pasadas más doradas (18,2% en 1998) y se aproxime al promedio de la UE requiere solventar otro reto crítico: la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D), esencial en el impulso de la innovación y la competitividad de la industria en el largo plazo. El informe Draghi, que identificaba la inteligencia artificial, la supercomputación y los microchips como segmentos estratégicos, ubica este retraso tecnológico como germen principal de la brecha en productividad que Europa arrastra respecto a Estados Unidos y China.

Inversiones al alza

El índice de McKinsey muestra que las inversiones totales movilizadas en la industria española —295.000 millones de euros en 2023— están creciendo a un ritmo ligeramente inferior a la media europea, y que la inversión en I+D, si bien se ha mantenido prácticamente constante en la última década, apenas representó el 1,4% del PIB nacional en 2022, cifra muy inferior al objetivo del 3% establecido por la Unión Europea en su estrategia de crecimiento a largo plazo. La insuficiencia en esta área no solo limita la capacidad como país de desarrollar tecnologías avanzadas y aumentar su valor industrial, también incrementa el creciente déficit de talento en el sector industrial. España alcanzó los 2,8 millones de empleos en el sector en 2023, y aunque representa un aumento de más de 400.000 trabajadores desde 2014, también dibuja una significativa y decreciente tendencia, en términos porcentuales, respecto al total de empleos: un 13,3% frente al 13,9% del periodo 2014–2019 y al más reciente 13,5% de 2022.

“Una industria más fuerte impulsará la transición energética; y la transición energética es una oportunidad para construir una industria más fuerte, más sostenible y resiliente en España, así como de incrementar su atractivo como destino de inversión para las empresas del sector industrial”, razona Álvaro Bau, socio de McKinsey & Company. Los menores costes de energía que disfrutan España y Portugal deberían traducirse en una mayor competitividad industrial, acelerando la descarbonización y el crecimiento de los sectores existentes (acero, cemento, cerámica), y abriendo además las puertas a nuevas cadenas de valor, como la producción de baterías o acero verde. “La transición energética ofrece una plataforma sobre la que expandir las oportunidades de la industria verde y de retener en Europa industria que se podría deslocalizar a otras regiones”, asume Bau. “Encabezar dicha transición en Europa podría generar un impacto económico de gran magnitud para el país”, concluye David González.