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Los bancos examinan los préstamos ICO para fijar qué empresas no son viables

Las entidades y Economía discrepan sobre la generosidad en las ayudas, que algunas fuentes sitúan en 20.000 millones

Fachada del Instituto de Crédito Oficial, en el paseo del Prado de Madrid en enero de 2020.
Fachada del Instituto de Crédito Oficial, en el paseo del Prado de Madrid en enero de 2020.Europa Press News (EL PAÍS)
Íñigo de Barrón

Entidades, Banco de España, Tesoro, patronales y la consultora Oliver Wyman analizan los créditos concedidos con aval del ICO para encontrar un marco estándar para cada tipo de empresa que establezca cuáles deben recibir ayuda directa y a cuáles se dejará caer. Las ayudas, que en principio solo irán destinadas a empresas con créditos ICO, van desde la prórroga de plazos, quitas en el crédito (falta cerrar el importe), inyección de dinero nuevo o la conversión de parte de la deuda avalada en préstamos participativos. A falta de un informe clave del Banco de España, algunas fuentes sitúan las ayudas en unos 20.000 millones.

Las reuniones entre el sector financiero, las patronales AEB y CECA, Economía (representado por el Tesoro), el supervisor y Oliver Wyman siguen adelante pese a las evidentes diferencias de criterio. Los ejecutivos financieros consultados coinciden en que el Ministerio de Asuntos Económicos quiere tener criterios objetivables para optimizar las ayudas y que sean moderadas.

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También intentará tener el plan listo antes del fin de febrero para enviarlo a la Dirección General de Competencia de la UE. Para este trabajo es clave la labor de Oliver Wyman, al que se le ha dado acceso a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). Sin ver los nombres concretos de empresas, pero sí los datos sobre su situación financiera según el tamaño y el tipo de actividad. Las entidades consultadas creen que el trabajo de Oliver Wyman es interesante porque se apoya en los modelos matemáticos depurados.

Desde los bancos creen que la ministra Nadia Calviño rechaza el modelo alemán —conocido como de “manguera”, es decir, repartir dinero con criterios amplios— porque considera que no es viable por el alto nivel de deuda pública de España. Fuentes del ministerio declinaron comentar la cuestión.

El informe clave del Banco de España

El sector financiero apunta que el Gobierno busca “tener un análisis objetivo que determine qué compañías son viables y optimizar la ayuda en función de la situación de cada una”. Según personas cercanas a la negociación, espera tener un informe del Banco de España que sitúe el problema económicamente.

Hasta ahora no es fácil poner números al volumen de ayudas porque los cálculos no están acabados. A 31 de enero de 2021, las líneas de avales de liquidez e inversión han financiado créditos por valor de 118.354 millones con avales de 89.924 millones, el 76% del total. Se han cerrado 977.574 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.

Analistas Financieros Internacionales (AFI), apoyándose en “el propio Banco de España, sobre la muestra de la Central de Balances”, estima que el porcentaje de empresas con presión financiera se habría incrementado desde un 13% en 2019 a un 40% en el caso de las pymes (30% para la gran empresa). “Y los niveles de insolvencia podrían alcanzar porcentajes cercanos al 20%”, añaden.

Estos cálculos llevarían a pensar que las ayudas directas estarán cercanas a los 20.000 millones, según varias de las grandes entidades consultadas, a falta de depurar más los datos. Solo el sector de la hostelería reclamó este martes 8.500 millones en ayudas.

En el sector financiero se considera que, entre los modelos de ayudas, la subvención condicionada a devolver parte del crédito es una buena y rápida fórmula. También se barajan quitas directas (se desconoce si el ICO asumiría solo el porcentaje avalado) o la conversión de la deuda en préstamos participativos, que se devuelven a un tipo de interés variable según los beneficios del prestatario.

El problema de analizar microempresas

Nadie oeculta la dificultad de la tarea, porque muchas empresas son muy pequeñas o autónomos. Eso impide aplicarles el rating estándar de solvencia. En su ausencia, se analiza si es correcto hacer un cálculo de la deuda de la empresa sobre el ebitda (ingresos menos gastos, excluyendo los gastos financieros como intereses, depreciaciones, impuestos y amortizaciones) o deuda sobre el volumen de ventas.

A partir de ahí, se deberá establecer qué empresas están en una situación demasiado apurada para recuperarse y cuáles necesitan las ayudas directas para volver a ser rentables y poder devolver las deudas. También se debe decidir cuánta deuda pueden soportar y cuánta ayuda deben recibir. El baremo que se elija aquí es una de las claves para la factura final.

Todos los consultados coinciden en que se debe evitar que las empresas queden mejor de lo que estaban en marzo de 2020. “No se va a mejorar su situación con dinero público, sino compensarles por un daño sufrido por una crisis de la que no son responsables”, indica un ejecutivo.

No hay tiempo que perder, dicen los analistas de AFI. “La agilización de los mecanismos de insolvencia es clave para evitar que las empresas se vean abocadas a la quiebra”, añaden. Y advierten de que esta crisis empresarial “puede ser superior a la financiera” de 2008 porque no está tan acotada sectorialmente.

Socorrer a las pymes o rescatar bancos

Los bancos y el supervisor (el Banco de España) creen que es mejor pasarse de generoso que quedarse corto en las ayudas directas. Apuntan que el alargamiento de la crisis ya ha llevado a que algunos deudores de créditos ICO sean morosos indudables, y seguirán creciendo entre la hostelería, los hoteles y el transporte.

Admiten que no se puede ayudar con dinero público a los que no tienen futuro, entre otras razones por los cambios estructurales que pueden implantarse en la sociedad, como el teletrabajo. Pero creen que si las empresas que podrían recuperarse cuando vuelva la normalidad se destruyen y los empleados van al paro, el Estado pagará la prestación de desempleo, recaudará menos y habrá consecuencias indirectas por el destrozo del tejido. Además, el Estado se juega 90.000 millones con los que ha avalado los créditos ICO que ya están concedidos, hasta el 31 de enero, si subiera la morosidad. Esta cantidad podría aumentar porque está abierto el plazo para solicitar préstamos ICO.

Pero este un razonamiento interesado. Si llega esa crisis, la morosidad bancaria se disparará, golpeando a los más bancos débiles. Aunque ahora el sector está más reforzado que en 2008, alguno podría tener problemas. Por eso, las ayudas directas podrían evitar lo que dijo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que el objetivo es evitar que la crisis sanitaria, que se ha convertido en económica termine siendo financiera. “Es mejor, incluso desde el punto de vista político, rescatar pymes y autónomos que bancos”, admite un ejecutivo del sector.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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