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El Gobierno fija los criterios del coste del rescate de las autopistas quebradas

El acuerdo establece cómo valorar las expropiaciones, las obras de construcción o los bienes para determinar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)

La Radial-5, en Madrid.
La Radial-5, en Madrid.

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, tiene previsto aprobar el acuerdo de interpretación del método para calcular la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, la compensación económica que deben recibir las concesionarias privadas de las nueve autopistas de peaje que tuvieron que ser rescatadas por el Estado.

El cálculo de la RPA es parte del proceso de liquidación de los contratos concesionales, una vez resueltos, tras producirse la quiebra (concurso de acreedores) de las sociedades concesionarias.

En particular, las concesiones que se encuentran en esta situación y, por tanto, sobre las que se aplicará las determinaciones establecidas en este acuerdo son las de las radiales R-2 (Madrid-Guadalajara), R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Ocaña), R-5 (Madrid-Navalcarnero), M-12 (aeropuerto de Madrid), AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y Madrid-Toledo (AP-41).

Con el acuerdo aprobado se pretende concretar diversos aspectos en el cálculo de la RPA sobre la valoración de las obras de construcción y bienes inmuebles afectos a la explotación de las autopistas; los diferentes conceptos a incluir en la valoración de las expropiaciones de terrenos, así como la forma en que se tendrán en cuenta otras circunstancias especiales, como la existencia de convenios de aprovechamientos urbanísticos, o la minoración a realizar en los casos en los que ha sido el Ministerio de Fomento el que tuvo que hacer frente a los pagos por sentencia judicial.

También se determina el procedimiento de amortización de las obras y expropiaciones, así como el período que se considerará en el cálculo de la misma, y el tratamiento de los límites de la RPA en concepto de expropiaciones y obras, previstos en su momento en los pliegos y ofertas de los licitadores. También se fija el método de cálculo de los intereses de demora y la fecha desde cuándo serán de aplicación.

En cuanto a la garantía de construcción, el acuerdo recoge lo ya indicado en los acuerdos de resolución de los contratos, encontrándose esta cuestión actualmente pendiente de los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo.

Este expediente de interpretación se inició el 15 de noviembre de 2018, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 36.1 de la Ley de Autopistas, habiéndose concedido trámite de audiencia durante los meses de noviembre y diciembre a los interesados. Tras este periodo, y una vez analizadas las alegaciones recibidas, la propuesta de Acuerdo se sometió a informe de la Abogacía del Estado y se recabó dictamen del Consejo de Estado.

Coste de la RPA

Las estimaciones de la factura que costará la RPA a los contribuyentes son muy variadas. El Ministerio de Hacienda la cifró en 1.800 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 correspondientes al rescate de las autopistas de peaje.

Las cifras del rescate que maneja la patronal Seopan son sustancialmente superiores: la RPA ascendía a 4.032 millones de euros (inversión pendiente de amortizar), a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros y 1.000 millones por expropiaciones. Y, por último, en su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros.

Las nueve autopistas quebradas suponen una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones

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