La producción legislativa, motivo de debate

Recientemente se han publicado unos datos que han pasado desapercibidos y conviene tener en cuenta. Se trata de la producción normativa en España. Esos datos, recogidos en un informe elaborado por la CEOE basado en datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), indican que los dos últimos años han sido en los que menos normas se han aprobado desde 1970, con un total de 436 promulgadas en 2016 y 517, en 2017. La razón de esta baja actividad se encuentra en que en 2016 hubo un Gobierno en funciones y durante 2017 la falta de mayorías por la irrupción de nuevas fuerzas en el Parlamento se han reflejado en esa baja producción normativa.

La patronal aprovecha esta circunstancia para enfatizar la dificultad que supone para el desarrollo de la actividad empresarial la existencia de tantas normativas: “El entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto y disperso nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas”. “Esta situación impacta sobre nuestra capacidad de crecimiento, pues erosiona la competitividad de las empresas, que se ven obligadas a destinar recursos y esfuerzos a cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada”, arrecia en la crítica.

En ese sentido, la patronal destaca que la iniciativa del Plan Anual Normativo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de diciembre para su aplicación en 2018, va en la buena dirección “en la medida que establece una programación para la aprobación de las nuevas normas y su evaluación posterior, mejorando la previsibilidad para los agentes afectados, reduciendo la improvisación y las sorpresas normativas, y contribuyendo a mejorar la transparencia, la coherencia y la racionalidad”. Sin embargo, añade, “habrá que esperar a que finalice el año para conocer la utilidad y fiabilidad del plan, en función del grado de cumplimiento en la aprobación de las normas previstas comparándolas con las finalmente promulgadas”.

Según los empresarios, “la agenda en materia normativa debería estar centrada en mejorar la eficiencia y la estabilidad del marco legislativo, reduciendo su complejidad, limitando la producción de normas y garantizando una cierta estabilidad en el ordenamiento jurídico”. De igual modo, propone que “deben promulgarse normas claras, simples y en un número reducido con el fin de evitar ulteriores interpretaciones, así como trasponer la normativa europea sin introducir requisitos o cargas administrativas adicionales, y adoptar un sistema de coordinación legislativa entre las Administraciones Públicas. Si España quiere convertirse en polo de competitividad en la economía globalizada, ha de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y ciudadanos”, concluye el informe patronal.

Un repaso a la serie histórica refleja que el primer año de la actual legislatura (la XII, iniciada el 17 de noviembre de 2016) ha sido en el que menos normas se han aprobado desde la instauración de la democracia. El año 2017, donde solo se aprobó una ley orgánica, fue el primero desde 1993, en el que se promulgaron tan pocas leyes orgánicas. Sin ir muy lejos, en 2015, se aprobaron 16. Durante los últimos 47 años, España ha aprobado 41.883 normas.

Según el citado plan, este año se aprobarán nueve leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 240 reales decretos. En total, 287 normas, de las que 44 derivan de la transposición de directivas europeas. Es decir, esas 287 normas (leyes orgánicas, leyes y reales decretos) suponen un aumento del 55,1% sobre las 185 del año pasado. No se incluyen las órdenes, los reales decretos legislativos ni los reales decretos-ley. Tampoco se incluyen las normas autonómicas.

La producción normativa en las comunidades autónomas ha mantenido una tendencia menos errática. En 2017 aumentaron un 3,3% cuando en 2016 habían caído un 19,4%; pero no se alejan tanto en términos absolutos a las normas aprobadas en años anteriores: en 2013 fueron 238 y en 2014, el número fue de 234, es decir por debajo de 2016 (245) y 2017 (253), lo que demuestra que la actividad cobró más dinamismo en año de elecciones autonómicas y municipales como 2015 (304 normas). En el marco de la UE, el número de actos legislativos aprobados en 2017 ascendió a 1.920. El pasado año fue el cuarto curso consecutivo en el que se redujo la aprobación de normativas.