Asturias y Canarias se suman al bloqueo autonómico contra la energía fotovoltaica

En lo que va de 2024, cinco comunidades autónomas (La Rioja, Aragón, País Vasco, Asturias y Canarias) han aprobado o proyectado regulaciones restrictivas contra la energía fotovoltaica, lo que, según fuentes de este sector, suponen “claras barreras al desarrollo de proyectos que ponen en riesgo nuestra ventaja competitiva en la producción de energía solar”.

El pasado 23 de enero, el pleno del Parlamento de La Rioja aprobaba una proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de esta comunidad que establece una moratoria en las autorizaciones de cualquier tipo de instalaciones de energía eléctrica. Si bien la medida, que tuvo su origen en el rechazo a la autorización ambiental (DIA) que el Ministerio para la Transición Ecológica había otorgado a la línea de alta tensión promovida por el grupo aragonés Forestalia, que parte de Teuste (Zaragoza), atraviesa La Rioja y evacua en el País Vasco (en la localidad alavesa de Júdiz), paraliza la construcción de todo tipo de instalaciones, afecta de manera especial e inmediata a los proyectos de renovables, especialmente, fotovoltaicos, que suman 27 en la región con una inversión de unos 100 millones de euros, según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

A la moratoria de La Rioja, “de muy dudosa legalidad”, según fuentes jurídicas, pues las renovables tienen la consideración de proyectos de interés común por la normativa comunitaria, se sumaron posteriormente los respectivos impuestos aprobados por los gobiernos del País Vasco y Aragón que levantaron un gran malestar entre las compañías y que ambas autonomías justifican por la necesidad de establecer nuevas figuras impositivas en toda actividad que pueda incidir sobre el medio ambiente.

En el primer caso, el pasado 8 de febrero, en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático del País Vasco aprobada ese día, se incluyó un impuesto a los proyectos eólicos y fotovoltaicos que se instalen en la región en suelo no urbanizable”. En el sector consideran que este tributo es retroactivo “y envía un mensaje de inseguridad jurídica a empresas e inversores”.

Ya el 23 de mayo, otra norma aprobada por el Gobierno de Aragón establecía nuevos impuestos medioambientales a los parques eólicos y fotovoltaicos en esta comunidad autónoma que, en el caso de estos últimos, son gravados por hectáreas. Según UNEF, esta imposición supone “un doble gravamen, ya que cada proyecto conlleva de por sí medidas compensatorias”.

Asturias y las baterías

Se trata de una sucesión de trabas contra la fotovoltaica que se van extendiendo por otras comunidades autónomas. Las dos últimas restricciones han sido las protagonizadas por Asturias y Canarias.

Así, el Gobierno del Principado acaba de aprobar una proposición de ley para limitar la implantación de parques de baterías, que se almacenan con energía solar. Por su parte, en la modificación de la Ley Cambio Climático de Canarias, se establece la obligatoriedad de participación social a las empresas radicadas en las islas para proyectos a partir de 2 MW de potencia, en los que hay que reservar un 20% de su generación a los municipios en que se instalen. O, en su caso, a una compañía energética pública canaria creada con ese fin.

La propuesta legal del Gobierno de Asturias, tras las movilizaciones de una plataforma ciudadana, limita la instalación de dichos parques a una distancia de un kilómetro respecto a núcleos de población y de 500 metros de instalaciones ganaderas o masas forestales autóctonas. Según una nota de prensa publicada por UNEF a finales de julio, la medida “carece de fundamentos científicos o técnicos y representa una sobrerreacción política a bulos interesados”.

Según dicho comunicado, en ningún otro país existen restricciones similares, ya que no hay razón para que existan, solo en lugares como el Reino Unido, pero que se basan en códigos técnicos de incendios y ruido, resultando en distancias de entre 5 y 30 metros de una vivienda, “muy lejos de las restricciones que se plantean aquí”, añade.

En una rueda de prensa el pasado junio, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, señaló que se trata de una actividad “industrial”, sobre la que hay que “asegurar la distancia” que debe mantener respecto a casas, núcleos y masas forestales, la cual, “aún está por definir”, en el seno del Gobierno, si bien le parece “insuficiente” que se establezca en 100 metros. Y defendió la separación, que “debe de ser proporcional” a la potencia del parque de baterías de litio y “contemplar medidas correctoras”.

Se da la circunstancia de que Asturias, una comunidad sin apenas eólica por su impacto en el paisaje y con poco sol respecto a otras regiones, cuenta con más puntos de conexión a las redes eléctricas que en otros puntos de España, lo que la hace propicia para el almacenamiento con energía renovable. En el sector consideran que “las baterías son seguras y totalmente compatibles con el patrimonio”.

Asturias ha recibido 170 solicitudes para este tipo de proyectos, 35 de los cuales están ya en información pública. El Gobierno del Principado, que rechazó la moratoria total que exigía el Partido Popular, tiene previsto publicar a finales de año el decreto que regulará la implantación de parques de baterías, con lo cual, por el momento, este tipo de proyectos están paralizados. Aunque la moratoria que reclamó el PP no prosperó, lo que se plantea “es una moratoria de factor, que impedirá la construcción de ningún almacén”, aseguran en el sector fotovoltaico.

La batalla canaria

La batalla en el caso de Canarias se plantea en torno a la obligación de que proyectos renovables a partir de 2 MW destinen un 20% de la producción a la participación local en el accionariado, ya sea pública o privada. El Gobierno canario se ampara en la Directiva de Renovables 2023/2413 para fijar esta participación ciudadana en los ingresos de las plantas. Sin embargo, en sus alegaciones al decreto ley canario, UNEF recuerda que la directiva no especifica que deban ser proyectos de 2 MW ni que el porcentaje tenga que ser de un 20%, lo que implica una barrera a la inversión.

Asimismo, reclama que se congele la medida en tanto no haya una regulación “ad-hoc y específica de los criterios y requisitos para la participación local en los proyectos de energías renovables”. La asociación sugiere, asimismo, que el límite se amplíe a proyectos de 5 MW de potencia, en consonancia con otras regulaciones similares como la balear o la catalana.

Como recoge la exposición de motivos de la modificación de la ley, el Gobierno canario “ha escuchado las demandas sociales, científicas y técnicas de nuestra emergencia climática y energética” para lo que ha mantenido más de 50 reuniones sectoriales de trabajo”

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