El Gobierno y Telefónica desconfían de las intenciones amistosas de STC

La repercusión política y mediática de la entrada del grupo saudí Saudi Telecom Company (STC) en el accionariado de Telefónica, con la adquisición de un 9,9% del capital por 2.100 millones de euros, ha hecho sonar las alarmas en la multinacional española. El sigilo con el que STC ha llevado a cabo la operación, que oficialmente solo se ha conocido tanto por el Gobierno como por la operadora cuando ya estaba ejecutada en su primera fase, hace temer que no se trate de una mera inversión financiera, como ha dejado traslucir el grupo árabe, sino que responda a un plan premeditado con objetivos más ambiciosos que el de tener acciones de Telefónica en su cartera.

El temor en el Ejecutivo y en la multinacional española es que STC quiera ir más allá de su promesa de no beligerancia e intente replicar el movimiento que Emirates Telecommunications (Etisalat) ha protagonizado en Vodafone en el último año. Ante esa posibilidad, el Gobierno ha subrayado que aplicará “todos los mecanismos para garantizar los intereses estratégicos de España en Telefónica”. Cuenta con dos líneas de protección: en primer lugar, Defensa puede bloquear el paso del 5% al 9,9%. Y posteriormente el Ejecutivo se reserva el as en la manga del escudo antiopas, que podría abortar cualquier movimiento por encima del 10% en un abrir y cerrar de ojos.

Telefónica evitó ayer pronunciarse al respecto a preguntas de este diario. Pero el precedente de la entrada del grupo emiratí en Vodafone presenta paralelismos con la irrupción de STC en la multinacional española. A pesar de que primero declaró que se trataba de una inversión financiera, la irrupción de Etisalat en el capital de Vodafone acabó suponiendo un verdadero golpe de estado en la operadora británica, con la salida de su consejero delegado, una completa remodelación del consejo y un viraje de 180 grados en la gestión en busca de mayor rentabilidad a corto plazo.

Las principales firmas de análisis —como JP Morgan, Citi o el Banco Santander— apuntan en esa dirección: STC puede no resignarse a ser un convidado de piedra como primer accionista de Telefónica, como no lo es Etisalat como primer socio de Vodafone. Un diagnóstico con el que coinciden fuentes financieras consultadas por este diario. “Aunque hayan dicho que sus intenciones son amistosas, no hay que fiarse”, indican.

No obstante, y a diferencia de lo que ocurrió con Vodafone, en el caso español el asunto tiene una derivada política añadida porque la legislación española fuerza a STC a conseguir la autorización gubernamental para pasar del 4,9% del capital de Telefónica que ya controlan a hacerse con el 9,9%. Ese escudo, en “circunstancias normales, podría ser un mero trámite administrativo, pero se produce con un Gobierno en funciones”, indican fuentes del mercado. Lo dicen en referencia a la situación política, puesto que el Ejecutivo en funciones puede aplicar perfectamente el escudo antiopas. Posteriormente, podría usar ese instrumento de nuevo si STC decidiera sobrepasar el 10%.

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El asunto ha saltado de lleno a la arena política. El ala del Gobierno dependiente de Sumar, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, a la cabeza, no ve con buenos ojos la entrada de STC en la histórica operadora española. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en intentar sacar rédito de la polémica y cargar contra Pedro Sánchez, al que acusa de “no enterarse” de lo que pasa en las empresas estratégicas españolas, aludiendo también a lo que ocurrió cuando Ferrovial trasladó su sede social a Países Bajos hace unos meses. La Casa Real ha desmentido que fuera informada de la operación.

Frente a esos temores, el blindaje va más allá del escudo antiopas y la decisión de Defensa: la dura legislación de competencia de la UE hace muy difícil que STC tome el control de Telefónica. América Móvil tuvo que desistir de hacerse con la holandesa KPN y firmar un acuerdo con el Gobierno austriaco para convertirse en el principal accionista de Telekom Austria. Y su entrada en Telefónica tampoco garantiza al grupo saudí ningún retorno de la inversión, a pesar de que la primera reacción en Bolsa fue positiva. Desde que Etisalat entró en Vodafone en mayo de 2022, la operadora ha perdido más del 40% de su valor en Bolsa.

La Comisión Europea evitó este jueves pronunciarse sobre la compra de STC, pero avisó de que existen mecanismos europeos a los que puede recurrir el Gobierno para examinar de la mano de Bruselas si existe una amenaza y deben tomarse medidas.

