Raquel Sánchez: “Somos conscientes de que la propiedad es un derecho”

Raquel Sánchez Jiménez (Gavà, Barcelona, 45 años) se puso el pasado julio al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento), del que dependen un sinfín de competencias en materia de infraestructuras. También de vivienda, un asunto en el que el Ejecutivo de coalición ...

Raquel Sánchez Jiménez (Gavà, Barcelona, 45 años) se puso el pasado julio al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento), del que dependen un sinfín de competencias en materia de infraestructuras. También de vivienda, un asunto en el que el Ejecutivo de coalición ha pactado la futura norma estatal tras meses de retraso y de agrias negociaciones. El viernes, el mismo día en el que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pide convocar la comisión de seguimiento de los acuerdos de Gobierno por la reforma laboral, Sánchez recibe a EL PAÍS en su despacho y destaca las relaciones “cordiales” y “sanas” entre los socios. “Eso nos ha permitido alcanzar, después de un proceso de trabajo que ha sido muy intenso, pero muy interesante, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia”, agrega. La norma llegará en primera lectura al Consejo de Ministros del martes.

Pregunta. En la negociación de la ley de vivienda apostaron por las bonificaciones fiscales. ¿Le gustan los controles de precios?

Respuesta. De lo que partíamos, y creo que lo hemos ido explicando durante todo este tiempo, es que el sistema de control de precios o la fijación de índices de referencia puede ser un sistema que pueda ser útil en determinadas áreas y en determinadas situaciones. Pero abogábamos también por introducir los incentivos fiscales, las bonificaciones, que tenían una aplicación quizá más general y que también tenían que repercutir y van a repercutir positivamente en esa contención de los precios de alquiler.

P. ¿Cuándo veremos la regulación de los alquileres en España? Parece que ese aspecto controvertido va a ser lo que más se retrase…

R. Bueno, primero hay que pasar por toda la tramitación parlamentaria. Eso requiere un tiempo, hay que negociarla. Además, queremos que esta sea una ley que también reúna el consenso no solo de los grupos que conformamos este Gobierno, sino también del máximo de fuerzas políticas que quieran sumarse a solucionar lo que es una problemática muy evidente y que afecta a millones de ciudadanos en nuestro país. A partir de la aprobación del trámite parlamentario, sí que es cierto que se establece sobre todo un periodo en el que se tendrá que analizar el sistema para desarrollar ese índice de precios de referencia, pero el resto de medidas a partir de la publicación y de la entrada en vigor se pueden aplicar.

P. En su etapa como alcaldesa, Gavà se acogió a la legislación catalana de control de precios. ¿Cuáles fueron los resultados?

R. No teníamos [resultados] todavía, fue unos meses antes de dejar el cargo. Activé ese mecanismo que era el que existía y el que ampara la legislación catalana para poder hacer frente a una situación como esta. Pero si tiran de hemeroteca, porque a veces se me ha acusado de cambiar de opinión, no cambié porque siempre dije que este puede ser un sistema, pero soy partidaria también de introducir elementos que incentiven la contención de los precios. Esta ley refleja un poco ese equilibrio. Hemos recorrido un camino muy largo, no solo estos meses, también los que se negoció esta cuestión con mi antecesor [José Luis Ábalos]. Pero creo que al final hemos conseguido ese justo equilibrio que siempre defendíamos desde este ministerio. Teníamos que conseguir un sistema que tuviera esos efectos, pero que, por otra parte, otorgara seguridad jurídica a los propietarios. Porque también somos conscientes de que la propiedad es un derecho y por lo tanto ambas cuestiones, ambos intereses, tenían que confluir.

P. El Gobierno recurrió esa ley catalana, ¿formará el recurso parte de la negociación en el Congreso?

R. No. Hay un recurso, pero es por temas de competencia. Ese recurso tiene que seguir su vía, pero evidentemente la aprobación de esta ley puede tener una afectación indirecta sobre la legalidad o no de esa legislación catalana. En cualquier caso, nosotros lo que sometemos a negociación es el contenido de esta ley, no los recursos que se han presentado a otras leyes.

P. Una finalidad de la norma es la armonización, pero parte de su aplicación depende de las comunidades. ¿Temen que provoque mayor divergencia entre territorios?

