Dos Santos acusa a Portugal de ser parcial con la norma aprobada por BPI

Un día después de oficializarse la opa de Caixabank sobre el banco portugués BPI, Santoro, la sociedad de la angoleña Isabel Dos Santos, propietaria del 18% del BPI, ha emitido un comunicado para dar su parecer y en el que arremete contra todos. Dos Santos carga especialmente contra el Ejecutivo portugués. Acusa al Gobierno portugués de favorecer a CaixaBank al aprobar una ley sobre desbloqueo de los derechos de voto en bancos que cotizan, contrariando "el constructivo proceso del Gobierno en la fase de conciliación del proceso".

La sociedad Santoro dice que el ejecutivo de António Costa tomó "una medida históricamente sin precedentes y declaradamente parcial con la aprobación de un decreto ley identificado como la norma del BPI, que favorece a una de las partes, en el momento en que estas se encontraban en pleno proceso negociador".

Lo cierto es que el Gobierno solo difundió el cambio legislativo —preparado desde febrero— cuando se rompió el acuerdo entre Santoro y CaixaBank alcanzado hace siete días. Y la entidad española puso como condición para la opa que lanzó ayer que se eliminara el límite de votos en BPI, que le impide tener más del 20% de los derechos de voto, pese a ser propietaria del 44% de las acciones. Aún así, la aplicación de ese decreto ley de Portugal no llegará hasta julio, lo que sigue dando da margen para un acuerdo amistoso, incluso para que, en ese caso, el Gobierno lo anule.

La sociedad de Dos Santos asegura que el acuerdo con CaixaBank (que se anunció el 10 de abril pero el 17 de abril se rompió) nunca llegó a cerrarse por diferencias en la operación sobre el Banco de Fomento Angolano, donde el BPI tiene el 50,1% y Dos Santos, a través de la telefónica Unitel, el 49,9%. En otro comunicado, el BPI niega la versión de Santoro.

También reconoce Santoro, que otra dificultad de las negociaciones era la exportación de divisas desde Angola, ya que a raíz de la crisis el Gobierno limita la salida de divisas. "CaixaBank quiso imponer en los contratos", dice el comunicado, "esas autorizaciones del BNA como si fuese responsabilidad de Santoro, al mismo tiempo que pretendía incluir cláusulas relacionadas con el pago de las acciones del BFA que serían vendidas".

Efectivamente, no es lo mismo el BNA que Santoro; pero la familia Dos Santos gobierna desde hace más de 30 años el país con mano de hierro; el padre Eduardo dirige el Gobierno y sus hijos se ocupan de diversos negocios paraestatales. La hija primogénita, Isabel, dirige el negocio financiero; es la segunda mujer más rica de África y lleva empresas de banca, petróleo y las comunicaciones a través de más de 45 sociedades. Ahora uno de sus hermanos ha salido en los papeles de Panamá por utilizar el Fondo Soberano de Angola para el blanqueo de 5.000 millones de euros.

Santoro afea a Caixabank que exigiera en la firma del contrato, "cosas ajenas a la operación", como el pago inmediato de los dividendos de 2014 y 2015 por los beneficios del BFA, donde BPI tienen el 50,1%. También dice Santoro que CaixaBank exigía garantías para la exportación de divisas desde Angola a Europa, "en cientos de millones de euros". El impago de dividendos ya es una práctica habitual de la empresarian angoleña, pues tampoco paga desde 2014 a la operadora portuguesa PT, luego OI, por los dividendos de su participación en Unitel.

También señala la representación angoleña que se hicieron cargo de las pérdidas de BPN, evitando otro desastre de la banca portuguesa, con la creación del banco BIC, cuyo nuevo consejero delegado no ha sido aprobado por el Banco de Portugal al estar implicado en iniciativas judiciales sobre blanqueo de dinero. BIC compró BPN por 40 millones de euros, después de que asumiera las deudas el Estado portugués.