Semejanzas con Etisalat

Los analistas resaltan el paralelismo entre la entrada de STC en Telefónica y el de Etisalat en Vodafone. El operador de Emirates entró en mayo de 2022 en el capital de la británica Vodafone con el 9,8% del capital, a través de Atlas 2022, una sociedad radicada en las Islas Caimán. Como ha hecho STC, Etisalat declaró entonces su “respaldo completo” a la dirección de la firma británica y su plan de negocio, descartó pedir un puesto en el consejo de administración, y afirmó que no tenía planes de hacer una oferta por el resto de la compañía ni “ejercer control o influir en el consejo y el equipo directivo”. Una declaración que replicaba casi literalmente la que realizó STC en su comunicación a la CNMV el pasado martes para justificar la entrada en Telefónica: respaldo a los gestores, ausencia de toma de control y ninguna exigencia de consejeros.

Pero Etisalat tenía otros planes muy distintos a los declarados para Vodafone. Se alió con los accionistas más díscolos, como el magnate francés Xavier Niel, y con fondos como Cevian Capital, Blackrock (también presente en Telefónica), o Vanguard Group y HSBC Holdings, para forzar un cambio en la gestión. No tardaron en cuestionar a todo el equipo directivo, al que hacían responsable de la caída continuada de la cotización. Para sacar partido a su inversión, exigieron una dirección más agresiva, que propiciara la venta de activos y el abandono de los mercados no rentables. La presión desembocó en la salida forzada de Nick Read como consejero delegado y su sustitución por Margherita Della Valle. La ejecutiva, cuyo nombramiento se suponía interino, se consolidó en el cargo tras sellar una alianza estratégica con Etisalat el pasado mes de mayo, que incluyó el nombramiento como consejero de Vodafone del consejero delegado de la firma árabe, Hatem Dowidar. El operador de Emiratos ha elevado su participación al 14,6%, convirtiéndose en el primer accionista, aunque planea a través de Morgan Stanley alcanzar el 20%.

Como Etisalat, STC también ha utilizado a Morgan Stanley para entrar en el capital de Telefónica, con un plan premeditado hace seis meses mediante la compra de pequeñas participaciones en el mercado para no provocar la revalorización súbita de las acciones y desvelar así quién estaba realmente detrás de esas adquisiciones. Como informa la agencia Bloomberg, las compras se aceleraron desde junio, y se hicieron más visibles en agosto, cuando la cotización de Telefónica remontó rápidamente el desplome que provocó la ruptura del acuerdo de alquiler de red con el operador alemán 1&1. Ahora STC debe implementar junto a Morgan Stanley la financiación para la compra efectiva de ese 5% restante que aún le queda por adquirir. Y ya no podrá esconderlo al mercado ni a la CNMV.

Por seguir con los paralelismos, Etisalat utilizó a Hatem Dowidar, antiguo directivo de Vodafone, para su irrupción en el consejo de la británica. La operación de STC ha sido pilotada por José del Valle, responsable de Proyectos Especiales de STC y miembro de su comité ejecutivo, aunque previamente trabajó 17 años en Telefónica, con distintos puestos en Latinoamérica, coincidiendo con José María Álvarez-Pallete, cuando el actual presidente de la operadora estaba al mando de las filiales en la antigua Telefónica Internacional y Europa.

Como la de Vodafone y, en general, el resto de grandes operadoras de telecomunicaciones, la cotización de Telefónica no pasa por sus mejores momentos. Actualmente, cotiza a 3,8 euros el título, lejos de los más de 20 euros que marcaba en 2007. Esa debilidad y la necesidad de afrontar ingentes inversiones para el despliegue de nuevas redes como el 5G hacen apremiante la entrada de nuevos inversores que aporten liquidez a la firma española, que arrastra además una deuda de 27.000 millones de euros. No es extraño que muchos analistas interpreten que la inversión de STC es un espaldarazo para la compañía española.

La dura legislación de la UE sobre fusiones tampoco ayuda, porque impide el proceso de consolidación que permita constituir grupos fuertes de telecomunicaciones europeos. “La toma de participaciones en Vodafone, y ahora en Telefónica, sin duda llamará la atención de la Comisión Europea. Solo queda esperar que, por fin, las autoridades reconozcan que se necesita urgentemente un cambio normativo para apoyar los mayores rendimientos necesarios para crear campeones europeos sanos”, han valorado los analistas de JP Morgan.

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