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Portugal abre la puerta a los bufetes españoles

Los cuatro mayores despachos de abogados nacionales se hacen un hueco entre las firmas locales

Sede del despacho Gómez Acebo y Pombo en Lisboa.
Sede del despacho Gómez Acebo y Pombo en Lisboa.

Portugal vive un momento dulce. Cinco años después del fin de la intervención europea, el país crece (un 2,1% en 2018), sus cuentas públicas presumen de buena salud (el déficit previsto para este año es el 0,2%), y todo ello liderado por un Gobierno, el del socialista António Costa, que, en contra de la ortodoxia dominante durante la crisis, apostó desde 2015 por el fin de las políticas de austeridad.

Lo que muchos han definido como el “milagro portugués” también se ha sentido de forma notable en los resultados de los bufetes españoles con oficinas en el país. Según las cifras publicadas en las últimas semanas, los ingresos de las sedes lusas crecieron en 2018 muy por encima de la facturación global de las firmas. Es el caso de Garrigues, que experimentó un incremento en Portugal del 16%; o de Gómez-Acebo & Pombo, con un 39% más. Cuatrecasas y Uría Menéndez, con avances del 12% y del 6,9%, respectivamente, también recibieron buenas noticias del país vecino. Unos datos cosechados en un mercado legal pequeño pero maduro, dominado por tres grandes bufetes locales, PLMJ, Vieira de Almeida y MLGTS, y con escasa presencia de otros internacionales, apenas Linklaters, DLA Piper o CMS.

De forma autónoma, la presencia de Garrigues en Portugal arranca en 2005. “Llevamos tiempo aquí, no vinimos hace cuatro años”, asevera el socio responsable en el país, João Miranda de Sousa, enfatizando en la experiencia acumulada por el despacho. Garrigues cuenta con un centenar de abogados repartidos entre sus oficinas de Lisboa y Oporto. En opinión de Miranda de Sousa, los buenos datos del sector legal están directamente relacionados con el “círculo virtuoso” en el que se encuentra sumida la economía lusa. Y este se explica, entre otras razones, por el “estado de gracia” que vive el sector inmobiliario y por la confianza que ha sabido inspirar el país en los inversores. “Han sido años dolorosos y difíciles, con medidas muy drásticas, pero ese buen comportamiento está dando resultados”, explica.

Cuatrecasas tiene 140 letrados y su negocio vivió el año pasado el mayor crecimiento en una década

Antonio Villacampa, uno de los dos socios directores de Uría en Portugal, señala otros dos factores clave en el desarrollo económico: la apuesta decidida por el turismo (en los dos últimos años la llegada de visitantes se ha incrementado un 11%) y algunos “movimientos inteligentes” en política fiscal para atraer inversiones y fortunas extranjeras. Una herramienta es la golden visa, un permiso de residencia (que también da acceso a la Unión Europea) para los ciudadanos extracomunitarios que invierten en el país que también ofrece España. Con su aterrizaje en 2001, Uría Menéndez presume de ser el primer bufete extranjero autorizado para prestar servicios legales en el país vecino. A día de hoy, sus 113 abogados se reparten entre Lisboa y Oporto, aunque los planes de la firma están en concentrar su negocio en la oficina de la capital a finales de este año.

El de Cuatrecasas es un caso especial. Como subraya la socia y directora de su oficina lusa, Maria João Ricou, sería un error referirse a él como un despacho español en Portugal. “Somos una firma ibérica”. En 2003, el bufete se fusionó con el portugués Gonçalves Pereira, ya presente en Lisboa y Oporto. De hecho, hasta 2017, la marca aún combinaba los nombres de ambas organizaciones; ese año simplificó la denominación a Cuatrecasas. En la actualidad, la organización cuenta con 140 abogados en el país. Los datos de 2018 (un 12% más) son “el mayor incremento de facturación de la última década”, revela Ricou.

Gómez-Acebo y Pombo, por su parte, abrió despacho en la capital lusa en 2010 y, en la actualidad, suma 34 letrados. Un menor tamaño que contextualiza pero no desmerece el éxito cosechado el año pasado. En contra de quien vaticinó que el Ejecutivo de izquierdas ahuyentaría al dinero, Mafalda Barreto, socia directora en Lisboa, valora positivamente la seguridad jurídica que está ofreciendo el gabinete de Costa. “El Gobierno acierta al no revertir medidas que funcionan. No hay incertidumbre en el marco regulatorio y eso lo aprecian los inversores”, manifiesta.

Nuevos aterrizajes

Al calor del dinamismo económico, hay otras firmas españolas que se han sumado a la aventura portuguesa (otras han sondeado la posibilidad). En octubre de 2017, Ecija anunció su entrada en el país merced a la integración en su estructura del bufete local Antas da Cunha. Según explica su socio director, Alejandro Touriño, son sus propios clientes, al tratar el mercado ibérico como una unidad de negocio, quienes les empujaron a tomar esta decisión. “España y Portugal son realidades y jurisdicciones distintas, pero muchas empresas gestionan desde Madrid o Barcelona los asuntos lusos. Si también estamos presentes allí, no tienen que contratar dos despachos diferentes”, resume. En apenas año y medio, y con 50 abogados, los ingresos de Ecija en Lisboa se han multiplicado por tres.

Broseta, por su parte, ha sido el último en dar el salto. El despacho abrió su oficina el pasado mayo y, al cierre de 2018, había facturado ya más de 700.000 euros. El socio y coordinador con Portugal, Julio Veloso, vaticina un incremento de la inversión de las pequeñas y medianas empresas españolas en el país. No obstante, recomienda prudencia y respeto. “La legislación es parecida pero los usos y las formas son diferentes. Los españoles somos más directos y los portugueses más educados. Allí la línea recta no es siempre la mejor opción”. Una opinión que suscribe Maria João Ricou: “El mercado ibérico está cada vez más integrado, pero los temas legales de Portugal no pueden gestionarse desde España”.

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