La tormenta eléctrica revuelve el patio político

Probablemente, lo que más atormentaba a Teresa Ribera cuando se anunció la ola de frío era que se repitiera el impacto en el mercado eléctrico que vivieron sus dos antecesores. Sus temores se confirmaron y el precio llegó a cotas históricas en el mercado mayorista, el pool donde se casan la oferta y la demanda de electricidad. Al regirse por un sistema marginalista (es decir, el precio que se paga por la última unidad subastada es el que se fija para toda la subasta) y al no haber ni viento ni sol y apenas intervenir la hidráulica (las energías más baratas) fueron la nuclear, el carbón y los ciclos combinados, que se alimentan de gas, las tecnologías que entraron sucesivamente. Encima, el gas se encareció más por la alta demanda de países asiáticos. Y, para remate, el precio del CO2 se ha triplicado hasta 35 euros la tonelada.

La combinación de factores produjo la tormenta perfecta que ha dado lugar a sonadas polémicas. Y se repite la historia. En diciembre de 2013, el precio del pool superó los 90 euros megavatio-hora (MWh) y el ministro del ramo, José Manuel Soria, anuló el sistema existente de subasta y pidió a la CNMC que abriera una investigación. En enero de 2017, su sucesor, Álvaro Nadal, también exigió la intervención del organismo regulador. Las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) fueron sancionadas, pero recurrieron y el asunto está empantanado en la Audiencia Nacional. Entonces la oposición acusó al Gobierno de Rajoy de incompetencia. Ahora, el PP, que ha tenido la oportunidad de vengarse, hasta ahora no ha sido muy beligerante, posiblemente porque tiene mucho que callar (subida de las tarifas en 2011, implantación de un impuesto a la generación del 7% en 2012, hachazo a la retribución de renovables que trajo una cascada de demandas...) y porque le basta con contemplar cómo los socios del PSOE en el Gobierno revuelven el patio.

En efecto, da la impresión de que Unidas Podemos estaba esperando un momento como este para armar el lío. La ministra Irene Montero ha reclamado abordar la reforma eléctrica pactada. Y algunos de sus dirigentes han pedido algo tan irrealizable como renacionalizar Endesa. Probablemente, en Roma los directivos de Enel (propietaria de la antigua empresa pública española) se habrán restregado los ojos: Endesa vale en Bolsa 24.000 millones.

Desde Moncloa se les ha recordado, además de negarse en redondo a renacionalizar Endesa, que se han aprobado una decena de medidas: el Plan de Energía y Clima, el de Descarbonización, el de Adaptación del Cambio Climático, un nuevo marco de subastas de renovables, un fondo de sostenibilidad que permitirá desligar las cargas de las renovables del recibo de la luz abaratándolo un 13%, un plan de hidrógeno verde, la prohibición de corte de suministro a hogares vulnerables...

Todo es fruto del calentamiento político. Ni ahora ni antes las acusaciones se sostienen y parecen desconocedoras del funcionamiento del sistema. El aumento de precios responde a circunstancias del mercado, como la ola de frío que no solo ha afectado a España, dándose el caso de que en el Reino Unido o Japón el precio del MWh ha superado los 700 euros. Además, el sistema es el mismo que había en abril, cuando el precio mayorista cayó hasta los 20 euros MWh, frente a los 47 de media del año anterior. En pleno confinamiento, la demanda se vino abajo y la mayor parte de la electricidad se generó con energías renovables. El abaratamiento no se convirtió en pasto de tertulias, ni de los grupos políticos y tampoco, todo hay que decirlo, la prensa se detuvo lo suficiente en analizarlo, quizá porque una noticia que no genera polémica es menos noticia.

Las polémicas, en todo caso, son buenas para plantear soluciones. La experiencia dice que tendrá un impacto reducido a lo largo del año porque los precios volverán a su cauce. No obstante, la vicepresidenta Ribera se ha esforzado estos días en advertir de la vulnerabilidad a la que se somete la economía cuando aparecen fenómenos como este y reconocer que el Gobierno debe adoptar medidas para aumentar la resistencia. Supone apostar por la transición digital y por la economía verde.

También ha apelado a “mecanismos colchón” para afrontar casos como este. Ha descartado establecer un precio fijo para algunas energías (hidráulica y nuclear) por su complejidad para encajar en el mercado marginalista que rige en la UE. Tampoco parece que tenga encaje una rebaja del IVA (21%); pero sí pueden prosperar medidas como un precio mínimo a medida que vaya avanzando la instalación de renovables que garantice cubrir los costes de la red (ahora cero euros) y definir un consumo mínimo vital.