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Nyesa recibe autorización judicial para reestructurar su deuda

La compañía recibe la notificación del Juzgado y esperará que la sentencia sea firme para modificar su convenio de acreedores

Panel de cotizaciones de la Bolsa de Madrid, este miércoles.
Panel de cotizaciones de la Bolsa de Madrid, este miércoles.Vega Alonso del Val (EFE)

La compañía inmobiliaria Nyesa ha recibido una notificación judicial que anuncia la aprobación de la propuesta de modificación de su convenio de acreedores, según ha anunciado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La forma señala en un comunicado que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza respecto a esta resolución todavía debe de adquirir firmeza y que así lo comunicará al mercado en cuanto lo haga.

Una vez conocida la decisión de la Justicia, poco antes del cierre de la sesión bursátil, los títulos de Nyesa se dispararon de inmediato más de un 10%. Sus acciones han cerrado la jornada del miércoles a 0,0137 euros, un 11,2% por encima del día anterior. La compañía anunció el pasado enero que contaba con la adhesión del 60% de sus acreedores al acuerdo de reestructuración de deuda, que plantea una quita del 70% para los acreedores con privilegio, cobrando el resto de sus créditos en dos pagos iguales, a los tres y cuatro años a partir de la fecha en la que la sentencia que aprueba esta modificación sea firme.

Por su parte, a los acreedores ordinarios les ha propuesto el cobro de la totalidad de sus créditos, es decir, sin quita, a razón del 10% a los cinco y seis años desde el fallo de la sentencia; del 15% en el séptimo y octavos años, y del 25% en los dos siguientes. Respecto a los acreedores subordinados, la propuesta plantea la totalidad del cobro de sus créditos, también sin quita, aunque recibirán el pago diez años después del acuerdo y de una sola vez.

La compañía ya anunció el pasado verano esa modificación del convenio del concurso de acreedores, después de que al cierre de 2019 su patrimonio neto fuera negativo en 10,1 millones de euros, lo que adelantaba el riesgo de disolución definitiva. El origen del desequilibrio se debió a una dotación de 45,6 millones de euros que, por un “criterio de prudencia”, realizó en sus cuentas de 2019 ante la necesidad de financiación que presenta un proyecto que desarrolla en Moscú. Dicho proyecto acumula retrasos y un cambio normativo aprobado en Rusia impide a la compañía utilizar los adelantos que pagan los compradores de las viviendas para financiar su construcción.

También en 2019, durante el primer trimestre, se produjo un cambio del accionista de referencia de compañía, con la entrada de la firma de inversión Olaf y Rubí. Eso supuso la configuración de una cartera inmobiliaria compuesta por 500 activos, divididos en partes iguales entre los destinados a venta y los destinados a alquilar. Tras dos décadas en la promoción inmobiliaria y gestión de suelos, la compañía dirigida por Liberto Campillo tiene ahora una pata importante en la gestión de activos. Dentro de la estrategia de diversificación, el mes pasado anunció su entrada en el mercado de las energías renovables con la adquisición del 50,01% de Contratas Leza, empresa que desarrolla proyectos para la generación de más de 2.600 megavatios.

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