El Gobierno aprueba la ley para aumentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las cotizadas

Elimina la obligatoriedad de informar trimestralmente de los resultados para evitar el cortoplacismo en la gestión

Las dudas empiezan con la propia convocatoria de las reuniones del órgano de administración de la empresa.
Las dudas empiezan con la propia convocatoria de las reuniones del órgano de administración de la empresa.Cabalar / EFE

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Fomento de la Implicación a largo plazo de los Accionistas en Sociedades Cotizadas, para su envío al Congreso, que regula por vez primera la figura de los asesores de voto de grandes inversores, denominados proxy advisor. Estos asesores deberán publicar obligatoriamente información sobre el código de conducta al que estén adheridos.

La trasposición de la normativa europea busca reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, por lo que permite premiar a los inversores estables, los que lleven más de dos años, con un doble voto.

Por otro lado, la norma aliviará las cargas de reportes informativos, al suprimir la obligación para las cotizadas de elaborar informes financieros trimestrales, en línea con la normativa vigente en otros países europeos y para evitar “incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones”.

Para mejorar el gobierno corporativo y fomentar la participación de los accionistas se permitirá conocer quiénes son los inversores últimos que puedan actuar a través de entidades intermediarias como puede ser un depositario de valores.

El proyecto de ley abrirá a las cotizadas la opción de reclamar así a entidades intermediarias como los custodios o, incluso, a gestoras a revelar la identidad de los inversores últimos en sus títulos. Con la identificación del inversor se pretende también incentivar su participación “activa” e “implicación” en la gestión de la sociedad, refirió Montero. Y al mismo tiempo la normativa obligará además a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su política de inversión en las empresas cotizadas.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la normativa busca mejorar el buen gobierno corporativo de las cotizadas, aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo, contribuir a “sostener el crecimiento económico”, la creación de empleo y crear valor para las propias compañías.

Por otro lado, la normativa regula también “en más detalle” la política retributiva de los miembros del Consejo de Administración, incrementará la transparencia en operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses.

Finalmente, se flexibilizan y agilizan los trámites para facilitar las ampliaciones de capital, ajustando los costes y garantizando la protección del accionista en general y del minoritario en particular. Esta modificación facilitará que las empresas puedan financiarse en los mercados de capitales de forma más eficiente.

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