La misión más inmediata se centra en la tarifa de la luz

Encontrar la solución para controlar el desbocado precio de la electricidad, alcanzar un acuerdo para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que satisfaga a todos (Administración, empresarios y sindicatos) y lograr la configuración de un hub aéreo potente en el aeropuerto de Madrid-Barajas (algo nada baladí por la importancia que tiene para la economía española y en lo que España se juega estar en la cabeza del sector en Europa, sobre todo después del fracaso de la ampliación de El Prat) son misiones que se le presentan este curso al Gobierno en materia económica. Pero, dejando los otros temas para otras ocasiones, es la continua escalada de la luz la que más centra en estos momentos la ocupación (y preocupación) del Ejecutivo.

Comenzó el propio presidente a ponerse deberes en la entrevista que concedió a EL PAÍS en la que no tuvo ningún apuro en asegurar que a final de año se habrá pagado lo mismo que en 2018 (con la inflación, claro) en la factura de la luz de un consumidor tipo. El compromiso de Pedro Sánchez, junto a los récords del precio de la energía en el mercado mayorista de esta semana (no parecen que serán los últimos) han obligado a acelerar la búsqueda de soluciones de forma urgente, que se esperan para el martes.

Según expertos del sector consultados, el órdago del presidente está fundado, pero siempre y cuando se tomen medidas que permitan reducir en 33 euros MWh los futuros previstos para el cuarto trimestre (la facturación por cliente en 2018 fue de 568 euros, que aplicado el IPC se pone 589 euros y lo previsto para 2021 es de 622 euros). Sin hacer nada sobre lo actual (reducción IVA e impuesto de generación hasta final de año) mantendría ese gap de 33 euros al año. Para salvarlo, lo que supone unos 2.000 millones, podrían abordar la batería de medidas encima de la mesa.

Es decir, para llegar ahí hay que reducir más impuestos y algunos de los costes regulados que aparecen en la factura: recorte del impuesto de electricidad, del 5,11%, que viene a ser uno 350 millones en lo que queda de año. A ello podría sumarse un ajuste de las primas a las renovables (unos 400 millones), destinar más ingresos de las subastas de CO₂ (al menos 1.200 millones adicionales) y el superávit esperado para este año (otros 400 millones), así como adelantar a octubre la entrada en vigor el anteproyecto de ley para compartir el beneficio del coste del CO₂ entre los consumidores.

La reducción del IVA del 21% al 10% ya está vigente hasta final de año y la posibilidad de bajarlo al 4% no gusta mucho a los técnicos de Hacienda por la merma que supone. Bajar del 21% al 10% supone pasar de 2.000 a 1.000 millones en el semestre, por lo que un nuevo tijeretazo vendría a ser de 300 millones más el último trimestre en comparación a 2019. Lo que sí parece más factible es ampliar la reducción del IVA más allá del 31 de diciembre con decisiones trimestrales, aunque nunca definitivas.

Otras están en el cajón de sastre, entre ellas la supresión de algunos cargos regulados sobre la tarifa (los costes extrapeninsulares o la compensación del déficit tarifario), lo que obligaría sin duda a cargarlo sobre los Presupuestos.

Por otra parte, ya se ha adelantado la creación de un suministro mínimo vital, que permita asegurar el abastecimiento a los hogares vulnerables. Asimismo, quiere impulsar el autoconsumo y las comunidades de consumidores y los contratos bilaterales para sacarlos del mercado mayorista (pool). Se trata de sacarlo de esa servidumbre, que obliga a que el precio sea el de la última tecnología ofertada, y permitir que, al no estar en ese mercado, el precio sea más barato.

Como todo pasa por acelerar la transición energética y continuar potenciando las renovables, ha fijado el 19 de octubre para una nueva subasta por 3.300 MW, con la particularidad de que 600 de ellos se destinarán a pequeñas inversiones.

Las presiones al Gobierno se agolpan. Las empresas, por su parte, se muestran bastante conformes con las medidas abarajadas. Los sindicatos y las organizaciones de consumidores, que no descartan una “respuesta social amplia”, plantean que se cambie el sistema de fijación de precios por “injusto y obsoleto”. Y el PP, que se cargó el Marco legal y estable del sector en época de Aznar, quiere sacar tajada. Ha presentado una proposición de ley en la que pide suprimir el impuesto de generación que instauró el Gobierno de Mariano Rajoy. Y el Banco de España ha decidido organizar un seminario con expertos para tratar la cuestión y, en consecuencia, poder elevar al Ejecutivo ideas fuerza para salvar algo que afecta a la recuperación.