R. Hay un bloque de medidas que se van a aplicar y que van a ser efectivas para el conjunto del territorio. La reacción del PP se sitúa en su línea de confrontación permanente y del no a todo. Sería bueno, al menos antes de anunciar su intención de recurrir esta ley, que conozcan el contenido. Allá ellos y cómo responderán ante sus ciudadanos y ciudadanas de la no aplicación de un sistema que sobre todo beneficia a la gente que no puede acceder a una vivienda. Y ya no hablemos de los jóvenes, que tienen prácticamente limitada, si no mermada o negada, su capacidad de emancipación.

P. El ministerio quiere que los grandes tenedores, que no han recibido bien la ley, le cedan 30.000 viviendas para alquiler asequible. ¿Cómo van esas conversaciones?

R. Aquí hay opiniones de todos los gustos y todos los colores. Pero también es cierto que no se ha producido una gran reacción en contra, ni una retracción del mercado con unos efectos catastróficos como han augurado algunos. Nosotros tenemos ese plan de vivienda para el alquiler asequible. Por una parte, la promoción de un parque público que se sitúa en torno a las 46.000 viviendas. Y otra parte, 56.000 hasta llegar a las 100.000 viviendas, que se basa en acuerdos con el sector privado. 30.000, que son a las que apuntabais, de acuerdos con entidades gestoras de alquileres. Estamos trabajando con ellos para poder articular sistemas de acuerdo. También hemos adoptado la decisión de destinar 30.000 viviendas, es decir, un 30% de esas 100.000, a alquiler para jóvenes.

P. ¿De cuáles de esos instrumentos saldrían?

R. De los primeros que lleguen. Nuestra intención es ir ofreciendo un 30% de esas viviendas para los jóvenes. No es deseable esperar a las últimas.

P. ¿Y tienen un marco temporal? ¿Saben cuántas van a entrar el año que viene?

R. Hay diferentes niveles. Algunas ya están puestas a disposición y se van usando cuando los servicios sociales las reclamen. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas han comenzado a construir y sabemos las diferentes promociones cómo están. Es un ejercicio que estamos haciendo.

P. Han hablado también de una nueva figura que es la de la vivienda asequible incentivada, ¿en qué consiste?

R. Creo que el nombre es definitorio. Es aquella que siendo de un privado se le ofrecen una serie de incentivos fiscales, urbanísticos o del tipo que sea para que puedan poner a disposición de la ciudadanía esa vivienda a un precio asequible.

P. Comunidades como Madrid ya construyen promociones privadas para alquiler asequible, ¿era necesario recogerlo en la ley?

R. Creo que también esta ley sirve para clarificar conceptualmente en el tema de la vivienda qué regímenes existen y cuándo operan unas medidas u otras. Eso también es un avance en cuanto a la seguridad jurídica y a clarificar un entorno y un marco que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero en que también el Estado, dentro de esta regulación que hace, establece criterios y líneas generales.

Prórroga del ‘escudo social’ y bono joven

P. ¿Qué va a suceder con la actual legislación antidesahucios por la pandemia?

R. En el próximo Consejo de Ministros llevamos la prórroga del escudo social, que en materia de viviendas afecta sobre todo al tema de los desahucios. Vamos a aprobar esa prórroga, que la situamos en su fecha de finalización en el 28 de febrero del año 2022. Es cierto que cuando finalice la prórroga del escudo social, para ese momento tendremos que tener analizada qué situación se genera.

P. ¿El bono joven de 250 euros se dividirá por la mitad si se comparte piso o tendrá alguna limitación en función del importe del alquiler?

R. No está previsto que haya una limitación. Es decir, esas ayudas son por joven que acredite que tiene un contrato de trabajo y que tiene un contrato de arrendamiento y que no supera un determinado nivel de renta. Lo que queremos promover es que cada joven individualmente tenga esa posibilidad de alquilar un piso.

P. ¿No temen que eso haga subir los precios?

R. Bueno, para eso articulamos también un sistema como es el que se prevé en la ley de vivienda, para contener la subida de los precios de alquiler e incentivar incluso su bajada.

P. Pero el bono va a llegar ya y la ley tardará unos meses…

R. Yo confío en que este bono de alquiler no supondrá un incremento de los precios. Las medidas de la ley de vivienda se introducirán tal cual están propuestas en un momento determinado. Pero por ejemplo, la fiscalidad, que ya se tiene que pagar por las rentas derivadas del alquiler, eso ya existe.

