Opa española a la empresa australiana más polémica

La española Ferrovial trata, por segunda vez, de hacerse con la empresa australiana Broadspectrum, antes conocida como Transfield. Tras el fracaso de sus negociaciones el año pasado para llegar a un acuerdo amistoso, ha lanzado un opa para comprar el 100% de sus acciones por 490 millones de euros. La compañía australiana que insiste en comprar es probablemente la más polémica del país. Hasta un 80% de sus ingresos dependen de sus contratos con el Gobierno australiano para la gestión de los centros de detención de refugiados y demandantes de asilo que Australia tiene en las remotas islas del Pacífico de Manus (Papúa Nueva Guinea) y Nauru.

Australia es el único país del mundo que detiene fuera de su territorio y de forma indefinida a quienes intentan alcanzar sus costas en barco. El sistema ha cosechado la condena de Naciones Unidas y buena parte de la comunidad internacional. Broadspectrum no admite el acceso de los medios de comunicación y del personal humanitario a sus recintos, pero varios informes avisan de violaciones de los derechos humanos en estos campos de detención, y critican las condiciones en las que viven refugiados y demandantes de asilo.

Cambio de nombre

En septiembre, Trasnfield cambió su nombre a Broadspectrum, en lo que parece un intento para mejorar su imagen unida a los campos de refugiados. Sin embargo, la iniciativa no frenó la caída de las acciones: se ha reducido un 43% desde principios de año, aunque remontó el lunes tras conocerse la oferta de Ferrovial.

A lo largo de los últimos meses, una serie de campañas han conseguido que varias instituciones desinvirtieran su participación en Transfield/Broadspectrum. Una de las más comentadas fue la del fondo de pensiones privado Hesta, que maneja 21.200 millones de euros (32.000 millones de dólares australianos) y poseía un 3,2% de las acciones de la compañía. Poco después, otros tres fondos vendían su participación en Transfield. El director ejecutivo de uno de ellos, NGS Super, Anthony Rodwell-Ball, contó que tomó la decisión por razones “morales y financieras”.

La caída de precios del combustible y otras materias primas unida a la mala prensa que generan los centros de detención le han pasado factura a la australiana. La división de defensa presentó beneficios en el último ejercicio, pero las áreas de infraestructuras, recursos, industria y las filiales de la empresa en América presentaron pérdidas.