Números rojos en tiempos de covid-19

Cuando comenzó el confinamiento en España, hace un año, el escenario de incertidumbre era total. Los datos de China y, en general, de Asia, llevaban al pesimismo y muchos anticipamos una crisis económica sin precedentes en nuestra historia, mucho más intensa que en 2008. Los pronósticos más pesimistas se cumplieron, con un desplome del PIB del 10%. Aplicando una elasticidad histórica de caída de ingresos públicos, las proyecciones de déficit público eran aún más negativas. Así elaboramos los economistas nuestras predicciones. Y nos equivocamos. La caída de ingresos públicos ha sido similar a la del PIB. En 2008 y 2009 los ingresos fiscales cayeron más del doble que el PIB.

¿Por qué? En 2008 y 2009 la demanda interna y las ventas de las empresas cayeron mucho más que el PIB, pero el hundimiento de las importaciones distorsionó el dato de PIB. Durante la burbuja, España era una economía adicta al crédito y al frenarse en seco por la crisis financiera internacional los efectos económicos fueron mucho más traumáticos. Pero la gran diferencia en esta ocasión ha sido la ambiciosa política de rentas del Gobierno.

El déficit ha aumentado en 77.000 millones: 24.000 por caída de ingresos y 53.000 por aumento de gasto. A menudo escuchamos, incluso a economistas, que el Estado supone casi la mitad del PIB, pero esa gente sabe poco a nada de contabilidad pública y de economía real. De los 53.000 millones de gasto, 45.000 millones han estado relacionados con la pandemia y 20.000 millones, directamente con los ERTE. Esas rentas del Estado han llegado a las familias y se habrán traducido —o se traducirán— en consumo privado. Esto ayuda a explicar que la caída del empleo haya sido muy inferior respecto a la crisis anterior y que el impuesto de la renta haya aumentado su recaudación durante el pasado año. Esta extraordinaria política fiscal sería impensable si España estuviera fuera del euro y si el BCE no hubiera aprobado un programa de compras de deuda sin precedentes.

La pandemia continúa, las vacunas se retrasan en Europa y el Tribunal Constitucional alemán acaba de meter palos en las ruedas del plan de recuperación, que se retrasará unos meses más. El PIB de Europa y España volverá a caer en el primer trimestre. Por eso, sigue siendo necesaria la política fiscal y de rentas. El BCE mantiene sus compras, España sigue emitiendo deuda pública a tipos negativos y la Comisión Europea ha permitido no cumplir el Pacto de Estabilidad en 2021.

La clave será el déficit estructural después de la pandemia y la necesidad de alcanzar un superávit primario (sin contar con el pago de intereses), para reducir la deuda pública a partir de 2022. Para conseguirlo habrá que asumir cambios en el sistema público de pensiones, mejoras de eficiencia en nuestro sistema de salud pública para hacer frente al envejecimiento de nuestra población y una reforma fiscal integral que aumente nuestra recaudación sobre PIB dos o tres puntos por encima de los niveles de 2019. Veremos.