Los accidentes laborales mortales se reducen a un tercio en 20 años

Los accidentes mortales en el ámbito laboral se han reducido a un tercio en los últimos 20 años, el periodo transcurrido desde la aprobación de la ley de prevención de riesgos laborales, que ayer cumplió dos décadas. Pese a que el balance general es positivo, los accidentes de trabajo han repuntado el último año coincidiendo con una mayor actividad económica y, en España, cada día fallecen dos personas a causa de un siniestro.

En concreto, los datos recogido por un informe de UGT publicado con motivo del aniversario de la ley de prevención, indican que el índice de incidencia de los accidentes laborales mortales, es decir, el número de muertos por cada 100.000 trabajadores, se ha reducido un 66,3% entre 1995 y 2014. En concreto, en el año 1995 el número de fallecidos en accidente laboral por cada 100.000 ocupados era de 10,1 casos, mientras que en 2014 se sitúan este índice en 3,4.

La incidencia de estos accidentes se ha venido reduciendo de forma gradual desde 1995, con la excepción de los años 1997 y 2002, en los que se registró un cierto repunte. No obstante, en el año 2013 este dato se mantuvo estable y en el pasado año subió una décima. El estudio de UGT muestra un repunte de los accidentes mortales en lo que va de 2015, con un incremento interanual en términos absolutos del 4% hasta agosto.

La mitad de bajas

En su informe el sindicato concluye que “aún existe penosidad en muchas tareas y los riesgos tradicionales siguen siendo muy numerosos, sin manifestar signos de mejora” pero, además, las exigencias de carácter mental como son el nivel de atención, el ritmo de trabajo impuesto o los plazos a cumplir están aumentando entre los trabajadores.

En cuanto al conjunto de los accidentes laborales con baja, tanto si son leves, como graves o mortales, en 20 años el índice de incidencia se ha reducido a casi la mitad, pasando de 6.060 siniestros por cada 100.000 ocupados en 1995 a 3.111 en 2014.

En el conjunto de estas dos décadas, UGT hace una valoración “positiva” de la ley, ya que ha introducido cambios favorables tanto en la gestión de los riesgos como culturales entre los agentes implicados. En este sentido, destaca el “cambio de enfoque” en la regulación, que ha pasado de estar centrada en la reparación de los daños a enfocarse en la prevención.