P. Han calculado 70.000 beneficiarios y según el INE hay 376.000 potenciales perceptores. ¿Qué pasará si la estimación se queda corta?

R. Habrá que ir viendo cómo opera ese bono. Pero no hay que olvidar las medidas que se articulan a través del Plan Estatal de Vivienda. Es decir, hay una vía de entrada también para que aquellos jóvenes que no son perceptores del bono puedan recibir ayudas para pagar el alquiler. Eso aparte de las complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

P. Ha apremiado a las administraciones a avanzar en la tramitación de fondos europeos para rehabilitación. ¿Podremos captar y gastar esos fondos a tiempo y con sentido?

R. Yo hacía esa apelación a las comunidades autónomas, en definitiva a todos los actores y niveles de la Administración que vamos a intervenir en todo este proceso, para que trabajemos en una única dirección sabiendo que tenemos que cumplir unos hitos, unos objetivos determinados dentro de unos plazos. Pero estamos cumpliendo la senda temporal.

P. ¿Y cuándo se notará a nivel de calle?

R. En breve. Hemos realizado ya conferencias sectoriales. Durante el primer trimestre del año 2022 podemos decir que estarán operativas la mayor parte de esas convocatorias que tienen que lanzar las comunidades autónomas en la mayoría de supuestos.

Peajes en las autovías

P. Usted ha ratificado que se pagará por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas, pero no ha concretado el modelo. ¿Cuándo lo presentará?

R. Estamos trabajando en un sistema que garantice el mantenimiento de las carreteras. Es un debate que debe plantearse con el máximo rigor y partiendo del consenso social y político con todos los agentes que tienen que decir algo en este tema. No me refiero solo a las comunidades autónomas, sino también a los partidos políticos, a los agentes sociales y, evidentemente, al sector del transporte. Y estamos trabajando para realizar una propuesta en los próximos meses que pueda definir al menos las líneas generales y cuáles son los objetivos del modelo. Y para ello hemos creado un grupo de trabajo interministerial.

P. Se habla ya de imponer el sistema de la viñeta transitoriamente en 2023 hasta que sea posible avanzar hacia el modelo del peaje electrónico mediante pórticos que leen las matrículas. Pero la viñeta no cumple con el propósito de pago por uso porque paga lo mismo el automovilista que lo usa mucho que el que solo pasa una vez.

R. Insisto en que no vamos a avanzar de momento el sistema por el que vamos a decantarnos. En 25 de los 28 países de la Unión Europea hay establecidos varios sistemas, con sus ventajas e inconvenientes.

P. No parece que ese consenso del que habla vaya a ser fácil. Algunas comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el PSOE se han opuesto. Y Podemos ya ha dicho que no está de acuerdo.

R. Para decir que no se está de acuerdo con algo lo mínimo imprescindible es conocer cuál es la propuesta. Yo pediría que esperaran a conocer la propuesta del ministerio antes de pronunciarse. Y nos sorprenden mucho las críticas del PP, ya que cuando gobernaba encargaron informes para un modelo de pago.

P. Desde el Gobierno se dice que no se puede hablar de “peaje” porque el coste va a ser muy bajo. ¿De cuánto? ¿Un céntimo por kilómetro? ¿Cuánto se espera recaudar y a que se va a destinar?

R. No podemos dar cifras concretas por ahora, insisto. Es importante hacer pedagogía entre la ciudadanía de que el mantenimiento de nuestras carreteras supone un importe relevante con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero no hemos cuantificado hasta el momento la cifra de recaudación, ni tampoco cuál va a ser el destino de lo recaudado.

P. ¿Y va a haber excepciones en el pago?

R. Tampoco lo tenemos definido. Lo que sí que queremos es que sea un sistema que vele por los objetivos del mantenimiento de las vías, la seguridad vial, que no genere agravios entre los diferentes territorios y ayude a la sostenibilidad ambiental. Tenemos una estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Y una de las líneas de esa estrategia pasa principalmente por un trasvase modal del uso del vehículo privado a favor de sistemas de transportes más sostenibles, como el ferrocarril.

Críticas de Ayuso a los Presupuestos

P. Habla de que no puede haber discriminación territorial, pero en los Presupuestos Generales, como usted ha reconocido, Cataluña vuelve a ser la región más beneficiada, aunque ni por población ni por PIB le corresponda frente a otras comunidades como Madrid.

