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La larga contienda de Empleo con los agentes sociales por la formación

Sindicatos y CEOE rechazan la gestión de Báñez de los fondos para formar trabajadores y exigen más participación

Desde la izquierda: el anterior líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, el actual, Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez
Desde la izquierda: el anterior líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, el actual, Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez

El enfado en CEOE era monumental. “Se entiende como una ruptura unilateral de la negociación por parte del Gobierno”, decía el pasado lunes el comunicado de la patronal cuando supo que el Consejo de Ministros aprobó el reglamento de la ley que reformó el sistema de formación en 2015. Ha sido el último capítulo de lo que el Ministerio de Empleo considera “la guerra más dura”, según expresión de uno de sus más altos cargos, librada en el departamento desde 2012. “La guerra” se libra por dilucidar quién decide cómo y en qué se gastan los 2.000 millones de euros que se recaudan al año para formar a trabajadores con el pago de una cuota del 0,7% sobre la base de cotización.

En estos cinco años, las hostilidades se han desarrollado en varios frentes: en la reforma de 2015, que se hizo sin pacto con los agentes sociales pero con el respaldo del 92% del Congreso; en reclamaciones de patronales y de CC OO en la Defensora del Pueblo para saber dónde se ha gastado el dinero que ha sobrado; en las demandas ante la Audiencia Nacional por la convocatoria de cursos de 2014 y 2016; reclamaciones de fondos por la ejecución de los planes formativos de 2011. Y, mientras tanto, alrededor la batalla, siempre sobrevuelan los habituales casos de fraude.

Abiertamente los responsables del Ministerio no los mencionan, pero con la condición del anónimato ese punto aparece. Juan Carlos Tejeda y Francisco Moreno, técnicos de CEOE y CC OO, respectivamente, rechazan que haya sido un mecanismo de financiación irregular. Pero sí aceptan que “haber tenido [en el pasado] una gran dependencia”, según Moreno, de esos fondos.

Es pasado porque en 2012 la reforma laboral introdujo la libre concurrencia en la formación para ocupados. Esto quedó sancionado en la reforma de 2015. A esta, Moreno le critica que solo se dirigió a “un 10% o un 15% del sistema de formación”. “El que gestionábamos nosotros”, precisa.

La larga contienda de Empleo con los agentes sociales por la formación

Esa ley les sacó de la impartición directa de cursos, pero no de la indirecta. Sus centros de formación pueden seguir optando. Entidades vinculadas a UGT han logrado planes por más de ocho millones en la última convocatoria. También lo han conseguido otras vinculadas a CC OO, por mucho menos dinero. Antes lo logró CEOE. “En libre concurrencia y sin ser juez y parte”, defiende Sebastián Pacheco, responsable de formación de UGT.

La reacción de esta central la semana pasada contra Empleo también fue dura. Habló de “burla”. Pacheco argumenta que los agentes sociales tenían un pacto con cinco puntos que no pudieron negociar. Su versión coincide con la de CC OO y CEOE. Todos hablan de dos reuniones en los últimos meses, en Ministerio, en cambio, apunta que han sido siete desde que la norma vio la luz.

“Que gobiernen el sistema, que participen. Hemos creado mecanismos para eso, pueden decidir qué formación, pero no la van a impartir. Y tampoco van a decidir quien la imparte”, disparan en Empleo. “Ahora vamos a implantarlo. Si algo no funciona, lo cambiaremos. No toca legislar”.

Pero sindicatos y empresarios quieren volver a cambiar la ley y ya lo están hablando con grupos políticos. CEOE, que esta semana no ha tenido unánime, ha elaborado un libro blanco de formación en el que viene a enmendar toda la ley porque en la descripción que hace Tejeda deja ver que se sienten una comparsa: “Se han cargado el sistema. No podemos gobernar el sistema porque nos han dejado en minoría en la fundación [en la antigua Fundación Tripartita el Gobierno tiene el 51% de votos]. Las comisiones paritarias no deciden”.

Otro punto que les enoja es el destino del dinero no gastado. Sospechan que lo no invertido ha ido a otros destinos, algo que vino a confirmar Empleo a la Defensora del Pueblo, pese a que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que no puede hacerse. La nueva ley recoge adjudicar las partidas no gastadas un año en el presupuesto de los siguientes ejercicios. Esto pasó en 2016, Empleo lo recalca. “Se limita solo a una parte”, critica Moreno, de CC OO. Por su parte, CEOE calcula que entre 2014 y 2016 hay 1.018 millones no gastados.

En este clima, ya se ve la siguiente batalla: un recurso en los tribunales por el decreto publicado el miércoles en el BOE. En la reunión de hoy podrán acercar posturas. No será fácil. Como dice Tejeda: “Se ha roto la confianza. De ellos hacia nosotros, y de nosotros hacia ellos”. Aunque la rotura aún no parece definitiva: el último pago por los cursos de 2014, algo pendiente que ha provocado otro enfado en la patronal, va a ver pronto la luz.

Malestar en comunidades socialistas

El reglamento aprobado el lunes no gustó en varias comunidades autónomas, básicamente las gobernadas por el PSOE o partidos nacionalistas. “No ha habido espacio para la negociación en una ley aprobada en septiembre de 2015”, lamenta Enric Nomdedeu, secretario de Empleo de la Generalitat Valenciana, procedente de Compromís. Es el único de los responsables autonómicos que habla en público.

Hay otras autonomías disgustadas. Se quejan de que el decreto del lunes entra en sus competencias; también de que apenas les deja margen de actuación y de que, probablemente, va a retrasar todas las convocatorias que tenían que sacar este año, por lo que será difícil llegar a tiempo para hacer formación este año. Otras, interesadas en que los centros públicos (institutos de FP y Universidades) se hagan cargo de formación, lamentan que queda poco espacio para eso ahora.