R. Yo niego la mayor, es decir, niego que se produzca una discriminación. Es verdad que Cataluña es la comunidad que más inversión recibe, pero en cualquier caso cumplimos con la disposición del Estatut que fija que hay que llegar a un determinado nivel de inversión y sirve además para corregir un déficit en infraestructuras que sí que se puede observar con respecto a otras comunidades.

P. ¿Y qué opina de las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el Gobierno maltrata a Madrid?

R. No hay un maltrato a Madrid como han dicho en el Partido Popular. Madrid es una comunidad autónoma que recibe un volumen de inversiones suficiente, necesario y óptimo para poder abordar los proyectos que necesita la comunidad. Nuestro compromiso es el de agilizar al máximo posible el nivel de ejecución que es distinto en las diferentes comunidades autónomas. Pero no se hacen presupuestos atendiendo a criterios políticos o con el fin de castigar a unas comunidades autónomas frente a otras.

P. ¿Esas inversiones no forman parte de la negociación para que ERC o el PNV apoyen los Presupuestos?

R. Aspiramos a alcanzar los máximos consensos con los diferentes partidos políticos, que introducirán las enmiendas que consideren oportunas. Pero insisto, no se presentan Presupuestos con el ánimo de discriminar comunidades autónomas, sino con el de configurar las inversiones que son necesarias para ofrecer buenos servicios públicos a los ciudadanos.

P. La Generalitat ya ha pedido el traspaso total las Cercanías de Renfe incluyendo los activos, es decir, los trenes, las estaciones y el personal. El País Vasco también aspira a un modelo similar. ¿No corremos el peligro de que Renfe se trocee en 17 empresas regionales?

R. Es una cuestión que la Generalitat plantea recurrentemente. Ahora ya tienen competencias sobre la gestión y lo que vamos a abordar es cómo regularizar la trasferencia de los recursos económicos a la Generalitat para que sea esta la que proceda al pago de los servicios que está prestando Renfe. Es una cuestión que hay que tratar en los foros correspondientes, que es la comisión de trasferencias de competencias. En cualquier caso, lo que hay que garantizar es que el servicio se presta en buenas condiciones para el ciudadano. Y en ese supuesto hipotético del que me habla de trasferencia de activos habría que garantizar que existe un sistema de libre concurrencia para que sea el mejor operador el que al final pueda prestar el servicio. Es decir, que Renfe también pueda operar ese servicio.

P. Se antoja difícil que Renfe pueda seguir operando las Cercanías en Cataluña si tiene que ceder sus trenes a la Generalitat.

R. Bueno, por eso digo, que es muy difícil hacer estas hipótesis porque no hay nada definido y, por lo tanto, es en el marco de esa comisión en el que se tiene que definir qué activos se tienen que trasferir y cuáles no.

P. ¿Se plantean, como piden los nacionalistas catalanes y vascos, el traspaso también de los Puertos del Estado e incluso de algunos aeropuertos de Aena?

R. No, esas son infraestructuras de interés general y, por lo tanto, no es intención del ministerio tratar estos temas.

Ampliación del aeropuerto de Barcelona

P. ¿La ampliación del aeropuerto de El Prat está definitivamente aparcada? La Generalitat dice ahora que tiene un plan alternativo.

R. Nosotros no tenemos conocimiento firme de ese proyecto. Solo sabemos que llegamos a un acuerdo con el Govern el día 2 de agosto para fijar los términos de la ampliación para hacer del aeropuerto del Prat un hub intercontinental [nudo de conexión internacional], y luego la Generalitat se desdijo. No sabemos nada del nuevo proyecto, pero, en cualquier caso, hay que garantizar que tenga el consenso también de la Generalitat de Cataluña.

P. Hablando de Aena, que está participada en un 51% por el Estado, ¿cómo se explica que el PSOE haya permitido la aprobación de la norma que obliga a rebajar los alquileres de sus locales y le va a costar 1.500 millones de euros? Aena va a llevar el tema al Constitucional.

R. En aquella enmienda ya explicamos los argumentos de nuestra abstención. Pero también entendemos que Aena, como empresa semipública, tiene que defender lo que considera que va en contra de sus intereses. Y por eso quiere plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Lo más sensato sería intentar buscar una fórmula de acuerdo entre todas las partes.